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El Gobierno de San Luis presentó una denuncia ante la Justicia Federal para que se ordene levantar los cortes de rutas

Las presentaciones se realizaron ante la justicia de Córdoba, Mendoza y La Pampa por los cortes en distintas rutas que impiden la libre circulación a la provincia de San Luis.

El planteo fue presentado por la Fiscalía de Estado de San Luis ante la Justicia Federal de Río Cuarto por los piquetes que impiden la circulación por las carreteras nacionales y por los delitos cometidos. El fiscal de la provincia Eduardo Allende también confirmó que realizó una denuncia de similares características en la Justicia Federal de Mendoza y que en el transcurso de la mañana presentará otra ante las autoridades de La Pampa.

La Fiscalía Federal de Río Cuarto, provincia de Córdoba, recibió este miércoles una denuncia penal contra quienes “resultaren autores, coautores, cómplices, encubridores y/o instigadores de los cortes que vinculan a las provincias de San Luis y Córdoba”, puntualmente registrados sobre las rutas nacional Nº 7 y sobre la provincial Nº 30 (próximos a los ingresos de Justo Daract y La Punilla, respectivamente), impidiendo la libre circulación de bienes y personas, obstaculizando el comercio terrestre y el transporte interprovincial e internacional, interrumpiendo totalmente el paso por esas vías.

El planteo fue presentado por el fiscal de Estado provincial, Eduardo Allende, considerando lo expuesto en el artículo 194 del Código Penal: “El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”, aludiendo a la situación dada en las últimas horas, “en que se alude al impedimento del normal funcionamiento de los transportes por tierra interjurisdiccionales, provocando un obstáculo insalvable para la libre circulación de bienes y personas, como así también para el comercio terrestre interprovincial e internacional”.

Puntualmente, lo solicitado se refiere a controlar la situación dada “en la ruta N° 30 de Córdoba y su continuación, Nº 1 de San Luis, que vinculan a las localidades de La Punilla en la provincia de San Luis y Achiras en la provincia de Córdoba, y posibilitar el transporte y comercio interprovincial, como así también el internacional, ya que dichas vías conectan con la ruta nacional N° 8 y el Corredor Bioceánico, constituido por la ruta nacional N° 7, que también se encuentra cortada en territorio cordobés, próximo a la provincia de San Luis. Asimismo, imposibilitan la salida y/o entrada de personas que debidamente autorizadas y cumpliendo los protocolos vigentes dictados en el marco de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 deben ingresar y/o egresar de la provincia para el cumplimiento de tareas y/o funciones esenciales, provocando de esa manera un grave perjuicio al interés general”.

“Esta actitud deliberada, premeditada e intencional tiene por clara finalidad provocar un caos social, infundiendo temor público en la población de la provincia de San Luis”, sostuvo el fiscal Allende, aludiendo a que “los denunciados harán un corte por tiempo indeterminado de modo de dejar aislada y desabastecida a la población, con el agravante del impedimento del traslado de las muestras de pacientes posiblemente enfermos, lo que constituye un evidente y gravísimo perjuicio para la salud pública”.

El texto completo de la denuncia:

