Muerte de Magalí Morales: avalan cargos y agravan acusación

El Tribunal de Impugnaciones de San Luis confirmó la formulación de cargos en el caso por la muerte de Magalí Morales y mantuvo medidas de prisión preventiva. También aceptó un pedido de la querella para agravar la acusación contra dos imputadas. La causa continúa en etapa inicial, con un plazo de 120 días para investigar.

Qué resolvió el Tribunal

El fallo corresponde al Auto Interlocutorio Número 40. Allí se analizaron recursos presentados por las defensas y por la querella. Por mayoría, el Tribunal decidió rechazar los planteos de las defensas y confirmar lo dispuesto en la audiencia del 16 de marzo. Esa audiencia marcó el inicio formal del proceso penal.

Además, los jueces hicieron lugar a parte del pedido de la querella. Esto implica un cambio importante: dos de las imputadas ahora enfrentan una calificación legal más grave. Se las considera coautoras del delito de torturas seguidas de muerte. Esta figura tiene consecuencias penales más severas.

Las medidas de prisión

El Tribunal también revisó las medidas de coerción. Se confirmó la prisión preventiva para dos de los imputados: Ontiveros y Clavero. Ambos seguirán detenidos mientras avanza la investigación. En su caso, la Justicia ya había evaluado riesgos procesales, como la posibilidad de entorpecer la causa.

Por otro lado, se dispuso prisión preventiva por 90 días para Torres y Argüello. En la audiencia original, ellas habían recibido medidas menos restrictivas. Ahora, el escenario cambió. El Tribunal consideró que existen elementos suficientes para aplicar una medida más estricta en esta etapa.

Dos hipótesis en juego

Uno de los puntos centrales del fallo es que reconoce la existencia de dos líneas de investigación. Por un lado, está la hipótesis de la Fiscalía. Por otro, la que impulsa la querella particular. Ambas pueden avanzar en paralelo durante esta fase.

Esto significa que la calificación final del caso todavía no está cerrada. Recién más adelante, en la eventual audiencia de control de acusación, se definirá con qué cargos podría llegar el expediente a juicio. Es una etapa clave del proceso.

El origen del caso

La causa se remonta a abril de 2020. En ese momento, regían fuertes restricciones sanitarias por la pandemia. Los hechos ocurrieron en una dependencia policial de Santa Rosa del Conlara. Allí fue detenida Magalí Morales, en circunstancias que luego derivaron en su muerte.

Ese contexto es parte del análisis judicial. Las condiciones de detención y el accionar policial son aspectos centrales en la investigación. Desde entonces, el caso generó atención pública y reclamos de esclarecimiento.

Quiénes están imputados

En la audiencia de marzo, la Justicia imputó a cuatro efectivos policiales. Se trata del subcomisario Clavero, el oficial principal Ontiveros, la sargento ayudante Argüello y la oficial Torres. A cada uno se le atribuyen responsabilidades distintas.

Clavero y Ontiveros están acusados como presuntos autores de delitos graves. Entre ellos, privación ilegal de la libertad, tortura seguida de muerte e incumplimiento de deberes. Son los cargos más severos dentro del expediente.

En el caso de Argüello, la imputación inicial incluía omisión de denunciar torturas y otros incumplimientos. Para Torres, se consideraron delitos vinculados a la omisión de denunciar y demoras en sus funciones. Sin embargo, con la nueva resolución, parte de estas imputaciones se agravaron.

Qué viene ahora

La causa sigue en investigación penal preparatoria. El Ministerio Público Fiscal tiene un plazo de 120 días para reunir pruebas. En ese tiempo, se pueden tomar testimonios, analizar peritajes y reconstruir lo ocurrido.

Luego de esa etapa, el caso podría avanzar hacia una audiencia de control de acusación. Allí se definirá si hay elementos suficientes para llevar a juicio a los imputados. También se establecerá la calificación legal definitiva.

Por ahora, la resolución del Tribunal marca un punto importante. Confirma el rumbo inicial del proceso y endurece parte de las acusaciones. El expediente sigue abierto y todavía quedan pasos clave antes de una definición final.

Fiscalía solicitó la prisión preventiva para los dos uniformados y medidas morigeradas para las mujeres, pedidos al que hizo lugar el juez Nicolás Coppola luego de escuchar las partes y analizar cada una de sus exposiciones.

• Clavero y Ontiveros fueron enviados al Servicio Penitenciario Provincial por un plazo de 90 días mientras continúa la investigación. A ambos se los investiga por ser presuntos autores de los delitos de privación ilegal de la libertad, tortura seguida de muerte e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

• Arguello, en cambio, fue imputada por omisión de denunciar torturas, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión o retardo de actos de oficio, mientras que Torres lo fue por omisión de denunciar torturas y omisión o retardo de actos de oficio