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Un acuerdo que nos aleja cada vez más de la verdad y la justicia

El acuerdo propuesto por el Gobierno Argentino con la República de Irán NO garantiza que se pueda encauzar un proceso que termine con la consecución de justicia para los 85 ciudadanos argentinos que fueron víctima del atentado a la AMIA.
En él existen ambigüedades,  interrogantes e imprecisiones, o sea condiciones básicas que invalidan cualquier acción diplomática seria. El solo hecho que ambos estados difieran sobre lo dispuesto en el punto 5 del memorando (acerca de si solo se podrá preguntar como dice Irán, o si se podrá indagar como dice Héctor Timerman) muestra las deficiencias del convenio.
Por otro lado, no establece cuál es el derecho aplicable, si el de la República Islámica de Irán o el de Argentina, cede soberanía, cambia la jurisdicción y no establece plazos ni efectos sobre la causa.
Pero además el acuerdo contiene violaciones a la Constitución Nacional ya que contradice al Art.109 que señala que “En ningún caso el Presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”.
Con este acuerdo la investigación argentina será cuestionada y prácticamente se volverá a foja cero dándole una especie de punto final a la búsqueda de verdad y justicia que se realizó durante 19 años.
Como dijo el ex canciller Dante Caputo “habría sido natural, en una democracia sana, que un asunto controvertido como éste fuera materia de discusión, esclarecimiento y, sobre todo, consensos con las víctimas directas y todos los sectores de la sociedad nacional”.
Si este acuerdo se convierte en Ley se cambiará la naturaleza del compromiso asumido por el Gobierno: dejará de ser una obligación del actual Poder Ejecutivo ya que al convertirlo en un tratado, se transforma  en un instrumento internacional que involucre a la Nación.
Mientras esto ocurre nos encontramos con las declaraciones del ex vice-canciller Roberto García Moritán quien dijo que hace años Irán buscaba un acuerdo similar, pero reconoció que en su momento Néstor Kirchner descartó esa posibilidad; el ex funcionario indicóque aquel acuerdo ofrecido por los iraníes “también tenía 9 puntos, y aunque con sus matices, tenía el mismo espíritu”.
Diferentes organizaciones de derechos humanos han denunciado que hay permanentes violaciones a los derechos humanos, los derechos civiles, de la libertad de expresión y del derecho de los trabajadores por parte del régimen iraní.
Con esto nos encontramos con un Gobierno que por un lado sostiene un relato de defensa de los derechos humanos, la diversidad sexual, la libertad de expresión, el derecho de los trabajadores, la lucha contra la violencia de género y la igualdad de oportunidades de la mujer  y por otro, legitima y acuerda con un Régimen que viola todas esas premisas y que la Justicia Argentina acusa de instigar, propiciar y cometer el peor atentado terrorista que sufrió la República Argentina. Un régimen que niega el peor genocidio de la historia moderna de la humanidad como fue el holocausto y que propicia la desaparición del Estado de Israel.
Según los principios doctrinales que exponen los regímenes fundamentalistas: es imposible devolver a los musulmanes a su época de esplendor a través de la razón, el diálogo o el compromiso político con apóstatas e infieles. Contrario a ello, sostiene que sólo a través de la fuerza se puede y se debe llevar al enemigo a capitular. En otras palabras, los nuevos socios de Argentina plantean la violencia como único camino.
No se está discutiendo un tema marginal. Nuestro debate es sobre la agresión que sufrió la Argentina de manos de un país extranjero; sobre la necesidad de asegurar que se haga justicia por el crimen de 85 personas; en fin, sobre el acto arbitrario de un Poder Ejecutivo que no explica a sus ciudadanos qué hace y por qué lo hace.

Por: Tadeo García Zalazar
Diputado Provincial de la UCR