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La Justicia Federal no actuará en la denuncia por los 80 millones entregados a la Fundación “Mujeres Puntanas”

El magistrado Juan Esteban Maqueda consideró que la justicia penal federal no puede intervenir en la denuncia de diputados de Cambiemos por la entrega de 80 millones de pesos a la fundación Mujeres Puntanas que respalda la candidatura de Adolfo Rodríguez Saá.
“Acá hay una clara violación a la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos y queremos que la justicia se haga cargo e investigue. No es tiempo para que los jueces miren para un costado. La remisión a la justicia provincial hace correr riesgo que la causa se cajonee”, afirmó el diputado Alejandro Cacace.
Maqueda en su escrito sostuvo que los delitos denunciados son de jurisdicción provincial y no puede intervenir:
  1. Se declare la incompetencia de la justicia penal federal para entender en los supuestos delitos comunes denunciados y, en consecuencia, se decline la misma con remisión de los presentes al Juez de Instrucción en turno de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de San Luis;

Previo a ello, ante la eventual posibilidad de configurarse infracciones autónomas al Régimen de Financiamiento de los Partidos Políticos, se extraiga compulsa íntegra de los presentes -incluida la documental reservada en soporte papel y digital y se registre en Secretaría Electoral Nacional de esta jurisdicción.

Semanas atrás el legislador radical junto a integrantes de su bancada: Juan Manuel Rigau, Walter Oio, Fidel Haddad, Elena Pastor, Ingrid Blumencweig y Sergio Guardia, legisladores de Avanzar y Cambiemos denunciaron a Adolfo Rodríguez Saá, su hermano, el gobernador Alberto Rodríguez Saá, la presidenta de la fundación Mujeres Puntanas, Gisela Vartalitis, el vicegobernador Carlos Ponce; el ministro de Medio Ambiente Sergio Freixes, la ministra de Hacienda Natalia Zabala Chacur, el Fiscal de Estado Eduardo Allende y el Contador General de la provincia Daniel Marone.
La denuncia fue por abuso de autoridad, violación de deberes de funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, peculado y fraude en perjuicio del Estado Provincial e incumplimiento de la Ley Nacional de Financiamiento de Partidos Políticos.
FUENTE: PRENSA CAMBIEMOS