Detienen en Mendoza a dos acusados por odio nazi
Cómo comenzó la investigación
La causa se inició en octubre 2024, tras un informe elaborado por la División de Coordinación Antiterrorista de la Policía de Mendoza. El documento alertó sobre una serie de publicaciones detectadas en redes sociales que incluían expresiones antisemitas, consignas de violencia explícita y amenazas directas contra el jefe de Estado.
A partir de ese material, el expediente fue remitido a la Justicia Federal y se dio intervención al Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina. Los investigadores analizaron perfiles digitales, mensajes públicos y contenidos compartidos de manera reiterada.
Entre las frases detectadas figuraban expresiones como “A las ratas se las deben envenenar” y mensajes que instaban a la violencia directa, incluyendo amenazas contra el Presidente de la Nación Argentina. El análisis permitió establecer patrones de conducta, horarios de publicación y posibles vínculos entre los involucrados. Con esos elementos, el juzgado interviniente autorizó medidas de prueba más amplias, que incluyeron tareas de inteligencia digital y la identificación de los presuntos autores.
Según fuentes del caso, las publicaciones no eran aisladas ni circunstanciales, sino que formaban parte de un discurso sistemático de odio y hostigamiento. La investigación avanzó durante varias semanas con el objetivo de reunir evidencia suficiente antes de proceder a los allanamientos y detenciones.
El operativo y el encuadre legal
Con las órdenes judiciales correspondientes, efectivos del DFI realizaron allanamientos en domicilios ubicados en la provincia de Mendoza. Durante los procedimientos, se detuvo a dos hombres mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia Federal. Además, se secuestraron dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes para profundizar el análisis del material digital, determinar el alcance de las publicaciones y establecer si existieron otras personas involucradas.
La causa se tramita bajo la presunta infracción a la Ley 23.592, que sanciona actos discriminatorios motivados por razones de raza, religión, nacionalidad, ideología u otras condiciones. Esta normativa también contempla agravantes cuando los hechos incluyen incitación a la violencia o amenazas.
Tras conocerse el operativo, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, se refirió al caso a través de sus redes sociales. En su mensaje afirmó que los detenidos no solo llamaban a matar al presidente Javier Milei, sino que también promovían el fusilamiento de la comunidad judía, y destacó la actuación del DFI en la investigación.
La funcionaria remarcó una política de “tolerancia cero” frente al antisemitismo y sostuvo que la discriminación y la violencia no tienen lugar en la Argentina. Mientras avanza el proceso judicial, los detenidos permanecen a disposición del juez interviniente, que deberá resolver su situación procesal en función de las pruebas reunidas. Las autoridades señalaron que la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas medidas para determinar si existieron más responsables o redes de difusión asociadas a los mensajes detectados.