San Juan: clausuraron cinco chatarrerías por cobre

La Policía de San Juan clausuró cinco chatarrerías y recuperadoras de Caucete, Pocito y Rawson durante una serie de controles realizados entre el 4 y el 6 de agosto. Los procedimientos terminaron con el secuestro de más de 32.700 kilos de material no ferroso, principalmente cobre, valuados en unos $460 millones.

Tres departamentos bajo la lupa policial

Los operativos fueron desplegados en el marco de una investigación por daños a transformadores de energía eléctrica y robo de cobre, dos delitos que afectan directamente a la infraestructura de servicios. Personal de la División Policía Rural, la Unidad de Apoyo Investigativo y la Sección Leyes Especiales recorrió distintos establecimientos dedicados a la compra y venta de chatarra.

El objetivo fue verificar que los comercios cumplieran con la Ley Provincial N° 2437-J, que regula la tenencia, comercialización y transporte de materiales no ferrosos, además de las disposiciones previstas en el Código de Faltas. En las inspecciones aparecieron irregularidades en documentación, habilitaciones y, en algunos casos, en la acreditación del origen de grandes cantidades de materiales.

El despliegue comenzó el 4 de agosto en Caucete y continuó al día siguiente en Pocito. Finalmente, el 6 de agosto llegó a Rawson, donde se produjo el mayor secuestro individual del operativo.

Caucete: tres clausuras y 7.500 kilos secuestrados

En Caucete fueron inspeccionados tres establecimientos. En la Chacarita “Don Antonio”, ubicada sobre calle Urquiza, los policías constataron que el encargado, de apellido Varela, exhibió una habilitación vencida y tenía desactualizado el Libro de Industria y Comercio.

Por disposición de la Jueza de Paz de Caucete se dispuso la clausura supeditada por infracciones a los artículos 98, 99, 162 y 184 de la Ley 941-R.

En el Loteo Los Andes, la situación fue más significativa. La denominada “Chacarita Acosta” fue clausurada preventivamente porque su propietario no contaba con las habilitaciones correspondientes y tampoco pudo acreditar la procedencia de 7.500 kilos de recortes de cables y bobinados de material no ferroso. Todo ese material fue secuestrado.

La tercera intervención se realizó en “Las Huellas Compartidas”, ubicada en calle Córdoba, Villa Independencia. Allí se detectó la falta de habilitaciones y del Libro de Industria y Comercio. La Jueza de Paz, Dra. Silvana Salva, ordenó la clausura supeditada.

En Pocito detectaron cables de alta tensión

El operativo continuó el 5 de agosto en la recuperadora “Don Mariano”, ubicada sobre calle Lemos, entre calles 5 y 6, en Pocito. Allí los efectivos entrevistaron al encargado, de apellido Hernández, y encontraron inconsistencias en la documentación del establecimiento.

Entre las irregularidades detectadas figuraban un certificado eléctrico vencido y un Libro de Industria y Comercio desactualizado. Pero además apareció un elemento de especial interés para la investigación: 120 kilos de cables de alta y media tensión cuyo origen no pudo ser acreditado.

El material fue secuestrado luego de que personal de Naturgy lo reconociera como compatible con elementos pertenecientes a la empresa. Ante las irregularidades detectadas, la jueza del Juzgado de Paz Letrado de Pocito, Dra. Laura Asandri, dispuso la clausura preventiva del establecimiento.

Rawson: el mayor secuestro del operativo

El procedimiento de mayor volumen se concretó el 6 de agosto en Rawson, en la Chacarita “Metal Sur S.R.L. - Recuperadora Fernández”, ubicada en calle Lemos 1436 Sur.

Durante la inspección, los efectivos detectaron que el propietario, de apellido Fernández, tenía desactualizado el Libro de Industria y Comercio. También encontraron una enorme cantidad de material no ferroso: 32.670 kilos, aparentemente cobre, cuya procedencia no estaba documentada.

Por disposición del Dr. Enrique Mattar, del 3° Juzgado de Faltas, se ordenó el secuestro del material y la clausura supeditada del establecimiento.

La cantidad encontrada en Rawson representa por sí sola la mayor parte del volumen total secuestrado durante los tres días de controles y puso nuevamente el foco sobre la trazabilidad del cobre y otros materiales que ingresan al circuito de compraventa de chatarra.

Más de 32 toneladas y $460 millones

El resultado global de los procedimientos fue contundente. La Policía de San Juan informó que se secuestraron más de 32.700 kilos de material no ferroso. De acuerdo con las estimaciones oficiales, el valor de mercado actual de esos elementos ronda los $460 millones.

El dato adquiere especial relevancia porque la investigación que originó los controles está relacionada con robos de cobre y daños sobre transformadores eléctricos. La sustracción de cables y otros componentes de instalaciones de energía puede provocar interrupciones del servicio, daños materiales y costos adicionales para las empresas y los usuarios.

Por ese motivo, los controles no se limitaron a verificar las condiciones comerciales de los establecimientos. También apuntaron a determinar si los materiales almacenados cuentan con documentación que permita conocer su procedencia y descartar que hayan sido obtenidos mediante hechos delictivos.

Los controles continuarán

La Policía de San Juan anticipó que mantendrá los controles sobre comercios dedicados a la compraventa de chatarra y recuperadoras, además de reforzar las inspecciones en rutas provinciales para detectar el transporte irregular de materiales no ferrosos.

La estrategia busca cortar una posible cadena que comienza con el robo de cables o componentes de infraestructura y termina con su ingreso al circuito comercial como material de descarte. Para eso, la trazabilidad y la documentación sobre el origen resultan elementos centrales.

Las cinco clausuras y el secuestro de más de 32 toneladas de material dejan ahora actuaciones administrativas y judiciales que deberán avanzar en cada jurisdicción. Mientras tanto, los procedimientos realizados en Caucete, Pocito y Rawson marcan un fuerte operativo provincial sobre un mercado que, por el valor del cobre, se convirtió en un punto sensible para la prevención de delitos contra la infraestructura eléctrica.