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Cárcel de menores en San Luis

Comunicado del Observatorio de Derechos Humanos de la Municipalidad dela ciudad de San Luis.

Art. 18. Constitución Nacional de la República Argentina:”…Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice…”
El Observatorio de Derechos Humanos de la Municipalidad de San Luis, ante las imágenes publicadas en un portal de noticias de nuestra ciudad, que registran las condiciones de una requisa realizada en Pabellón de Menores de la Penitenciaria de San Luis, repudia los hechos y responsabiliza de esta situación a las autoridades penitenciarias, al Ministro de Seguridad y al  Gobernador de la Provincia de San Luis.
Cualquiera haya sido el motivo que origino la requisa, nada justifica el maltrato y las torturas infligidas a los detenidos. Estas acciones no pueden tener validez jurídica, legal, constitucional ni moral.
El art. 1 de la Convención contra la Tortura y los Tratos Crueles, afirma: “ A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término “tortura” todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia…”

Lo sucedido en el Pabellón de Menores, en la Penitenciaria de San Luis, forma parte de una Política Represiva y Punitiva que se implementa en esta provincia por parte de sus gobernantes. Un gobierno puede tener legalidad por haber surgido del voto popular, pero pierde su condición de legitimidad, cuando adopta prácticas que se contraponen a la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, los Tratados Internacionales y las leyes vigentes.
Por su parte, la ley 24.660 sobre Ejecución de Sentencias, establece en el capítulo III “Normas de trato” y en el art. 77 que “Al personal penitenciario le está absolutamente prohibido emplear la fuerza en el trato con los internos… todo exceso hará pasible al responsable de las sanciones administrativas y penales que correspondan”.
Este Observatorio se reserva el derecho de iniciar acciones, no sólo de difusión sino también de carácter legal ante Organismos Nacionales e Internacionales de competencia.