Mientras crece el empleo minero en el país, se derrumba en San Juan por su cuestionable política provincial. La minería es una fuente de trabajo y desarrollo para el país, aunque en San Juan las medidas que viene aplicando el gobierno provincial no logran alcanzar los exitosos resultados que obtienen las demás provincias mineras de Argentina.

Los datos de la Secretaría de Minería de la Nación, son más que claros. Mientras el empleo minero crece en el país, en San Juan se derrumba, desnudando que la tan publicitada política en materia minera sigue un rumbo incierto, también respecto a los puestos de trabajo.

El empleo minero a nivel nacional creció un 6,8% interanual, pero en San Juan, a contramano de lo que pasa en el país de la mano del litio y el cobre, cayó un -10,2% con respecto a igual mes del año anterior. Semejante derrumbe no es casual.

El informe de la repartición nacional, puntualiza que la pérdida del trabajo minero sanjuanino se da sobre todo en los proyectos metalíferos, con una merma aún superior y que alcanza al -10,8%. El desplome de los puestos de trabajo ocupados por mujeres fue del orden del -3,6%, mientras que en el sector de los proveedores de servicios mineros la perdida de trabajo impactó aún más fuerte y alcanzó un -14,5%.

Pero a diferencia de lo que pasa en San Juan, este último informe mensual sobre el empleo provincial en la minería argentina, con cifras de mayo pasado, muestra que casi todas las provincias mineras pudieron aumentar la creación de nuevos puestos de trabajos mineros, excepto claro, San Juan y Santa Cruz.

En ese envidiable contexto para los sanjuaninos, Salta se destaca con un aumento del 44,6% del empleo minero y Catamarca, con un incremento del 30,2% de trabajadores mineros. Luego están entre, las provincias con mayor crecimiento interanual en mayo del empleo minero, La Rioja (66,7%), Rio Negro (29,5%), Jujuy (18,2%), Córdoba (8,5%), CABA (6,7%) y Buenos Aires (6,4%)

La minería en San Juan, representa solamente el 5,8% del empleo privado con 4.762 puestos de trabajo, a mayo pasado. Una cifra significativamente inferior a los 10.000 puestos de trabajo que llegó a generar solamente la construcción de la malograda mina Pascua Lama, entre Atacama (Chile) y San Juan (Argentina).

A modo de comparación, la construcción de San Juan en igual mes de mayo pasado, alcanzó los 12.258 puestos de trabajo, es decir triplicó la cantidad de empleo minero, con un aumento del 17,7%. A decir de estos resultados, la política minera que viene implementando San Juan no es un buen ejemplo a seguir. Es más, pareciera que dista mucho de ser un modelo exportable al resto del país, como se intentó transmitir sin éxito, con la asunción en 2019 del entonces ministro de Minería sanjuanino, el abogado Alberto Hensel, en la secretaría de Minería de Alberto Fernández, a nivel nacional.

La continuidad de esta gestión poco fructífera, por parte del profesor Carlos Astudillo a cargo desde 2019 de dicha cartera, explica a todas luces, como se descascara la política minera con este innegable retroceso en una de las principales actividades que golpea con dureza en la economía de San Juan.

La caída del empleo

A la hora de analizar la situación, la mina Gualcamayo de Jáchal que llegó a tener cerca de 700 empleados de manera directa, lleva adelante desde hace más de un año un proceso de reestructuración y despidos de gran parte de su personal, producto del agotamiento del mineral. Estos despidos impactan manera directa en Jáchal y sobre la contratación de servicios y los puestos de trabajos indirectos.

Las consecuencias no la disimulan empresarios de Jáchal y hasta las propias autoridades municipales. Los despidos también se dieron en la mina Veladero, de Iglesia, donde además de los 600 trabajadores indirectos que se desempeñaban en la obra de ampliación de la llamada Fase 7, también hubo despidos de empleados jerárquicos y profesionales, desde principios de año, dijeron fuentes allegadas al sector.

