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La justicia falló en contra del gobierno porque no coparticipó a los municipios

El senador Camerucci

“Hace dos años que insistimos en que la renegociación de los contratos petroleros. Debía hacerse por ley y no por decreto” remarcaron los senadores de la UCR.

Hace exactamente dos años la UCR en pleno  se unió para criticar fuertemente la decisión del entonces gobernador, Celso Jaque, de iniciar el proceso de renegociación de los contratos petroleros por decreto y no por ley.

En esa oportunidad el senador Armando Camerucci decía que el  Gobernador “equivocaba  el camino” pretendiendo llevar adelante una negociación “a puertas cerradas” que implica un negocio de 20 mil millones de dólares durante los 10 años de prórroga que se les otorgaría a las empresas.

“Hoy, a los dos años, seguimos viendo que no sólo no se escucharon nuestros reclamos de que el instrumento legal era una ley y no un decreto sino que tampoco se escucharon a los municipios y por eso la Suprema Corte de Justicia cuestionó la renegociación de contratos con las empresas petroleras y declaró inconstitucional un artículo del decreto que habilitó ese proceso., donde están en juego 700 millones de pesos que no fueron coparticipados a los municipios y que ahora pueden ser reclamados.” precisó Camerucci.

Lo que los legisladores radicales pedían era una ley marco para darle seguridad jurídica a la negociación y más fortaleza al Gobierno para pedir lo máximo, pero  el Ejecutivo avanzó por su cuenta y casualmente junto a Jaque estaba su ministro de Obras, hoy gobernador Francisco Pérez, firmando decretos en forma secreta, cuyos resultados han sido nefastos para la Provincia.

La triste historia de la concesión de las áreas petroleras, digitada desde la Nación, negándo la autarquía provincial y violando toda legislación vigente, continúa con el  dictamen del fiscal de Estado, de ese entonces, el  enjuiciado   Joaquín de Rosas -coincidente con un pronunciamiento del asesor de Gobierno, César Mosso Giannini- que le  otorgó al gobernador Celso Jaque la luz verde necesaria para que avanzara -sin intervención de la Legislatura- en la prórroga hasta 2027 de 31 áreas concesionadas a las petroleras interesadas.

“Es decir que la Casa de Gobierno podía  disponer por sí misma de estas prórrogas sin necesidad de acudir a la Legislatura.  Si bien no es vinculante para el Ejecutivo, el dictamen de la Fiscalía choca de plano con la postura de la Unión Cívica Radical, que considera imprescindible la intervención de la Legislatura “por el volumen y duración de la operación, por razones de interés público y porque la Constitución lo establece cada vez que se dispone del uso de bienes públicos”,  se quejaron en ese momento los legisladores radicales.

Otros problemas con las áreas petroleras
El 7 de febrero de este año el Bloque de Senadores de la UCR pidió al gobernador Pérez que ejerciera la autonomía que le corresponde por ley a Mendoza para controlar las empresas petroleras.
“Un día después  le pedimos una entrevista para  hacerle conocer la propuesta de la Unión Cívica Radical, antes de la reunión para la firma de un nuevo Pacto Federal de Hidrocarburos, a la cual  iba a asistir el gobernador Pérez  con miembros de  la  OFEPHI (Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos).” indicó el senador Armando Camerucci.

“En nuestra propuesta se impulsaban  capítulos completos en lo referente a los planes de inversión a cumplir por las empresas y cómo controlarlas por parte del Estado mendocino; como así también, la obligatoriedad por parte de las compañías a mantener stock, calidad, y precios justos de combustibles en Mendoza, no solo de los líquidos sino también de gas envasado en garrafas “recordó el presidente del bloque.

La historia de los oídos sordos del Gobierno continúa el 22 de febrero, cuando  los senadores radicales pidieron que se pusiera  en funcionamiento, en forma inmediata la Comisión Bicameral para el seguimiento y control de las empresas petroleras -creada por ley  7526 del 2006-  y Camerucci reiteró el pedido al gobernador Pérez “que no firmara con la OFEPHI ni con la Nación COMPROMISO ALGUNO QUE LESIONASE O FUESE CONTRA LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA DE Mendoza  en cuanto al control de las petroleras que operan en nuestro territorio”.

Ya terminando el verano,  en abril, los radicales denunciaron que   el gobierno de Pérez, “siguiendo una estrategia nacional presiona y acciona contra las petroleras que operan en Mendoza, pero paralelamente les “regalaba”  tres millones de pesos ($3.000.000) de todos los mendocinos para adquirir el sistema de telemedición.”

“Esto fue así ya que  la Resolución Nº 318/2010, Art. 10 de la Secretaría de Energía determina  “LOS PERMISIONARIOS Y CONCESIONARIOS REALIZARAN A SU COSTO LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TELESUPERVISIÓN, Sistema SCADA”…”Los permisionarios y concesionarios deberán dar cumplimiento a todos los requerimientos antes indicados en un plazo no superior a un (1) año a contar de la entrada en vigencia de la presente Resolución.El ejemplo más claro, aparte de los antecedentes de otras provincias, es el de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) con los controladores fiscales de cualquier comercio de Mendoza.” remarcó  Camerucci.

“Esperemos que cuando el gobernador Pérez vuelva de vacaciones nos podamos juntar, en serio, a hablar de estos temas y que no siga actuando en soledad porque esa actitud nos está saliendo muy caro a los mendocinos” concluyó el senador radical.