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Los gobiernos provinciales deben respetar el derecho constitucional a la libre circulación

Las restricciones a la circulación de personas y bienes con motivo de las medidas de aislamiento están llevando directamente a bloqueos de la actividad económica y productiva, además del cercenamiento de los derechos constitucionales de los ciudadanos.

El Gobierno de la Provincia de San Luis ha establecido un régimen de aislamiento más estricto que el dispuesto por el gobierno nacional en el DNU 297/2020 y sus prórrogas y modificatorias, donde los trabajadores y productores agropecuarios son considerados personal esencial y por lo tanto deberían poder circular y cumplir con sus labores aún en el contexto de las medidas sanitarias.

Habiendo circulación comunitaria del virus en todo el país, el mismo Ministro de Salud de la Nación ha hecho declaraciones señalando que las medidas de restricción interprovincial no sirven y se tornan inútiles como herramienta de control sanitario.

Varios casos han llegado a la Corte Suprema de Justicia, habiéndose resuelto medidas cautelares favorablemente para ciudadanos respecto de la circulación interprovincial. En otras causas, recientemente se requirió informes a las provincias involucradas. Ahora la Corte debe resolver sobre los reclamos de los productores y de otros ciudadanos que se han visto impedido regresar a sus hogares o ver a sus familiares.

Por eso instamos al Gobierno federal a hacer respetar el cumplimiento de la Constitución Nacional y a hacer cesar a los Gobiernos provinciales con las medidas de restricción a la libertad de circulación. Las medidas que restringen la circulación por el territorio nacional, no contempladas dentro de la normativa nacional, vulneran derechos constitucionales, y la Constitución es superior a cualquier disposición de orden provincial.

Firman: Alejandro Cacace, Alfredo Cornejo, Mario Negri, Brenda Austin, Soledad Carrizo, Jimena Latorre, Omar de Marchi, Diego Mestre, Claudia Najul, Luis Petri, Hugo Romero, Federico Zamarbide