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La Corte decidió prorrogar la realización de audiencias remotas en Mendoza

El máximo tribunal de justicia de Mendoza decidió mantener las restricciones de ingreso al público en el Palacio de Justicia hasta el 22 de septiembre. Los profesionales deben solicitar turno de acuerdo a la terminación de su DNI.

Con el fin de acompañar las medidas establecidas por el Gobierno de Mendoza, La Suprema Corte de Justicia, a través de la acordada N° 29.622 dispuso prorrogar la realización de audiencias de manera remota para limitar la circulación de personas en el Palacio de Justicia hasta el día 22 de septiembre.

También estableció que los profesionales que necesiten realizar trámites en un juzgado deberán sacar turno por los medios establecidos teniendo en cuenta la terminación de su DNI para la elección del día.

Todas estas medidas se toman con el objeto de preservar la salud de quienes cumplen funciones en la justicia y de aquellos que concurren a los tribunales, teniendo en cuenta el incremento de casos positivos de Coronavirus en Mendoza.

Todas las medidas
Desde que inicio la pandemia de COVID-19, el Poder Judicial está aplicando medidas y políticas tendientes a normalizar el servicios de justicia resguardando la salud de los empleados, abogados y ciudadano que concurren a los edificios judiciales.

Es así que todos los empleados que están dentro del grupo de riesgo se encuentran realizando tareas desde su casa, sin tener que concurrir a las oficinas judiciales. A los que trabajan de forma presencial, se les hizo entrega de barbijos, mascarillas y alcohol en gel. Se colocó en todos los ingresos controles de temperatura de las personas que ingresa.

También se establecieron protocolos para cada uno de los fueros de la justicia de Mendoza para que puedan funcionar y realizar audiencias de forma remota, sin tener que ir a los edificios judiciales.

En cuanto a servicios, se habilitó la Mesa de Entrada de Escritos Digitales, se les recordó a los letrados y se dieron turnos para que puedan gestionar su firma digital, servicio que se presta hace más de 2 años.

Cabe destacar que ante la sospecha de un posible caso, es todas las jurisdicciones se declaró la inhabilidad y se suspendieron las actividades para poder desinfectar y realizar limpieza. Se hicieron seguimiento de los casos y se aisló al personal afectado.

Son más de $10.000.000 los que se han invertido hasta el momento en la compra de insumos y adaptación de infraestructura para poder normalizar el servicio de justicia en medio de la pandemia de COVID-19.