El juez federal con competencia electoral, Walter Bento, envió a la prensa su descargo sobre las acusaciones de haber cobrado "coimas" millonarias para bajar la gravedad de delitos federales y evitar la cárcel a los imputados y lo hizo utilizando una "guerra jurídica" que es la traducción de la palabra inglesa "lawfare", que fuera creada para referirse al ataque contra oponentes utilizando indebidamente los procedimientos legales, para dar apariencia de legalidad.

Y lo hizo olvidando, tal vez, aquella frase escrita desde siempre de que un juez debería hablar por sus sentencias ante un debido proceso y no por utilizando los medios periodísticos que nunca fueron sus fuentes porque casi siempre prefirió el silencio ante los periodistas. Y mientras la causa continúa bajo secreto de sumario y, por ello, se suspendió la indagatoria prevista hace unos días, el juez que continúa "trabajando" en su despacho del segundo piso de los Tribunales Federales asegura en su defensa que "los hechos que se le imputan no existieron", agregando a renglón seguido que "ninguna prueba o conversación me liga a esas personas...", en clara referencia a los tres abogados imputados, y que confesaron haber llegado a un arreglo económico.

Más adelante el magistrado que ocupa el sillón dejado vacante por Luis Leiva (que terminó siendo destituido) asegura que "no se acreditó que se me hubiese efectuado un pago", aclarando que "mi patrimonio, viajes muchos de ellos llevados a cabo por mis tareas electorales (y que según lo informado por Migraciones, en 10 años (2007 al 2017) el magistrado salió del país en 69 ocasiones registrando 761 días fuera de su despacho), los gastos cotidianos se encuentran plenamente justificados y declarados ante las autoridades. Se han abonado los impuestos correspondientes. Todos los bienes se encuentran registrados a nombre de mi grupo familiar. No se acudió a testaferros o sociedades.

Todo se encuentra a nuestro nombre y declarado ante toda autoridad competente.", remarcó en el comunicado enviado a los medios.

Acusaciones

Y agrega: "He comprobado un actuar ilegal de ciertos funcionarios que me acusan soslayando elementales garantías constitucionales propias de un Estado de Derecho para perjudicarme e involucrarme en delitos inexistentes.

Así, por ejemplo, se designaron irregularmente al juez y fiscal intervinientes, que actúan sin ser imparciales y objetivos, se me escondió el expediente para que no intervenga en el proceso y pueda defenderme o participar en peritajes, (...), y acuden al perverso método de los arrepentidos sobre personas detenidas prometiéndoles su libertad o la de su familia y beneficios a cambio de involucrarme en hechos que no sucedieron", confió el magistrado.

Remarcando finalmente que "soy víctima de un verdadero caso de lawfare concebido por un inescrupuloso fiscal, un juez de Primera Instancia y ciertos jueces de Cámara, lo cual dificulta mucho mi defensa real", para terminar asegurando que "la verdad, aunque todos procedan ilegítimamente y sin límites, a la corta o a la larga, quedará en evidencia".