SR. JUEZ FEDERAL
EDUARDO S. ALLENDE, Mat. C.S.J.N. T. 77 F. 998 , en mi carácter de Fiscal de Estado de la Provincia de San Luis designado por Decreto Nº 8-JGM-2019, con su propio patrocinio y con el de los Dres. WALDO ERIC ALMANZA, Mat. Fed. T. 78– F. 881, ANDRES ALEJANDRO HEREDIA, Mat. Fed. T. 82, Folio 945 y ROALD BARTOLOMÉ CATTANEO, Mat. Fed. T.78 F. 303, constituyendo domicilio legal en Ayacucho 945 (Edificio Administrativo) – 2º piso de la ciudad de San Luis y electrónico en: 20277909848, 20136751922 y 20203813954, ante V.S., comparezco y digo:
I.- OBJETO:
Que en mi carácter de representante legal de la Provincia de San Luis, en cumplimiento del mandato constitucional establecido en el art. 237, inc. 2 de nuestra Carta Magna Provincial, vengo por el presente a formular DENUNCIA PENAL en contra de todas aquellas personas que en definitiva resultaren autores, coautores, cómplices, encubridores y/o instigadores de los hechos que aquí se denuncian, conforme al grado de participación que corresponda, luego de la investigación que se llevare a cabo en los presentes.
II.- HECHOS. TIPIFICACIÓN.
Que conforme es de público conocimiento y ha trascendido por diversos medios de prensa, el día 30 de septiembre de 2020 en horas del medio día, un grupo de personas convocadas por las redes sociales por presuntos productores de la Provincia de Córdoba se constituyeron en territorio de aquella provincia, en las cercanías de los límites con la Provincia de San Luis, sobre la Ruta Nacional Nº 7 y sobre la Ruta Provincial Nº 30 (próximos a los ingresos de Justo Daract y La Punilla, respectivamente), so pretexto de realizar una asamblea, oportunidad en la que llevaron a cabo un piquete o corte de ruta que se mantiene hasta el presente, impidiendo la libre circulación de bienes y personas, obstaculizando el comercio terrestre y el transporte interprovincial e internacional, en detrimento de los objetivos de bien público para las que fueron establecidas las vías interjurisdiccionales.
En efecto, de acuerdo a lo informado por medios de prensa y redes sociales, los denunciados iniciaron los cortes de tránsito en ambas rutas que conectan a las Provincias de Córdoba y San Luis, en jurisdicción de la Provincia de Córdoba, interrumpiendo totalmente el paso por esas vías.
Así las cosas, los hechos y conductas descriptos precedentemente, encuadran prima facie en el delito tipificado en el art. 194 del Código Penal, en tanto se encuentran reunidos todos los elementos -tanto objetivos como subjetivos- del tipo penal endilgado.
En efecto, el art. 194 del código sustantivo expresamente dispone: “El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años.”.
Ello así, se configura en el caso el impedimento del normal funcionamiento de los transportes por tierra interjurisdiccionales, provocando un obstáculo insalvable para la libre circulación de bienes y personas, como así también para el comercio terrestre interprovincial e internacional.
Repárese al respecto, que, la rutas N° 30 de Córdoba y su continuación, Nº 1 de San Luis, vinculan a las localidades de La Punilla en la provincia de San Luis y Achiras en la provincia de Córdoba, y posibilitan el transporte y comercio interprovincial, como así también el internacional, ya que dichas vías conectan con la Ruta Nacional N° 8 y el Corredor Bioceánico, constituido por la Ruta Nacional N°7, que también se encuentra cortada en territorio cordobés, próximo a la provincia de San Luis.
Asimismo, imposibilitan la salida y/o entrada de personas que debidamente autorizadas y cumpliendo los protocolos vigentes dictados en el marco de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19, deben ingresar y/o egresar de la provincia para el cumplimiento de tareas y/o funciones esenciales, provocando de esa manera un grave perjuicio al interés general.
Por otro lado, se encuentra acreditada la existencia del dolo requerido por el tipo penal endilgado, toda vez que surge de manera palmaria el conocimiento de los elementos del tipo objetivo y la voluntad de impedir el normal funcionamiento de los transportes por tierra, conforme ya se precisara en párrafos precedentes.
A ello, debe agregarse que el impedimento del tráfico por estas vías está imposibilitando la remisión de los test de COVID 19 realizados en nuestra provincia, que deben ser procesados por el laboratorio Rossi en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, que el corte de ruta que se viene llevando a cabo impide la circulación de los vehículos sanitarios encargados del traslado de estas muestras, tomadas a pacientes posiblemente infectados con el virus del COVID 19 y que deben ser analizados en forma urgente a los fines de la detección del virus y la consecuente implementación de los tratamientos médicos urgentes que corresponde proporcionar en dichos casos.
