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Diputados: presentan proyecto para prohibir el nepotismo

Desde el Bloque del Partido Demócrata el diputado Marcos Niven envió los fundamentos de esta normativa que busca impulsar una norma legal que prohíba el nepotismo, dictando  barreras que eviten la politización de los órganos de contralor.
Entre los fundamentos del proyecto está:
Las nominaciones discrecionales en los cargos públicos con el objeto de beneficiar a familiares, simpatizantes políticos o amigos del poder son prácticas muy extendidas en la región latinoamericana. La persistencia de estas cuestionadas y nocivas instituciones informales está vinculada a su utilidad para garantizar el control político sobre el aparato estatal y/o gestionar flexiblemente.

El nepotismo, el patronazgo, el amiguismo, el favoritismo han operado como limitantes tanto para la conformación de burocracias públicas autónomas y competentes como para la consolidación de las instituciones democráticas y republicanas. En este sentido, un reciente estudio, presentado en España, pone en evidencia que el uso arbitrario de los puestos públicos impacta negativamente en el desarrollo institucional, democrático y económico de los países latinoamericanos. En países con burocracias más politizadas el desempeño del gobierno es más bajo; la competencia electoral se resiente, el nivel de corrupción aumenta, el crecimiento económico es menor, el tamaño del Estado, medido en términos de costos saláriales, se incrementa y no se garantiza un trato imparcial hacia la ciudadanía.
Existen consensos regionales, plasmados en la Carta Iberoamericana de la Función Pública (2003), sobre la necesidad de contar con burocracias profesionales para la consecución de un mejor estado, el fortalecimiento institucional y la solidez democrática de los países. En este marco, varios países han realizado importantes esfuerzos para modernizar sus administraciones públicas.
Brasil, por ejemplo, ha logrado institucionalizar la burocracia más meritocrática de la región (BID, 2014). Este país buscó revertir la profunda discrecionalidad imperante en los procesos de ingreso al estado nacional a través de la intensificación de los concursos para el acceso a los puestos públicos y mediante el impulso de normas orientadas a limitar el nepotismo en el estado, entre otras iniciativas. En relación a este último aspecto, desde el año 2008 Brasil ha avanzado en el establecimiento de barreras legales al nepotismo en todos los niveles de gobierno. En el mes de agosto de ese año Supremo Tribunal Federal aprobó la 13° Súmula Vinculante mediante la cual se extendió la prohibición del nepotismo a los tres poderes federales, estaduales y municipales. Posteriormente, el Decreto 7203/10 dispuso la veda para contratar parientes de autoridades políticas y altos funcionarios en la Administración Pública Federal (BID, 2014).
Impulsar una medida de tales características en nuestra provincia podría significar un paso crucial para garantizar mayores niveles de autonomía de la administración pública en relación al poder político y erradicar una práctica socialmente cuestionada. El nepotismo no sólo opera en detrimento de la  competencia burocrática en muchos casos sino también violenta la igualdad de oportunidades de los mendocinos a acceder al sector público según sus propios méritos.
Nuestra carta magna provincial sabiamente acogió en el artículo 115º este tipo de restricciones para las máximas autoridades ejecutivas, impidiendo a los parientes de los gobernadores y vicegobernadores salientes ocupar dichos cargos. Esta cláusula se constituyó en una pieza institucional fundamental para evitar la emergencia y consolidación de los caudillismos en Mendoza. Pero es necesario hacer extensiva este tipo de limitaciones a los ocupantes de los cargos jerárquicos provinciales a fin de contribuir a combatir el recurrente uso patrimonialista de los puestos públicos.
Esta interdicción debe ser complementada con otras iniciativas orientadas a limitar el avance de los partidos políticos sobre el poder judicial y los órganos de contralor. Las últimas nominaciones políticas, sin mediar razones de índole técnica, de miembros de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal de Cuentas y del propio Fiscal de Estado, a lo que se agrega la reciente remoción arbitraria del actual Director de Asuntos Judiciales de la Fiscalía de Estado, han deteriorado significativamente la calidad de nuestras instituciones republicanas y democráticas. La colonización partidaria de estos puestos está aniquilando la equilibrada estructura de división de poderes que siempre caracterizó a Mendoza. La salubridad de nuestro sistema político requiere de poderes y órganos fiscalizadores calificados, imparciales y al servicio de la ciudadanía y no de las fuerzas políticas.
La consolidación de una burocracia profesional en Mendoza es una condición necesaria para asegurar mayores niveles de eficacia gubernamental, seguridad jurídica y la igualdad en el acceso a los cargos públicos a través de concursos. Este proyecto guarda una directa relación con lo manifestado por el Sr. Gobernador el día 1 de mayo del corriente año, al expresar enfáticamente que el ingreso a la administración pública será solo por concurso. Caso contrario, la corrupción, la impericia y el predominio de los privilegios partidarios y personales limitarán el pleno desarrollo de Mendoza.