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Preocupan instalaciones mineras en la Alta Cuenca del Río Atuel

La comisión de Ecología de la Legislatura pampeana emitió un despacho por unanimidad expresando su preocupación sobre posibles instalaciones mineras en la Alta Cuenca del Río Atuel. “En ese sentido, también nos preocupa la probable ubicación de plantas de extracción y separación de minerales en la Cuenca del Río Grande, tributario…”.

La comisión de Ecología de la Legislatura provincial emitió un despacho por unanimidad expresando su preocupación sobre posibles instalaciones mineras en la Alta Cuenca del Río Atuel. “En ese sentido, también nos preocupa la probable ubicación de plantas de extracción y separación de minerales en la Cuenca del Río Grande, tributario mayor del Río Colorado”, manifestaron.

Los integrantes del cuerpo pidieron una vez más “que la provincia de Mendoza adhiera institucionalmente a las facultades ampliadas en lo ambiental y otorgadas al Comité Interjurisdiccional del Río Colorado -COIRCO- por los demás estados provinciales signatarios del Acuerdo del Río Colorado, como lo hiciera Nación en su momento”.

Finalmente se dirigieron al Poder Ejecutivo provincial para que solicite al Estado Nacional antecedentes que obraren en organismos nacionales relacionados con lo señalado anteriormente.

El presidente de la comisión, diputado Martín Berhongaray y los legisladores Juan Pablo Morisoli, Luciano Di Nápoli, Alfredo Schanton, Marina Cahais, Carlos Bruno y Sergio Pregno, coincidieron en la necesidad de dar a conocer esta situación, en especial por el impacto ambiental que puede producirse.

En los fundamentos del despacho citaron que uno de los riesgos es la no adhesión de la provincia cuyana a las facultades ambientales ampliadas que le permiten al COIRCO supervisar todo tipo de actividades dentro de la Cuenca, que se relacionen con actividades mineras e hidrocarburíferas, su logística y transporte.

Por otro lado, los diputados emitieron otro despacho unánime para apoyar una iniciativa de la diputada Mariana Cahais, la cual solicita al Ejecutivo provincial que instrumente los mecanismos pertinentes para la implementación de una política que coordine las acciones del Estado provincial y los estados municipales pampeanos para la gestión integral de residuos sólidos urbanos.