Es importante remarcar, que esta actitud deliberada, premeditada e intencional tiene por clara finalidad provocar un caos social, infundiendo temor público en la población de la provincia de San Luis al declarar los denunciados que harán un corte por tiempo indeterminado de modo de dejar aislada y desabastecida a la población, con el agravante del impedimento del traslado de las muestras de pacientes posiblemente enfermos, lo que constituye un evidente y gravísimo perjuicio para la salud pública.
Mediante la realización de estas acciones delictivas – como son los piquetes y cortes de ruta que vienen ejecutando- los aquí denunciados persiguen claramente intimidar, producir alarma, temor o miedo público suscitando desórdenes, con el claro conocimiento y voluntad de realizar estas acciones y la ultraintención de infundir, precisamente, un temor público generalizado para conseguir sus mezquinos objetivos.
Que en virtud de lo expuesto considero que las conductas ilícitas descriptas encuadran en la figura penal prevista en el art. 211 del código sustantivo, configurándose los elementos objetivos y subjetivos de dicho tipo penal.
Por otra parte, debe destacarse que quienes realizan el corte de rutas en la provincia de Córdoba, cerca del límite con la provincia de San Luis actúan coordinadamente con otros grupos organizados que adoptan la misma conducta, causando la interrupción de las vías de comunicación interjurisdiccionales de manera estratégica en los límites de nuestra provincia con los de La Pampa, Mendoza, San Juan y La Rioja.
De ello se colige, que existe un concierto delictivo, esto es una concurrencia de más de tres personas que toman parte de una asociación destinada a cometer delitos en todos los puestos limítrofes de la provincia de San Luis.
En efecto, surge evidente el acuerdo previo de quienes han tomado parte en la asociación, ya que se ha divulgado por los medios periodísticos y redes sociales el acuerdo de voluntades comunes para llevar a cabo la finalidad del acuerdo, esto es, la de cometer delitos consistentes en la interrupción de las vías de comunicación ya señaladas precedentemente.
Que lo señalado anteriormente, permite concluir que se configuraría asimismo la posible comisión del delito previsto por el art. 210 del Código Penal, asociación ilícita, toda vez que se encuentran reunidos los elementos objetivos del tipo penal señalado.
Que asimismo, se encuentra configurados los presupuestos del tipo subjetivo, en tanto surge evidente de los hechos que han tomado estado público a través de los medios de prensa y redes sociales, el conocimiento de los integrantes de la asociación, acerca de su integración y sus objetivos, como así también la voluntad de unirse por el acuerdo y la finalidad delictiva.
En tal sentido, y en lo que refiere a la configuración del tipo subjetivo señala la doctrina: “Requiere conocer que se integra la asociación y sus objetivos, y que al menos la componen tres miembros – aunque, como se dijo, no se conozcan entre sí-; también debe existir en el sujeto activo la voluntad de ligarse por el pacto y la finalidad delictiva…”. (D’ALESSIO ANDRÉS JOSÉ, DIVITO MAURO, Código Penal de la Nación Comentado y Anotado, Editorial La Ley, 2° edición, Buenos Aires, 2011 Tomo II, p. 1039).
Todo ello sin perjuicio de otros delitos que pudieran comprobarse como resultado de la pesquisa que corresponde llevar a cabo en el marco de las presentes actuaciones.
Finalmente, no puede soslayarse lo paradójico del reclamo en tanto la provincia de Córdoba, en la cual residen las personas denunciadas, se encuentran sometidos a idénticos protocolos para el ingreso y/o egreso de personas que los existentes en la provincia de San Luis. Es decir, el Gobierno de Córdoba exige contancia de PCR negativo y cuarentena sin excepción a quienes pretendan ingresar a su territorio provincial, tal como puede leerse en la página web: https://www.carlospazvivo.com/viajar-a-cordoba-motivos-validos-y-requisitos-para-poder-ingresar-y-circular-por-la-provincia/ .
III.- COMPETENCIA.
Es doctrina de nuestro Alto Tribunal que, para otorgar el conocimiento de la causa a la justicia de excepción, debe producirse la efectiva interrupción del servicio público interjurisdiccional o de vías de comunicación de esa índole (Fallos: 307:650; 228:28), situación que -conforme se adelantara en párrafos precedentes- se ha configurado efectivamente en autos, toda vez que se ha producido la interrupción total del transporte interjurisdiccional tanto público como privado, afectando de esa manera el comercio y los servicios públicos -incluso el de salud- destinados a la población en general.
En lo que concierne a la competencia territorial, se tiene por acreditado que las conductas delictivas fueron perpetradas en jurisdicción territorial de V.S., en tanto se están llevando a cabo sobre las Rutas Nacional Nº 7 y Provincial Nº 30, siempre en territorio de la Provincia de Córdoba, por lo que el lugar de la comisión del hecho es, sin lugar a dudas, en aquella jurisdicción, lo que surte indiscutiblemente la competencia territorial de V.S., en tanto el art. 37 del CPPN estipula que será competente “el tribunal de la circunscripción donde se ha cometido el delito”.

