En marzo de hace 2 años la fiscal federal  de Mendoza Maria Alejandra Obregón elevó una causa de acopio y comercialización de droga y este jueves, después de una maratónica audiencia, el Tribunal integrado por los jueces Paula Marici, Alejandro Piña y Alberto Carelli, en forma coincidente al reclamo de fiscal Maria Gloria André, condenó a Roberto Luis Di Lorenzo Jorquera, de 42 años a la pena de 12 años de prisión al considerarlo responsable del delito previsto en la Ley 23.737 cuando habla de "organización y financiamiento agrado por la intervención de tres o más personas".

Mientras que para Ramón Robles la pena fue de 9 años de cárcel al ser considerado "proveedor de la sustancia secuestrada".

A Damián Fabián Barceló a 7 años de prisión como "coautor" de la misma figura penal y 6 años de cárcel para Juan Carlos Palacio y Luis Miguel Moreira. El principio La investigación se inició después que una denuncia anónima formulada el día 13 de febrero de 2019 al servicio telefónico del Ministerio de Seguridad (conocido como Fonodrogas) donde se daba cuenta de que Roberto Di Lorenzo estaría "financiando" el tráfico de estupefacientes desde el norte argentino a Mendoza.

Con la droga en la provincia y con la complicidad de otros sujetos a los que se identificó como Juan Carlos Palacio (a) “Pelado” y Luis Miguel Moreira, a cargo de la logística de los viajes". Y después de varios meses de seguimientos y escuchas telefónicas, se logró la detención de dos vehículos cuando ingresaron a la provincia por la ruta 7 donde se movilizaban los acusados y durante la requisa se encontraron con casi 15 kilos de cocaína que se habían ocultado en el interior del respaldar del asiento trasero y que había sido acondicionada en 6 envoltorios tipo ladrillo envueltos en papel metalizado y papel film transparente, 8 envoltorios tipo ladrillo envueltos en papel azul y papel film y dos mitades realizadas con cinta de empaque marrón.

A juicio

Los ya condenaron llegaron a un juicio que después de varias audiencias donde se escuchó la acusación fiscal a la que respondieron, los defensores se llegó al dictado de sentencia con el agregado que los vehículos secuestrados pasarán al Ministerio de Seguridad para ser utilizados en la lucha contra el narcotráfico, mientras que la droga será incinerada.