Home / política / San Luis: Dieron a conocer anormalidades en los planes de viviendas provinciales

San Luis: Dieron a conocer anormalidades en los planes de viviendas provinciales

La interventora de la  Secretaria de Urbanismo, Vivienda y Parques, Ángela Gutiérrez de Gatto, brindó una conferencia de prensa denunciando muchas irregularidades en la gestión anterior. Problemas en el plan solidaridad; entrega de viviendas a funcionarios; 10 viviendas sociales a nombre de la familia Aiello, que fueron compradas; viviendas utilizadas como negocio inmobiliario; y una vivienda adjudicada a una jueza de Villa Mercedes son algunos de los temas que surgieron de la auditoria realizada desde junio, y presentó documentos y fotografías para avalar sus denuncias.

En referencia al Plan Solidaridad, la interventora de Vivienda detalló que se creó en febrero del 2012, nació con la idea de que se firmen convenios con los municipios a los efectos de que los beneficiarios de las casas las construyeran por el método de autoconstrucción, donde los municipios ponían los áridos y los terrenos, y Vivienda les entregaba los materiales. La funcionaria añadió que de los 33 municipios que firmaron convenios, solamente 5 terminaron las casas

“La mayoría de los beneficiarios eran mujeres de los sectores más humildes, y no comparto que habiendo existido dos planes, Progreso y Sueños y el Solidaridad, las hayan hecho trabajar. Eran mujeres a las que se les tomaba asistencia, y si faltaban porque tenían que cuidar a los hijos se las desadjudicaba. No puedo dejar de decir que me parece perverso”, sostuvo.

Con respecto a las casas que están vacías, aseguró que se realizaron 468 auditorias en distintas localidades como Villa Mercedes, Quines, Luján, Merlo, Juana Koslay, la ciudad de San Luis y San Francisco. De esas 468 de auditorias, en 75 casas fueron atendidos por los titulares, el resto se inició el proceso de desadjudicación: “Ya se firmaron 34 decretos de desadjudicación, para que el Gobernador readjudique esas casas a quien realmente las necesite”

“Fuimos a relevar por una denuncia que tuvimos de unas casas en Quines, y sobre 20 casas que constatamos y verificamos, 19 estaban vacías. En Luján, sobre 10 había 6 vacías; y lo mismo en San Francisco; dejamos una cédula para que hagan su descargo” sostuvo la funcionaria.

Es el caso de la familia del señor Carmelo Aiello, dueño de una cadena de supermercados, su esposa Susana Anzulovich y cuatro integrantes de su familia, se detectó que tienen 10 viviendas sociales. Todas esas casas están escrituradas en el lapso entre el 2013 al 2015. “Desde el punto de vista jurídico, las casas escrituradas estarían fuera de la órbita del Estado. Digo en principio, porque he girado las actuaciones a Fiscalía de Estado, porque entiendo que se ha violado el espíritu y el fin de la vivienda social. Desde el punto de vista moral es absolutamente reprochable”. “Se han elevado denuncias a Fiscalía de Estado para que analice la posible comisión de delitos y las posibles denuncias penales”, explico la interventora.

“Hay gente a la que no se le dio la casa, y dentro de esa gente hay familias con miembros discapacitados. Quedaron 78 inscriptos con hijos con capacidades diferentes” y resaltó que la Constitución determina que el Estado no es responsable de los actos de los funcionarios, pero también que los funcionarios no pueden beneficiarse del lugar en el que se encuentran y manifestó que muchos funcionarios se acomodaron en el orden de prioridad para beneficio propio o de algún familiar.

Fuente: ANSL