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Proponen una guía de actuación en casos de femicidio

La senadora Wanda Paredes emprende acciones de lucha contra el “femicidio”. Asesinatos y maltratos son formas de la crueldad contra la mujer en el mundo y también en nuestro país. Según el estudio, publicado recientemente, “Femicidio, un problema global”, unas 66.000 mujeres y niñas son asesinadas cada año, y de los doce países con las tasas de femicidios más altas, cinco son de América Latina. El Salvador, Guatemala, Honduras, Colombia y Bolivia, en ese orden, superan los seis asesinatos de mujeres cada cien mil personas del género femenino. En la Argentina, si bien no hay cifras oficiales, se sabe que cada treinta y cinco horas una mujer muere en manos de su pareja o ex pareja. Algunas son baleadas, otras apuñaladas y las hay también las que son quemadas vivas. El informe fue realizado por Small Arms Survey, un proyecto de investigación independiente con sede en el Instituto Universitario de Estudios Internacionales y Desarrollo en Ginebra, Suiza.

En nuestra provincia, una iniciativa de la senadora Wanda Paredes (FPV) tiene por objeto establecer la adhesión de Mendoza a la Resolución 428/2013 Anexo I del Ministerio de Seguridad de la Nación que se refiere a la guía de actuación para las fuerzas policiales y de seguridad federales para la investigación de feminicidios en el lugar del hallazgo. “Más allá de los distintos aportes y discusiones, existe un consenso a la hora de definirlo como los homicidios de mujeres o personas con identidad de género que ocurren por razón de género. Esta realidad no puede ser ajena al ámbito público local y de la sociedad en su conjunto, hasta que logremos que no haya una mujer muerta más”, precisa Paredes.

“La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una intimidación que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. Los poderes públicos tienen, la obligación de adoptar medidas de acción positiva para hacer reales y efectivos dichos derechos, removiendo los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud”, subrayó la senadora.