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Proponen crear la “Autoridad única del agua” en Mendoza

Se trata de un proyecto impulsado por los diputados Jorge Difonso y Mauricio Torres del Frente Renovador que busca la unificación de Irrigación, Aysam, el EPAS, Hidráulica y todas las instituciones del Poder Ejecutivo que manejan los recursos hídricos.

Jorge Difonso

El Diputado Jorge Difonso (Frente Renovador) presentó un proyecto en la Legislatura mendocina para crear un Organismo Único del Agua con el objeto de eficientizar algunos organismos del estado relacionados a los controles hídricos.

Entre sus fundamentos el proyecto habla sobre la situación de sequía que viene atravesando Mendoza hace ya varios años, y que son varios los organismos que se dedican a la administración del agua, como Irrigación, Aysam, el EPAS y el Departamento de Hidráulica, lo cual hace imposible una buena gestión del recurso hídrico. Los legisladores proponen que sea una sola la entidad que se encargue de esto, lo que disminuirá costos, unificará estrategias y logrará que hayan respuestas concretas ante cada situación que se plantee.

Fundamentos del proyecto
El agua, como recurso natural debe ser conservada y protegida mediante una gestión sostenible y sustentable, que garantice supermanencia y calidad; considerando al agua, como bien de dominio público, es inalienable, imprescriptible e inembargable siendo esta patrimonio nacional y estratégico al servicio de las necesidades de las y los ciudadanos y elemento esencial para la soberanía alimentaria.
El agua no es simplemente fuente de vida, sino en su interacción con los demás miembros del sistema espacial determina posibilidades o límites a las comunicaciones, formación de suelos fértiles, potencial hidroeléctrico, potencial de catástrofes, etc. Por ello se debe analizar y regular el comportamiento del agua en Mendoza, la forma en que el hombre la aprovecha y la potencialidad y riesgo que dicho aprovechamiento representa.
La valoración del agua como recurso estratégico para el desarrollo de las actividades humanas fue precoz y la institucionalización de esta visión del recurso se concretó tempranamente en la Ley de Aguas de 1884. Los avances institucionales y legales respecto de los recursos hídricos fueron claves en la reconversión de la economía provincial
La Provincia de Mendoza es un oasis que pasó de la emergencia hídrica permanente a un estado más complejo y dramático: la sequía. Así las cosas, de acuerdo a los últimos estudios la provincia enfrentará una temporada con los ríos con la mitad de agua, en base al promedio histórico. Esto es la peor escasez del recurso de los últimos 100 años. Una situación que, además, se ve agravada por los efectos del cambio climático, ya que se producen menos precipitaciones níveas en la alta montaña y el deshielo ocurre antes de lo esperado.
El Pronóstico de Escurrimiento de Aguas Superficiales de los principales ríos de Mendoza vuelve a dejar en evidencia que se seguirá en crisis hídrica por décimo año consecutivo, aunque ahora el foco está puesto en la sequía, con el fin de desarrollar un plan integral para combatir esta problemática.
Después de casi una década de emergencia hídrica, con caudales de los ríos hacia abajo, llegó la hora de dejar de trabajar sobre la emergencia y avanzar con un plan preventivo e integral contra la sequía. La realidad es que con la variabilidad climática hay menos nieve y por ende menos agua, por eso debemos anticiparnos y actuar antes de que se produzcan daños.
Se deben definir escenarios para tomar medidas, como han hecho España, México, Estados Unidos y Australia, en cuanto al control y la restricción del riego y el consumo del vital recurso, ya que en Mendoza se pierde en el camino el 50% de la producción. En este punto, las autoridades locales ponen de relieve las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que disponen un consumo diario por persona de 250 litros mientras que en Mendoza esa cifra se duplica en general y hasta se triplica en algunos casos.
Se conoció el inventario de gases de efecto invernadero del país, se subrayó que el noroeste argentino es una de las regiones más afectadas. En el futuro cercano (2015-2039), el aumento de la temperatura media sería superior a 1°C en esta región.
Se deben tener en consideración la integración de todas las aguas, sean estas, superficiales, subterráneas o atmosféricas, en el ciclo hidrológico con los ecosistemas.
