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Polémica y dolor de los familiares y víctimas del Próvolo por la venta del predio

Además de los casos penales que se investigan, un grupo de víctimas inició demandas civiles para una reparación económica por daño moral. La oposición pide que se investigue y suspenda la operación de venta que realizó el Municipio de Luján. Piden a Fiscalía de Estado que investigue esta operación y los abogados querellantes buscan embargar el inmueble para sustentar la reparación moral a las víctimas.

La Asociación Obra de San José, hasta el miércoles dueña del predio del instituto Próvolo, seguramente deberá responder por una serie de demandas civiles iniciadas por un grupo de víctimas de los abusos sexuales que reclaman una reparación económica por daño moral.

El requerimiento de los damnificados va más allá y pidieron a la Justicia que tanto los administradores del Próvolo como el Arzobispado de Mendoza arbitren los medios para que no se repitan casos de delitos contra la integridad sexual por miembros de la Iglesia Católica.

Las demandas por daño moral se presentaron en julio, poco después de que la investigación principal por los abusos sexuales y por la corrupción de menores fuera elevada a juicio. Las presentaciones recayeron en distintos juzgados civiles de la provincia y están en la etapa inicial.

En medio de este proceso, cuando recién las partes están siendo notificadas de las primeras actuaciones de la Justicia, la Obra de San José vendió el predio del instituto del colegio religioso a la Municipalidad de Luján por un monto menor que el de la tasación inmobiliaria.

Desde la asociación Xumek y del colectivo de Restitución de Derechos de Sobrevivientes del Próvolo eclesiástico convocaron a una conferencia de prensa para repudiar la medida y denunciaron “la complicidad entre el Estado y la Iglesia”, materializada en esta transacción y que “entorpecen la búsqueda de la verdad y de la justicia”.

Juan Manuel Lavado, representante de un grupo de víctimas junto con el abogado Leandro Rodríguez Pons, afirmó: “Las demandas civiles están en plena etapa de análisis por la Justicia, nos hemos constituido por el derecho que tienen de ser resarcidas por la afectación que ha tenido para sus vidas lo sucedido en el Próvolo”.

Lavado manifestó que si bien se habla de la existencia de un fideicomiso, producto de la operación inmobiliaria para afrontar los compromisos con las víctimas, “no fueron parte del acuerdo y tampoco están expresadas allí, sino a los empleados que fueron despedidos”.

El patrocinante también destacó que el inmueble se vendió sin que la Justicia se haya expedido sobre los valores de las indemnizaciones y dijo: “Hay que destacar que hay casi 200 chicos que la Justicia todavía no ubicó y que podrían ser nuevas víctimas”.

Por otro lado, las demandas fueron acompañadas de informes psicológicos “donde se pone de manifiesto el trauma sufrido y las consecuencias para el resto de sus vidas”.

El temor de las víctimas
El abogado que inició una serie de demandas civiles remarcó que los damnificados tienen temor de que las obras que inicie la Comuna de Luján en el predio “pongan en peligro elementos de prueba para la investigación y a la hora del juicio”.

En ese sentido, Oscar Barrera, otro de los querellantes, agregó: “Hay gente que está haciendo nuevos aportes, que está volviendo a declarar para ampliar hechos, por eso, el edificio es un lugar que está judicializado”.

Si bien el predio no estaba embargado, había una serie de juicios laborales en trámite por el cuerpo docente que fue desvinculado tras el cierre del colegio.

La legalidad de la venta del Próvolo
Mientras los querellantes analizan los instrumentos legales para que no se cercenen los derechos de las víctimas ante el hecho consumado, referentes del Frente de Izquierda (Soledad Sosa, el edil Nicolás Córdoba de Luján de Cuyo y el abogado constitucionalista Carlos Lombardi) presentaron este jueves una denuncia en la Fiscalía de Estado a fin de que su titular revise la legalidad de la compra de inmueble.

En el planteo solicitaron a Fernando Simón que se analice el procedimiento administrativo, teniendo en cuenta que se hizo a un valor menor que lo valuado: $700 millones, contra 153 en que se oficializó la transacción.

El organismo manifestó que la presentación fue aceptada para evaluar la legalidad del acto administrativo, pero no por la compra, ya que es un acto entre privados realizado con fondos de la Comuna de Luján de Cuyo y no del erario provincial.

Por su parte, desde Unidad Ciudadana solicitaron la intervención del Procurador Alejandro Gullé y la suspensión de la compra del inmueble del Próvolo por parte de Luján.

La concejal Paloma Scalco solicitó que el municipio de Lujan “suspenda cualquier acto vinculado con la adquisición del Próvolo atento al pedido de los legisladores a la justicia para que se investigue si la venta es parte de una maniobra para insolventarse y evadir eventuales acciones, ya se pagaría un importe tres veces menor al del mercado; y el tratamiento express”.

“La compra se realiza con el fundamento de un notorio beneficio económico sin prensar en los afectados por los delitos que se investigan en ese Instituto, que habrían pedido la inhibición de bienes y sin tener en cuenta que aún se realizan en el inmueble pericias que forman parte de la investigación judicial”, comentó el diputado Jorge Tanús.

Fuente: El Sol

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