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Ante la media sanción de adhesión de Mendoza a la Ley sobre riesgos de trabajo

La Cámara de Senadores de la Provincia dio medio sanción a la adhesión de la Provincia a la Ley 27348 sobre Riesgos del Trabajo. Resta el tratamiento del texto en la Cámara de Diputados. Una vez más el Ejecutivo Provincial impuso la mayoría automática que hoy tiene, para aprobar una norma sin ningún tipo de consenso, sin discusión sincera alguna con aquellos que van a sufrir las consecuencias de una norma como ésta.

Pero para entender de que estamos hablando debemos remontarnos al 24 de Febrero de 2017, fecha en la que el Ejecutivo Nacional publicó en el Boletín Oficial la Ley Nº 27.348, que Dispone que la actuación de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales creadas por el art. 51 de la Ley 24.241 y sus modificatorias, constituirá la Instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención, para que el trabajador afectado, contando con el debido patrocinio letrado, solicite la determinación del carácter profesional de su enfermedad o contingencia, la determinación de su incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo.

Con esta norma se desoye todo el andamiaje jurídico Nacional e Internacional, al que la Nación ha adherido. Como bien dice el Dr. Mario Ackerman, el sistema diseñado por la ley nacional es malo y merece todo tipo de críticas. Desde que se sancionó la Ley de Riesgo de Trabajo en 1995 y entró en vigencia un año más tarde, se insiste en la idea de evitar la Justicia del Trabajo o, como ahora, anteponer un procedimiento administrativo ante un organismo de la Nación integrado por médicos. Como si acceder a la Justicia fuera una mala palabra o algo negativo.

Si en lugar de hacer todo este lío descomunal de las comisiones médicas, dejamos que cada provincia haga lo que tiene que hacer, que cada una controle los pagos, eliminamos esta cosa absurda y artificial de las comisiones médicas que además suponen un gasto monumental. No es un tema menor, que los médicos de esas comisiones médicas no tienen estabilidad en el empleo, suma un disparate adicional. Lo que armaron desde la Ley de Riesgo de Trabajo es un tribunal administrativo integrado por médicos que, aunque los seleccionen por concurso, no tiene estabilidad en el empleo. Esto parece poco razonable. Pero lo más civilizado y lo más razonable y compatible con nuestro sistema jurídico y la autonomía de las provincias es eliminar las comisiones médicas, que el crédito se trate como cualquier crédito laboral y que para homologarlo, ya sea administrativa o judicialmente, cada provincia decida cómo controla que la incapacidad que fijó la ART es correcta o no.

En el orden Provincial y en relación a la media sanción de que la Ley de Adhesión obtuvo en Senadores, debemos decir que la lisa y llana adhesión de la Provincia de Mendoza a la Ley 27.348 constituirá una encubierta y por ende nula reforma constitucional ya que se delegará en un Órgano Inferior del P.E.N. la soberanía judicial en materia de contingencias del trabajo y también atribuciones constitucionales propias reservadas por la Provincia en materia de Legislación Procesal lo cual revela una cuestión de peligro institucional (sancionado por el Art. 29 de la C.N.), pero además se le cercenará a los trabajadores siniestrados y sus derecho-habientes derechos Constitucionales y Derechos Humanos fundamentales impidiéndoseles el libre y directo acceso al Juez Natural en trasgresión del principio de igualdad y en manifiesta discriminación de clase social con agravantes adicionales como son exigir el tránsito previo obligatorio y excluyente por reclamos integrales de daños y perjuicios fundados en el C.C.C.N y en otros sistemas de responsabilidades; violándose derechos supralegales de protección de discapacitados, menores, pacientes, víctimas de daños psicológicos y morales; la Ley de Salud Mental; la Ley de Defensa del Consumidor; la Ley del Diabético; la Ley de Protección Integral a las Mujeres (art. 28 Ley 26.485); los daños causados por violencia institucional, violencia laboral, violencia contra la libertad reproductiva, violencia obstétrica, violencia mediática; violación a los derechos a la privacidad, intimidad y seguridad de las personas entre otros.

Una vez más el Poder Ejecutivo Provincial nos muestra la incapacidad que tiene de generar políticas públicas con el consenso de aquellos que deberán sufrir las consecuencias de su mala política. Una vez deja patente que es incapaz de discutir con altura una norma, intentando al menos lograr un proyecto consensuado que sea superador y que defienda los derechos de los trabajadores de Mendoza, demostrando que solo es una escribanía donde se firma aquello que quiere el gobierno nacional, aún cuando lo aprobado sea absolutamente insconstitucional y contrario a los derechos elementales que tienen en este caso los Trabajadores de Mendoza.

Oscar Arancibia
Delegado Regional Adjunto
CGT – Mendoza

Luis Márquez
Delegado Regional
CGT – Mendoza

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