Comenzó juicio por abuso sexual agravado en San Luis

El juicio oral contra un hombre acusado de abuso sexual agravado y corrupción de menores comenzó este martes en San Luis. El proceso se desarrolla con tribunal unipersonal y bajo reserva de identidad de las víctimas. La Fiscalía sostiene cargos por hechos reiterados, ocurridos en un contexto de convivencia, que habrían causado graves daños psicológicos.

Cómo se llegó a esta instancia judicial
El debate tiene lugar en la Primera Circunscripción Judicial de San Luis y se lleva adelante bajo la modalidad de Tribunal de Juicio Unipersonal, una opción prevista por la ley y ejercida por el propio imputado. El magistrado a cargo es el juez José Luis Flores, designado mediante sorteo. En la audiencia inicial, el Fiscal de Juicio N.º 2, Fernando Rodríguez, presentó la acusación provisoria con la que la causa fue elevada a juicio, repasando el origen de la investigación y los ejes centrales que guiarán el proceso.

La causa se inició a partir de una denuncia realizada el 20 de abril de 2021, hecho que dio lugar a una investigación extensa, con producción de pruebas testimoniales, periciales y documentales. Desde el comienzo, el expediente se tramitó bajo criterios estrictos de confidencialidad para proteger a las víctimas, todas menores de edad al momento de los hechos.

El fiscal explicó que los episodios investigados se habrían producido en un marco de convivencia preexistente entre el acusado y las víctimas, una circunstancia que, de acuerdo con el Código Penal, agrava la responsabilidad penal. También señaló que las causas fueron acumuladas porque se encontraban en la misma etapa procesal, lo que permite un abordaje integral de los hechos y evita resoluciones contradictorias.

Según la Fiscalía, esta decisión garantiza el debido proceso, el derecho de defensa del imputado y una respuesta judicial coherente frente a hechos de extrema gravedad. El inicio del juicio marca así una etapa decisiva, en la que las partes expondrán sus argumentos ante el juez y se evaluará la prueba reunida a lo largo de la investigación.

Los hechos que integran la acusación fiscal
De acuerdo con la teoría del caso presentada por el Ministerio Público Fiscal, el acusado es señalado como autor material y penalmente responsable de diversos delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado, agravados por el vínculo y la convivencia, además de abuso sexual gravemente ultrajante, todos en concurso real, conforme al artículo 119 del Código Penal y normas complementarias.

Uno de los hechos más relevantes involucra a una adolescente que tenía entre 13 y 14 años al momento de los abusos y que convivía con el imputado y su madre. Según lo relatado en la audiencia, en ese contexto se habría producido un episodio de abuso sexual con acceso carnal dentro del domicilio familiar. Como consecuencia de ese hecho, la joven quedó embarazada y posteriormente dio a luz a un niño.

La paternidad fue confirmada mediante estudios genéticos incorporados al expediente, cuyos resultados, según la Fiscalía, acreditan el vínculo biológico con el acusado. Este elemento es considerado central dentro de la acusación, tanto por su gravedad como por el impacto que tuvo en la vida de la víctima.

El fiscal remarcó que estos hechos no fueron aislados, sino que se inscriben en una dinámica de abuso sostenido en el tiempo, aprovechando una relación de poder y confianza. La acusación sostiene que la situación de convivencia facilitó la comisión de los delitos y profundizó el daño causado, ya que las víctimas se encontraban en un entorno que debía ser de protección y cuidado.

Otras víctimas y el impacto del daño causado
La acusación fiscal también incluye hechos que habrían tenido como víctima a la hija biológica del imputado. Según lo expuesto, la niña tenía entre 8 y 13 años al momento en que se habrían producido los abusos. Los episodios, siempre de acuerdo con la investigación, ocurrieron de manera reiterada cuando la menor quedaba sola con su padre, tanto en domicilios particulares como en otros contextos.

Algunos de estos hechos se habrían consumado, mientras que uno fue calificado en grado de tentativa, debido a que no pudo concretarse por la intervención de un tercero. La Fiscalía sostuvo que las conductas atribuidas provocaron un grave daño en la salud psíquica de ambas víctimas, una circunstancia que la ley contempla como agravante. En ese sentido, se mencionaron informes y pericias psicológicas que dan cuenta de las secuelas emocionales y del impacto profundo que estos hechos tuvieron en su desarrollo.

El fiscal explicó que estos elementos serán analizados durante el debate, junto con los testimonios y demás pruebas ofrecidas por las partes. A lo largo del juicio, el juez deberá valorar no solo la materialidad de los hechos, sino también el contexto en el que ocurrieron y las consecuencias que generaron. El objetivo, subrayó la acusación, es que el proceso permita una respuesta judicial acorde a la gravedad de los delitos imputados, siempre respetando las garantías constitucionales.

Las partes intervinientes y el desarrollo del debate
En el juicio intervienen distintos actores del sistema judicial, cada uno con un rol específico. El Defensor Oficial de Niñez, Adolescencia e Incapaces, Sebastián Privitera, participa en resguardo de los derechos de las víctimas menores de edad, asegurando que sus intereses estén debidamente representados durante todo el proceso. También actúa como querellante la abogada Fernanda Pereyra Jameson, quien representa a las damnificadas y acompaña la acusación fiscal.

Por su parte, la defensa del imputado está a cargo del abogado Héctor Zavala Agüero, quien rechazó la acusación en la mayoría de los hechos, con excepción de uno, y sostuvo la inocencia de su defendido. El defensor adelantó que esa postura será demostrada a lo largo del debate mediante la producción y el análisis de la prueba. El juicio se desarrollará a lo largo de tres jornadas consecutivas, los días 13, 14 y 15 de enero.

Durante ese período se prevé la declaración de testigos, la incorporación de pericias, informes técnicos y otros elementos probatorios ofrecidos por las partes. Una vez finalizada esta etapa, el magistrado deberá evaluar la prueba en su conjunto y resolver si corresponde dictar una sentencia condenatoria o absolutoria, cerrando así un proceso judicial de alto impacto y sensibilidad social.