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La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de Ética Pública

Durante la sesión de este martes, la Cámara de Senadores aprobó  el proyecto de ley de Ética Pública, que se debatió en comisiones desde octubre de 2016. La iniciativa de la senadora Daniela García (UCR) y los senadores Ernesto Mancinelli (Libres del Sur), Jorge Palero (UCR) y Raúl Ferrer (UCR) establece como punto principal que la declaración jurada ante la Fiscalía de Estado deberá realizarse dentro de los 60 días hábiles, desde la asunción de sus cargos, con actualizaciones anuales.

En mayo de 2016, la vicegobernadora, Laura Montero, presentó en la Legislatura los puntos centrales de la propuesta de ética pública acompañada por el ex titular de la AGN, Leandro Despouy, y los senadores provinciales responsables de la ley aprobada hoy en la Cámara alta.

La votación resultó en general con 33 votos afirmativos y 2 negativos. En particular se votó sin la presencia de los bloques del Frente para la Victoria y el FIT, la iniciativa ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados.

Las diferencias entre el bloque oficialista y opositor surgieron a partir de la redacción del artículo 26, que trata la designación del Auditor, que debe ser postulado por el Poder Ejecutivo y refrendado por acuerdo del Senado.  El FPV pretendía que dicha designación se realizara con las 2/3 de los miembros que componen el mismo; mientras que para el oficialismo esto debía darse con el acuerdo del senado tal como se estila para cualquier designación. Este fue el motivo de disidencia entre el  FPV  y Cambia Mendoza, tras lo cual los  opositores se retiraron del recinto.

Por otro lado, otro de los puntos importantes a tener en cuenta con relación a Ética Pública son que: los bienes inmuebles y muebles registrables en conjunto, los títulos y acciones, sociedades y explotaciones unipersonales, a los que deben agregarse los saldos de las cuentas bancarias, el dinero en efectivo y los ingresos anuales, más la identificación de los cargos ocupados y la participación en cuerpos colegiados.

Según los principios generales de la OEA todo funcionario público debe realizar su ejercicio con honestidad, responsabilidad, transparencia, justicia, igualdad y demás valores que hacen a la dignidad del cargo que representa. Es decir, debe actuar con honradez y coherencia, no olvidando que es un representante del pueblo y a su vez un empleado del mismo.

Debate
Daniela García (UCR) subrayó que para la redacción del proyecto se tomaron, entre otras, bases establecidas por organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y también algunos principios de la Ley Nacional contra la Corrupción. Uno de los puntos que se establece es un método comparable de valuación de los bienes de los funcionarios, con el fin de que haya “transparencia” y “acercamiento al ciudadano”.

Por su parte, Marcelo Rubio (UCR) detalló el trabajo que se ha realizado en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales en cuanto a esta propuesta, agradeció además los aportes desarrollados por la oposición para esta iniciativa.

Ernesto Mancinelli (Libres del Sur) manifestó su gratitud por el tratamiento de este proyecto de ley, en tanto Jorge Palero (UCR) dijo que la iniciativa contó con un gran respaldo de la Vicegobernadora que luchó para que la propuesta se pudiera realizar. “El pueblo de la Nación tiene la obligación de que sus funcionarios sean transparentes, el camino correcto es construir una ciudad más clara”, dijo.

Noelia Barbeito (FIT) criticó la ley que se votó en la fecha de hoy en el Senado. “Debería ser este proyecto para todos los poderes del Estado, pero no para meterse en los sindicatos que son organizaciones de trabajo. Son los propios trabajadores los que tienen que exigir cuentas con sus directivos. Ya se crearon organismos de control en nuestra provincia que han fracasado”, reflexionó.

Gustavo Arenas (FPV-PJ) explicó que ha avalado su postura desde que era diputado, cuando colocó en su página de Internet la documentación respaldatoria de su patrimonio como una manera de brindarle un gesto político a la sociedad, mientras ya se discutía la necesidad de contar con una ley de ética pública.

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