IV. SOLICITA MEDIDAS CON HABILITACIÓN DE DÍA Y HORAS INHÁBILES. En virtud de las consideraciones expuestas, solicito a V.S. disponga que personal de la fuerza policial o de seguridad que corresponda se constituya en los lugares donde se llevan adelante los hechos y constate la existencia de los mismos -interrupción del tránsito desde/hacia la provincia de San Luis sobre las Rutas Nacional Nº 7 y Provincial Nº 30, siempre en territorio de la Provincia de Córdoba y próximos a los límites con San Luis – y, en caso de continuar interrumpida la libre circulación adopte las medidas pertinentes para que usando la fuerza pública en la medida de lo necesario y aplicando técnicas de mínima violencia, rehabiliten y garanticen la libre circulación de personas, vehículos y/o bienes, disponiéndose que previo a cualquier actuación los funcionarios actuantes procedan a intentar disuadir en su actitud a las personas, individualizando a los responsables de dicho obrar delictivo. Asimismo, solicito de igual modo ordene la realización de toda medida conducente tendiente a hacer cesar la comisión del delito y/o evitar que el mismo se perpetre, habida cuenta las amenazas proferidas por los responsables de dichos cortes, de continuar el raid delictivo en forma permanente. La solicitud de habilitación de días y horas inhábiles encuentra su justificación en la necesidad de hacer cesar de inmediato la comisión del delito denunciado, como así también tomar las medidas necesarias para evitar la anunciada reiteración de cortes de rutas en distintos puntos cercanos a los accesos de la provincia, sobre todo teniendo en cuenta la gravedad de los hechos denunciados, ante la interrupción total de las vías interjurisdiccionales de transporte, con la consecuente afectación del interés general. V. – LA SITUACION DE EMERGENCIA SANITARIA La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 al nivel de pandemia internacional. La rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, requirió la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura. Las circunstancias que concurren constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud por el muy elevado número de ciudadanos afectados como por el extraordinario riesgo para aquellos sanos. En este marco, los Gobiernos Nacional y Provincial han adoptado sendas medidas para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública. Las decisiones adoptadas y llevadas a cabo de manera conjunta por el Sr. Jefe del Poder Ejecutivo de la Nación Argentina, Dr. Alberto FERNÁNDEZ y todos los Gobernadores Provinciales, incluyendo al Sr. Gobernador de la Provincia de San Luis, Dr. Alberto J. RODRÍGUEZ SAÁ para lograr frenar o disminuir los efectos mortales de la pandemia generada por el COVID-19 tienen sus principales expresiones en los Decretos N° 260 y 297 del P.E.N. y sus similares N° 1668-MdeS-2020 y 1819-JGM-2020 del Poder Ejecutivo Provincial. Las medidas temporales de carácter extraordinario que ya se han adoptado por todos los niveles de gobierno deben ahora intensificarse sin demora para prevenir y contener el virus y mitigar el impacto sanitario, social y económico. Se trata de disposiciones imprescindibles y urgentes para hacer frente a la situación, que resultan proporcionadas y de máxima razonabilidad con relación a la extrema gravedad de la misma. La velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional, requiere el estricto cumplimiento del “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” con el objeto de prevenir y/o atenuar una situación similar en nuestro territorio, que resulta así una conducta de prevención necesaria e inmediata que deben observar todos los ciudadanos para hacer frente a esta emergencia, tal como se ha ordenado en la normativa citada precedentemente.

