Buscan excluir a funcionarios de viviendas IPV

La iniciativa, impulsada por el senador Mauricio Sat, apunta a evitar privilegios y garantizar que estos recursos lleguen a quienes más lo necesitan.

Una propuesta para limitar beneficios

El proyecto establece que ningún funcionario de los tres poderes del Estado provincial, ni del ámbito municipal, podrá acceder a viviendas financiadas por el IPV. La restricción también alcanza a familiares directos y a personas vinculadas comercialmente con ellos.

Según el texto, la medida busca cerrar posibles vías indirectas de acceso a estos beneficios y evitar situaciones de discrecionalidad en la asignación. El objetivo central es reforzar la transparencia en el uso de recursos públicos destinados a políticas habitacionales.

Argumentos detrás de la iniciativa

Desde el entorno del legislador explicaron que la propuesta surge para prevenir abusos de poder vinculados a determinados cargos. En ese sentido, se plantea que quienes ocupan funciones públicas no deberían acceder a este tipo de programas, diseñados para sectores con mayores necesidades.

La iniciativa se enmarca en un debate más amplio sobre la equidad en la distribución de viviendas sociales. En Mendoza, el acceso a estos programas suele estar condicionado por la demanda sostenida y los tiempos prolongados de espera.

Apoyo de vecinos

En distintos puntos de la provincia, vecinos expresaron su respaldo a la propuesta. Entre los testimonios recogidos, varios coincidieron en que las viviendas deberían priorizar a familias en situación de vulnerabilidad.

“Deberían ser para la gente más carenciada”, señaló un vecino. Otros remarcaron las dificultades para acceder a una vivienda pese a estar inscriptos durante años en el IPV, lo que refuerza el reclamo por criterios más justos.

Debate abierto en la Legislatura

El proyecto deberá ser analizado en la Legislatura provincial, donde podría generar debate entre los distintos bloques políticos. La iniciativa pone en discusión el alcance de los beneficios estatales y el rol de los funcionarios en el acceso a políticas públicas.

Mientras tanto, el planteo ya instaló el tema en la agenda pública. La discusión sobre cómo garantizar transparencia y equidad en el acceso a la vivienda vuelve a tomar protagonismo en Mendoza.