En el proceso de emisión de las normas de calidad deberá observarse esencialmente la necesaria unidad del ciclo hidrológico, el manejo por cuencas y la preservación del ecosistema del que forma parte el recurso hídrico, procurando su aprovechamiento integral, racional y eficiente en el marco del desarrollo sustentable.
La Provincia ha elegido su modelo productivo que es agrícola ganadero y turístico de allí la defensa de los ciudadanos de la Ley 7722 recientemente.
Es de notar que en la Provincia existen una multiplicidad de Entes que tienen injerencia con el recurso vital de la Provincia y ello conlleva a no tener un orden estratégico en el manejo de los recursos.
Por un lado, el Departamento General de Irrigación es un organismo público descentralizado que administra el recurso hídrico en la provincia de Mendoza, reglamentando y fiscalizando su uso. Tiene autarquía institucional, presupuestaria y jerarquía constitucional.
En el año 1884 por el Art. 189 de la Ley General de Aguas, lo crea como Departamento General de Aguas, en 1894, cambia a Departamento de Irrigación, siendo modificado nuevamente en 1916 (Secc.VI), donde recibe la denominación con que hoy lo conocemos. Por mandato constitucional tiene como misión gestionar junto a la comunidad de usuarios el recurso hídrico para el abastecimiento poblacional y productivo de la provincia; asegurando así, sustentabilidad, transparencia, equidad y eficiencia en la distribución del agua. Los usuarios participan a través de las Inspecciones de Cauce que se encargan de administrar la red secundaria de riego, con facultades de monitoreo y sanción. Poseen autarquía, aunque sujetas al control legal y presupuestario que ejerce el D.G.I.
Por otra parte, los entes de control, mal llamados entes reguladores, tuvieron su auge en la década de los ’90, en función de las privatizaciones que fueron llevadas a cabo durante ese período. Entonces era evidente la necesidad de dar un marco legal e institucional a la función de control que el Estado se había reservado, tras haber delegado en los concesionarios privados la efectiva ejecución de los servicios públicos.
En el marco antepuesto a través de la Ley 6044 se creó el Ente Provincial de Agua y Saneamiento en el marco del reordenamiento institucional de la prestación de los servicios de provisión de agua potable y saneamiento de la Provincia de Mendoza.
Pero hay que hacer notar que en los últimos años hemos transitado un camino inverso en la temática. Varias empresas han sido re estatizadas y otras han sido creadas para la ejecución de estos servicios.
Desde este bloque legislativo, entendemos que se hace necesario dar un marco legal acorde a estos cambios, ya que la naturaleza de la función, así como el sujeto pasivo de la misma, han cambiado significativamente. Ya no es el Estado, a través de los entes reguladores, quien ejerce el control sobre los concesionarios privados; sino que es el mismo Estado quien ejecuta y controla la prestación de los servicios públicos.
En el año 2010 se rescindió el contrato de concesión a Obras Sanitarias Mendoza S.A, y se le otorgó toda el área de servicio de la misma a una nueva empresa denominada AySAM, convirtiendo a la misma en la principal prestadora del servicio de Agua y Saneamiento de Mendoza. La misma se ha creado por la Ley 8.213 en una SA PEM (Sociedad Anónima con participación mayoritaria del Estado provincial).
Es menester, por tanto, dotar de competencias a la nueva Autoridad del Agua a crear con el fin de la expansión de los servicios públicos, para poder así comenzar a pensar en una planificación territorial más racional y sustentable, que contemple los intereses de todos los actores en juego, en especial los de los usuarios de los servicios para consumo humano y para riego de la Provincia.
Ninguna de las consideraciones anteriormente analizadas puede llevarse a cabo sin una verdadera independencia del ente público que tiene a su cargo el delicado y vital ejercicio de la función de regir los destinos del agua de Mendoza tanto para consumo humano como para riego y el desarrollo de otras actividades sustentables. Para dar cumplimiento a dichas consideraciones, verdaderos objetivos que inspiran este proyecto, debemos considerar al sistema como un todo, recibiendo los aportes que los distintos actores de la realidad mendocina pueden realizar.
Nuestra Constitución provincial nos da el marco de acción de la reforma que estamos planteando realizar, tanto en el orden institucional, como operativo y también desde la faz de la economía, su eficacia y eficiencia en el control del gasto público.
Por tanto, atento a estos fundamentos y otros que se darán en oportunidad de su tratamiento, es que proponemos el presente Proyecto de Ley.