San Luis avanza con la reforma de su Constitución

El Senado de San Luis dio media sanción al proyecto que declara la necesidad de una reforma parcial de la Constitución provincial. La iniciativa obtuvo seis votos a favor y tres en contra, alcanzando los dos tercios requeridos. Ahora deberá ser analizada por la Cámara de Diputados antes de avanzar hacia una eventual Convención Constituyente.

La propuesta fue debatida durante ocho reuniones de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Labor Parlamentaria, con la participación de autoridades, legisladores, especialistas y representantes de universidades. El proyecto contempla la modificación de 23 artículos, la incorporación de otros 23 y la creación de cuatro nuevos capítulos. Según explicó el senador Martín Olivero durante el debate, la aprobación legislativa no modifica por sí misma la Carta Magna, sino que habilita los temas que podrán ser tratados posteriormente por los convencionales constituyentes.

Reelección y nuevo calendario electoral

Uno de los puntos centrales es la modificación del artículo 147 para establecer una prohibición absoluta de una nueva reelección de gobernador después de dos períodos, sean consecutivos o alternados. El proyecto también establece que el período 2023-2027 será considerado como el primer mandato a los efectos de esa limitación.

Olivero destacó que la propuesta alcanza al actual gobernador y sostuvo que, si la ciudadanía lo decide, el período 2027-2031 sería su último mandato. “Nosotros no hacemos la reforma constitucional. Lo único que hacemos es declarar legislativamente la necesidad y la conveniencia de la reforma”, explicó.

El proyecto también modifica el calendario electoral. Diputados y Senado pasarían a renovarse completamente cada cuatro años, en coincidencia con la elección de gobernador. Para implementar el cambio, una cláusula transitoria extendería hasta 2031 los mandatos de los legisladores elegidos en 2025, que originalmente vencen en 2029. El mismo criterio se aplicaría a los concejos deliberantes. El objetivo, según se planteó durante el debate, es concentrar las elecciones, reducir costos y evitar una sucesión permanente de campañas.

El proyecto presentado define como uno de los objetivos de la reforma la modernización de la arquitectura institucional de la Provincia y la adecuación de la Constitución a estándares nacionales e internacionales, junto con la incorporación de nuevos derechos.

Entre los cambios en el régimen electoral se habilita la incorporación del sistema de doble vuelta o balotaje para la elección de gobernador y vicegobernador con el objetivo de garantizar una mayor legitimidad popular de la fórmula electa.

La propuesta habilita también modificar el artículo 75 para incorporar la obligatoriedad de la escolaridad desde los tres años de edad y de la educación secundaria.

Cambios en la Justicia y organismos de control

Otro eje importante es la reforma del sistema judicial. La iniciativa propone separar al Ministerio Público del Poder Judicial y establecer una estructura integrada por una Procuración General y una Defensoría General. También plantea crear un Consejo del Ministerio Público y un Jurado de Destitución propio.

El Consejo de la Magistratura tendría una nueva composición, con representantes de la academia y del Senado. Además, la terna elevada al Poder Ejecutivo sería vinculante, aunque podría apartarse de su orden mediante una decisión fundada. También se propone exigir cuatro años de permanencia mínima en un cargo judicial antes de acceder a nuevas funciones y elevar de tres a cinco años la experiencia requerida para acceder a la magistratura.

El proyecto incorpora, además, un límite de 75 años para integrantes del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal de Cuentas. La medida no afectaría a quienes ya estén en funciones al momento de una eventual reforma. Para ellos se mantendrían las condiciones previstas por la Constitución vigente.

Agua, tecnología y una eventual Convención

Entre los cambios propuestos aparece también el reconocimiento constitucional del agua como derecho humano y recurso estratégico. Su administración quedaría en manos de un funcionario técnico, designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.

La reforma habilita además la creación de capitales alternas en distintas localidades de la provincia, con el objetivo de acercar la gestión provincial al interior. A esto se suman nuevos derechos vinculados con las tecnologías y la inteligencia artificial, como identidad digital, protección de datos frente a algoritmos, acceso a la conectividad y uso ético de las nuevas herramientas.

En materia electoral, el proyecto habilita incorporar la segunda vuelta para gobernador y vicegobernador y propone extender la obligatoriedad de la educación desde los tres años y durante el nivel secundario. También incluye una cláusula federal, nuevas pautas para las relaciones intergubernamentales e internacionales y cambios en el plazo para presentar el Presupuesto provincial.

Si la iniciativa obtiene la sanción definitiva, se convocará a una Convención Constituyente integrada por 52 representantes, elegidos por voto popular en los distintos departamentos. Esa Convención tendrá competencia únicamente sobre los temas habilitados y podrá decidir modificar, mantener o rechazar cada uno de los puntos incluidos en la ley de necesidad de reforma.