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A pesar de la nueva ley de alquileres en CABA, Mendoza continúa rezagada

Al respecto, Mario Vadillo abogado de Protectora en Mendoza indicó: “Es necesario una modificación a la ley arancelaria en nuestra provincia”.

El candidato a diputado provincial señaló que el inquilino no solicita lo servicios del corredor o inmobiliaria por eso el pago de la comisión corresponde al propietario o comitente.
El pasado jueves y tras un largo debate, la Legislatura porteña aprobó una ley que fija en 4,5% el valor máximo de la comisión por el alquiler de un inmueble en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y establece que ese pago corresponde a los propietarios y no a los inquilinos como venía sucediendo. Pero desde el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Mendoza señalaron que esa modificación a la ley solo es efectiva en esa Ciudad y no se aplicará a otras provincias, por lo que los inquilinos en nuestra provincia deberán seguir pagando las comisiones de los alquileres.
Mario Vadillo, candidato a diputado provincial por el Partido Intransigente señaló que uno de sus proyectos para Mendoza es hacer “que la comisión del contrato de alquiler la pague el propietario y no el inquilino”, afirmó.
“Los legisladores debemos ser los oídos del pueblo, y por sobre todo ser los defensores de aquellos que menor representación tienen. Debemos evitar que los ciudadanos sean abusados en las contrataciones de sus alquileres para vivienda familiar. Las malas prácticas que se han desarrollado en el mercado inmobiliario, donde existe un abuso de la posición dominante en el mercado, han generado situaciones jurídicas abusivas, claro ejemplo es el cobro de la comisión inmobiliaria al inquilino, que fue encomendado por el propietario o locador”, precisó.
Para Vadillo “no hay ninguna razón ni argumento para pensar que el inquilino es un cliente de la inmobiliaria y como tal deba pagar una comisión”, ni menos aún pagar los gastos asociados a recabar los datos de informes comerciales o de garantías, que son del exclusivo interés del propietario.
Según explica, el abogado de la ONG Protectora, en el contrato de corretaje existe un acuerdo entre el corredor y el comitente, por el cual el primero se compromete a desplegar una serie de actividades o comportamientos mediante un conjunto de actos tendiente a buscar y acercar a las personas interesadas en la conclusión del contrato proyectado por el comitente, a cambio de una contraprestación en dinero. La actividad puede considerarse exitosa si las partes contactadas aceptan y realizan el negocio propuesto, en cuyo caso nace el derecho de cobrar comisión por parte del corredor.
La posición de Protectora es que “ante la existencia de una práctica comercial que ha desvirtuado el contrato de corretaje inmobiliario en las locaciones de inmuebles con destino habitacional en la Provincia de Mendoza, dado que se termina cobrando al inquilino, que no solicitó los servicios de la inmobiliaria y/o corredor unipersonal, el pago de la comisión y/o honorarios, obteniendo el propietario, locador o comitente, la gratuidad de un servicio encomendado para su comodidad y eficiencia, es menester la modificación de la ley arancelaria local N° 3.043”
“Cuando el propietario o comitente encarga la locación de una propiedad inmueble, a los efectos que sea el Corredor Inmobiliario unipersonal o una inmobiliaria el que despliegue su actividad comercial, entre los cuales se encuentran la de publicar avisos, sacar fotos al inmueble o filmarlo, ofrecerlo a su cartera de clientes, mostrar el mismo, realizar todos los trámites necesarios para que se firme el contrato de locación, la obligación del pago del arancel es unilateral y a cargo del comitente”, afirma Vadillo, quien agregó que la comisión inmobiliaria a su vez no puede superar el 4,15% del valor del contrato.

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