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Justicia: Lo dicho, lo hecho y lo que hay por hacer

En ambas Cámaras de la Legislatura de Mendoza se trabajó con leyes clave para el futuro de los mendocinos. En estos dos años de gestión del gobernador Alfredo Cornejo, los legisladores salientes -junto a quienes seguiremos trabajando- tuvieron en sus bancas el desafío de avanzar hacia una provincia distinta, con un Estado presente y, sobre todo, que necesitaba atender las urgencias de sus habitantes.

Es por ello que desde fines de 2015 el Poder Ejecutivo se comprometió a enviar propuestas que merecieron un debate intenso, diálogo irrestricto, consensos y disensos entre todas las partes.

Si bien cada proyecto de ley, declaración o resolución se transforma en necesaria e importante, podemos decir que en estos dos años hubo temas prioritarios que suscitaron la atención de los medios y la opinión pública. Se trata de aquellas reformas estructurales de la Justicia.

Tras años de arduo trabajo, a fines de agosto del año pasado, tuvo sanción definitiva en la Cámara de Diputados el proyecto que instituye un nuevo Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de la Provincia. La reforma logró instalar la oralidad en los procesos civiles, a través del sistema de audiencias, lo que conlleva una importante reducción de tiempos en la resolución de las causas. Además, el sistema garantiza que el juez conozca a los litigantes y el pleito de manera personal.

Además, esta reforma necesaria para agilizar los procesos judiciales busca la incorporación en el Código de todas las herramientas tecnológicas a los efectos de practicar notificaciones o diligencias.

El proyecto enviado por el gobernador tiene como puntos centrales la incorporación de un proceso particular que defienda los derechos de los consumidores y la adaptación general al Código Civil y Comercial de la Nación, a la legislación procesal de Mendoza.

Párrafo aparte merecen las reformas en el Código Procesal Penal. La ley 8937 dispuso la entrada en vigencia de la ley 6730 en la Segunda y Cuarta Circunscripción Judicial, esto significó la unificación del código procesal en toda la provincia. En pocas palabras, una reforma que permite su aplicación en todo el territorio, algo que no ocurría desde la sanción general de la 6730 en 1999.

Una de las modificaciones que generó acalorados debates en el recinto, pero a su vez logró que la ciudadanía dejara sus dudas, inquietudes y cuestionamientos fue la modificación respecto al Código Procesal Penal respecto de la “prisión preventiva”. Con esta medida, se dotó a Fiscales y Jueces de mayores herramientas procesales a los efectos de detener preventivamente a los delincuentes que cometieran delitos, que, aunque no tengan condenas firmes, sean “reiterantes”. Esta medida fue muy solicitada por la sociedad para terminar con la denominada “puerta giratoria”.

Dentro de estas reformas fundamentales del C.P.P, no podemos olvidar que se crearon fiscalías especializadas. Es decir, se otorgó nuevas reglas de competencia en la materia, por ejemplo: Unidad Fiscal de Violencia de Género; Unidad Fiscal de Homicidios; Unidad Fiscal de Robos Agravados, entre otras (Automotores, Delitos Económicos, etc.)

Acompañando estas reformas esenciales para el esclarecimiento de hechos delictivos que afectan a la sociedad en su conjunto, se destaca la creación de un Laboratorio de Genética Forense (modelo en el país) y el Registro de Huellas Genéticas. Entre sus funciones ayuda a identificar personas extraviadas, fallecidas, entre otras posibilidades.

A fines de noviembre de 2016, se amplió el número de Cámaras del Crimen, creándose la Octava Cámara del Crimen de la Primera Circunscripción Judicial, donde se implementa un nuevo sistema de turnos rotativos respecto de los recursos de las apelaciones en las cuales entenderán las mismas Cámaras. Se busca agilizar los procesos; conferir a los jueces una mayor participación en las causas.

Hubo momentos de debates vehementes posturas encontradas en decisiones que como oficialismo creímos y creemos fundamentales para el mejor desarrollo de las personas. Impulsamos y logramos sacar adelante, gracias al trabajo legislativo la modificación del Régimen de Ejecución de la pena privativa de la libertad y promovimos la resocialización de los reclusos mediante la educación, capacitación y trabajo obligatorio. Además, tras esta modificación se le dio mayor participación a la víctima en el control, seguimiento y opinión respecto del acceso a beneficios en la ejecución penal de aquellos que hayan cometido delitos.

Acompañamos la idea de que los internos realicen algún tipo de trabajo obligatorio porque es la manera de inculcar la cultura del trabajo y esfuerzo, con el objetivo central de una mejor resocialización. Gran parte de la sociedad apoyó esta iniciativa como parte de un desafío que permita abrirles las puertas a todos por igual.

Otro de los desafíos que marcó a esta Legislatura, ha sido sin dudas la reforma del Ministerio Público Fiscal. Esto permitirá a futuro dar un salto cualitativo en la prestación del servicio que hoy brinda la Justicia a sus ciudadanos.

A través de la Ley 8928, se transformó y modificó parcialmente a Ley Orgánica del Ministerio Público. Esto posibilita dotar de mayor autonomía e independencia respecto de la Suprema Corte Suprema de Justicia. La independencia, entre otros aspectos, se logra gracias al presupuesto propio que se le asigna. En ese orden de ideas, se dividió el Ministerio Público Fiscal del Ministerio Público de la Defensa, éste último también tiene asignada una partida propia.

En el ámbito del control y análisis del desempeño de funcionarios y magistrados, se trabajó junto a los diferentes bloques de las Cámaras la modificación de la Ley 4970 que dispone el “Jury de Enjuiciamiento”. La novedad en la aprobación de la Ley 8946 – que modifica la normativa anterior – es la posibilidad de aplicar sanciones intermedias a los Magistrados que incurran en algunas causales de enjuiciamiento previstas en esta ley.

Asimismo, otro de los cambios sustanciales dentro del Ministerio Público Fiscal es la aplicación de un proceso de evaluación de aspirantes para cubrir cargos dentro de la Magistratura. Se modificó el criterio a tener en cuenta, por ejemplo, dando mayor posibilidad a profesionales que no tengan antecedentes en cargos judiciales como forma de equipararlos en un plano de igualdad con los magistrados en función. Además, se toma un promedio de nota que surge de un examen oral y escrito.

Sin dudas, estas reformas no son un capricho del Gobernador que busca cambiar la burocracia judicial porque sí. Es un trabajo consensuado en la Casa de Leyes y, a su vez, una necesidad del ciudadano de tener una justicia que dé respuestas.

Es el primero paso. No será el último. Hay que trabajar mancomunadamente, nuestra sociedad necesita que los cambios se noten y en ese sentido seguiremos trabajando.

Este 1 de mayo asumirán sus cargos los nuevos diputados y senadores provinciales, que tendrán desafíos y necesitarán de su mayor perspicacia para resolver cuestiones pendientes que hacen al día a día de los ciudadanos. La Casa de las Leyes espera a nuevos protagonistas. Algunos de ellos forman parte de la renovación política. Otros traen su experiencia para sumar y lograr un trabajo, que seguramente, será en equipo y en pos del bienestar de los mendocinos.

Todo este trabajo aquí brevemente reseñado es un camino ya demarcado, que hay que prolongar: una autopista hacia una Mendoza moderna y en donde las cosas funcionen. Se trata no sólo de garantizar el acceso gratuito a la justicia a toda la sociedad, sino – tan o más importante – es garantizar la salida rápida y justa.

Marcelo Rubio, senador provincial Unión Cívica Radical en Cambia Mendoza. Presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales.

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