Nos encontramos ante una crisis sanitaria y social sin precedentes, y para ello es necesario hacer cumplir a rajatabla las medidas oportunas, transparentes, consensuadas y basadas en las evidencias disponibles que han adoptado las autoridades, a fin de mitigar su propagación e impacto.
Toda vez que no se cuenta con un tratamiento antiviral efectivo, ni con vacunas que prevengan el virus, las medidas de aislamiento y distanciamiento social obligatorio revisten un rol de vital importancia para hacer frente a la situación epidemiológica y mitigar el impacto sanitario del COVID-19, por lo que se han dispuesto protocolos que permiten el ingreso y egreso de la Provincia bajo determinadas condiciones, con la finalidad de preservar la salud pública en el marco de la pandemia.
Por todo lo expuesto, cabe concluir, que la provincia de San Luis en resguardo de la salud de toda la población (salud pública) en el marco de la pandemia COVID-19, no se encuentra cerrada, sino con medidas establecidas que regulan el procedimiento del ingreso/egreso al territorio provincial, previo actualización del Comité Operativo de Emergencia, que en plazos perentorios analiza cada solicitud extendiendo los permisos, previo cumplimiento de la normativa vigente, todo lo cual, sólo tiene por objeto preservar el estatus sanitario de la Provincia.
En esa línea, cabe destacar a tenor del informe de ingresos y egresos por razones de industria, comercio y actividades agropecuarias, elaborado por el Ministerio de Producción, se constata que desde el 19 de marzo al 31 de agosto del año en curso se ha logrado habilitar no tan sólo a la actividad productiva en sus diversas manifestaciones dentro de la provincia, sino también los ingresos y egresos interprovinciales de bienes y personas por tales actividades durante todas las fases.
En efecto, y en lo concerniente al sector agropecuario se otorgaron 1654 autorizaciones, otras 2501 autorizaciones por razones de salud y 12.598 personas por razones de residencia, trabajo u otros motivos. Todos ellos cumplieron acabadamente los protocolos requeridos. Por su parte, y en lo que interesa al sector de transporte, se otorgaron 274.575 autorizaciones de ingreso. Todo ello conforme lo informado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
VI.-QUERELLANTE PARTICULAR:
Por lo expuesto, habiéndose afectado intereses del Estado Provincial al que represento, quien resulta particularmente ofendido por el delito que aquí se denuncia, es que solicito se me otorgue la participación que por ley corresponde, con el alcance del Art. 82 y concordantes del C.P.P.N., a los fines de proporcionar elementos de convicción e impulsar el proceso con los alcances establecidos en el código de rito.

VII.- PRUEBA. DOCUMENTAL: 1.- Decreto Nº 8-JGM-2019 de la Provincia de San Luis. 2.- Informe elaborado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de San Luis.VIII.- PETITORIO Por tanto, a V.S. pido:

1) Me tenga por presentado en el carácter invocado y con los domicilios legal y electrónico constituidos;
2) Tenga por formulada denuncia penal en relación a los hechos delictivos reseñados en la presente.
3) Se me dé participación con el alcance del Art. 82 y concordantes del CPPN;
4) Ordene las medidas solicitadas en el punto IV del presente; 5)Se provea con habilitación de días y horas.

Provea V.S. de conformidad, que
SERA JUSTICIA