Barrick implementó un plan de racionalización a nivel global ante la caída sufrida en la primera mitad de año de los precios del oro, que alcanza a un tercio de su nivel corporativo. Barrick eliminó cerca de 100 puestos de trabajo, la mayoría en Canadá, pero también en sus oficinas regionales. Ahora la empresa, decidió retomar los trabajos de ampliación de la Fase 7.

Cuando Sergio Uñac llegó al gobierno sanjuanino en 2015, existían 3 minas metalíferas en etapa de producción, como son Veladero, Gualcamayo y Casposo en Calingasta. Pero 8 años después, nos encontramos que prácticamente solo se encuentra en producción la mina Veladero, que Gualcamayo está prácticamente agotada y Casposo cesó su actividad en 2018.

Ni Alberto Hensel ni Carlos Astudillo, pusieron con sus gestiones ministeriales nuevas minas metalíferas en producción. Hay proyectos en etapa de evaluación ambiental, como Los Azules y Hualilán pero que Josemaría, sigue sin fecha de inicio de construcción, luego de un controvertido, muy observado y acelerado trámite de aprobación, de su declaración de impacto ambiental.

La ecuación de su elevado costo de construcción sobre la cantidad de reservas, es otro dato a tener en cuenta, a la hora de considerar la explotación y vida útil del yacimiento, ante un incierto y peligroso contexto económico del país.

Sin dudas que son las empresas de exploración, las que sostienen el empleo y la inversión minera en San Juan, con proyectos como Pachon, donde Glencore emplea cerca de 450 empleados, con más de 80 millones de dólares invertidos desde 2019, las mayores cifras entre las empresas juniors en San Juan.

También se destacan Los Azules, con 165 empleados directos, Altar con 80 personas aproximadamente y Hualilán que tuvo el record de exploración tanto en cantidad de metros, como de resultados. Hensel primero y Astudillo actualmente, mantienen un relato intentando demostrar que ejercen un seguimiento constante de las inversiones y labores mineras de las empresas. En ese sentido, caducaron o dieron de baja concesiones o propiedades mineras, incluso a las empresas que más invierten como Glencore o McEwen Mining.

Los trámites administrativos se han vuelto durante los últimos años, excesivamente burocráticos. Hay informes de Impacto Ambiental presentados por empresas para tareas de prospección que llevan más de un año de tramitaciones, sin ningún resultado. Asimismo, hay expedientes de informes de impacto ambiental para trabajos de exploración que directamente desaparecieron o se “extraviaron” y las empresas llevan largo meses tramitando su reconstrucción.

Estas demoras, frenan las inversiones de empresas mineras, impidiendo la generación de nuevos puestos de trabajos, la contratación de proveedores de servicios y de trabajadores indirectos. También, buscan generar la imagen de una supervisión ambiental estricta con un nuevo edificio para la Policía Minera o cámaras de seguridad en Veladero donde fueron los multados derrames.

Sin embargo, estas publicitadas medidas no terminan de convencer a las comunidades que desconfían de los controles y dudan de la precisión de los resultados de análisis que instrumentan la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero y el El Centro de Investigación para la Prevención de la Contaminación Ambiental Minero Industrial (CIPCAMI).

El edificio de dicha secretaría, muestra a las claras la falta de un adecuado mantenimiento, mientras que en las instalaciones del Cipcami falleció este año un trabajador que realizaba tareas dentro del predio, al parecer por una descarga eléctrica.

La falta de confianza en los controles ambientales mineros, perjudica de manera directa a la minería que requiere de una licencia social por parte de las comunidades y son las propias empresas que deben sortear estos obstáculos.

Los planes de comunicación de las empresas mineras y los programas de desarrollo comunitarios, muchas veces deben sufrir también la muy poco eficiente comunicación de parte de las propias autoridades que eluden contestar las consultas y los cuestionamientos de algunos sectores de las comunidades.

Por el contrario, prefieren mostrarse dadivosos en actos oficiales, a través de inauguración de obras o donaciones financiadas con fondos recaudados por medio de los aportes que las mineras o proveedores, llevan a cabo a través de regalías mineras, fondos fiduciarios para infraestructura o el Fondo Especial para el Desarrollo Minero, que impone retener el exiguo porcentaje del 4 por 1000 a prestadores de servicios mineros.