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“Si hubo fraude, que no lo hay, el perjuicio económico lo habría autorizado el propio gobernador Rodríguez Saá”

Fueron parte de las afirmaciones que hizo Pablo Lanusse, uno de los asesores legales del ex Gobernador y actual Diputano Nacional Claudio Poggi, que lleva adelante su defensa en una causa iniciada en la Justicia provincial por “Estafa a los bienes del Estado provincial y violación de los derechos de funcionario público”.

“En noviembre del año pasado solicitamos dos decretos el 928 del año 1995 y el  375 del año 1996 firmados por el entonces gobernador Adolfo Rodríguez Saá y dieciséis escrituras vinculas a viviendas sociales de programas sociales”, y en  esas escrituras enviadas desde el Registro de la Propiedad Inmueble consta que efectivamente en la gestión de Adolfo Rodríguez Saá actuaron profesionales que se desempeñaban en el ámbito privado.

Lanusse explicó que a Poggi se lo acusa de no haber de no haber dado intervención a la Escribanía General de Gobierno en la escrituración de viviendas, “Ya vemos que la anterior administración hizo lo mismo y lo hizo bien, no es que estemos diciendo que el señor Adolfo Rodríguez Saá cometió delito como ahora lo acusan a Poggi, ambos hicieron lo que la ley permite, es decir, ninguno de los dos cometió delito”.

“Si hubo fraude, que no lo hay, el perjuicio económico lo habría autorizado el propio gobernador Rodríguez Saá. Con esto quiero demostrar una vez más el absurdo y la ausencia de verdad que hay detrás de la denuncia contra Poggi y por ende para nosotros constituye una clara persecución política con fines de proscripción” indicó el letrado.

“Si lo hacen con quien fue gobernador, quien hoy es diputado nacional, nos tenemos que preguntar qué pueden hacer respecto de cualquier ciudadano de San Luis desde una estructura de poder tan manifiestamente arbitraria” concluyó Lanusse.

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