El lunes 20 de octubre, pero del año 2008, se abrió el primer juicio contra represores en Cuyo y fue en San Luis. Se investigó el asesinato de Graciela Fiochetti, la desaparición de Pedro Valentín Ledesma y Sandro Santana Alcaraz, todos estudiantes universitarios en los años 1976.

Frente al Tribunal integrado por el puntano Raúl Alberto Rodríguez y los jueces mendocinos Roberto Burad y Roberto Nacif estuvieron sentados en el banco como acusados el teniente coronel Carlos Esteban Pla, conocido como el “señor de la muerte”, el ex coronel Miguel Ángel Fernández Gés, ex comandante del Grupo de Artillería 141, de San Luis; el comisario David Becerra, ex jefe del Departamento Informaciones de la Policía; el subcomisario Juan Carlos Pérez, subjefe de informaciones de la Policía y el cabo Luis Alberto Orozco.

La acusación fiscal estuvo en manos de Mónica Spagnuolo quien había concretado durante varios meses el formal requerimiento de elevación a juicio contra los autores de asesinatos, desapariciones y torturas en la provincia puntana.

Cinco meses después, el 13 de marzo de 2009, los jueces condenaron a todos a la pena de prisión perpetua y de cumplimiento efectivo en una cárcel común.

En sus disposiciones, el fallo pidió, además, que se continúe la investigación de funcionarios militares, policiales, judiciales y de civiles, entre los que se encontraban Carlos Pereyra González, integrante en ese momento de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, y el ex obispo de San Luis monseñor Juan Rodolfo Laise (ambos fallecidos). 

Las víctimas

Graciela Fiochetti fue detenida en su casa de La Toma el 21 de septiembre de 1976, cuando tenía 22 años. Días después, el subjefe de la policía, Esteban Plá, informó que la joven había sido liberada, pero nunca más fue vista y su cadáver fue encontrado en Las Salinas del Bebedero.

Sandro Santana Alcaraz, tenía 21 años cuando fue secuestrado del interior de la facultad de Farmacia en la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) y era de la JUP.

Pedro Valentín Ledesma, era de la JUP, maestro rural y estudiante de Pedagogía en la UNSL. Fue secuestrado por personal militar en la vía pública el 22 de septiembre de 1976, cuando tenía 21 años y nunca fue encontrado.

Este fue el primer juicio por delitos de lesa humanidad de Cuyo, debates que después se multiplicaron en Mendoza y San Juan.