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La Corte pospuso hasta fin de año la audiencia por la denuncia contra el decreto que habilitó el fracking

Ayer martes se realizó una audiencia inicial en la que se trató este tema y la Corte Suprema de Mendoza resolvió posponer la audiencia de inconstitucionalidad hasta el 31 de octubre, plazo en que la ONG Oikos, deberá reunir las pruebas.

La Asociación Oikos Red Ambiental había interpuesto una acción de inconstitucionalidad e inconvencionalidad en contra del Decreto 248/2018 -que establece que el fracking es de muy bajo o escaso impacto ambiental- ante la Sala 1º de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

La Suprema Corte deberá entonces decir si es inconstitucional o no, el decreto de Cornejo que dio vía libre al fracking a principios de 2018. Mientras tanto, las empresas seguirán con la extracción como hasta ahora, beneficiadas por el plan del Ejecutivo con rebajas de regalías para que hagan estallar la roca.

La audiencia fue presidida por Julio Gómez, secundado por Pedro Llorente y Dalmiro Garay. Estos dos últimos de extracción radical (Garay fue funcionario de Cornejo), mientras que Gómez viene de las filas del PJ.
“Previo a la realización de la audiencia las partes tuvieron una instancia de diálogo en el cual no se logró llegar a un acuerdo”, señaló un escueto comunicado de la Suprema Corte difundido poco después del encuentro.

La audiencia se desarrolló a puertas cerradas, mientras en los pasillos y en las escalinatas de tribunales un grupo de manifestantes protestaron por el avance del fracking en Mendoza.