Cornejo a constructores: 900 mil millones en obras

El gobernador Alfredo Cornejo defendió la inversión pública de Mendoza ante la Cámara Argentina de la Construcción filial local. Aseguró que en 2026 representa el 14,5% del gasto total, el nivel más alto en 26 años, y que el presupuesto 2027 prevé 900 mil millones de pesos para infraestructura, con oportunidades para las empresas constructoras.

El mandatario habló en la cena de fin de año de la entidad. Comenzó agradeciendo la invitación y un trabajo conjunto que, según dijo, permitió discutir las obras que necesita la provincia y las condiciones para realizarlas. Luego organizó su exposición en torno a tres preguntas: cómo se sostiene la inversión pública en el contexto económico actual, cuáles son las principales obras de la provincia y qué oportunidades se abren para las constructoras. Antes de entrar en el detalle, dijo que acompaña el ordenamiento macroeconómico del país, porque la Argentina necesita estabilidad para recuperar el crédito y para impulsar la inversión, que definió como el motor del crecimiento. Recordó que la construcción cayó en casi todo el país y que la inflación fue muy dañina para el ciudadano común, para el más pobre y para el asalariado, pero también para las empresas, tanto en la obra privada como en la pública. En ese escenario, sostuvo, Mendoza mantuvo la obra pública y la Cámara tiene motivos para festejar a fin de año, porque la provincia estuvo en obra todo el tiempo. Agradeció, además, que el presidente de la entidad hubiera reconocido ese esfuerzo en su propio discurso.

Inversión récord

Cornejo detalló que en 2026 la inversión pública alcanzó el 14,5% del gasto total del presupuesto aprobado por la Legislatura, el porcentaje más alto en 26 años consecutivos. Del presupuesto 2027, que espera ver aprobado antes de fin de año junto con el nacional, dijo que prevé 900 mil millones de pesos vinculados a infraestructura pública, y anticipó que se sostendrá el ritmo de obra durante el último año de su gestión. Atribuyó ese esfuerzo a la política fiscal de su administración: habló de seis años consecutivos de ahorro positivo en el Estado, de una baja del 39% en la deuda en dólares desde 2015 y de créditos de fomento, a tasas bajas, destinados a infraestructura en salud, educación, rutas, agua, saneamiento y obras hídricas. Agregó que el empleo público provincial se redujo más de un 10% y que el gasto cayó 20% en términos reales, aunque sostuvo que los servicios esenciales están en un nivel superior al de 2015. En materia impositiva, afirmó que Ingresos Brutos baja todos los años desde 2017 y que eso le devolvió al sector privado más de 1.200 millones de dólares. La provincia mantiene un sendero para llevar Sellos a una alícuota general de 0% en 2030, con recortes anuales de entre 0,10 y 0,25 puntos y excepciones para contratos de obra pública y créditos productivos. Dijo que preferiría eliminar Ingresos Brutos, pero que antes habría que modificar la coparticipación, y que la baja sostenida de ese impuesto está reconocida por informes de organizaciones privadas, como el Consejo Empresario Mendocino. Aclaró que ese esfuerzo tiene números concretos y responde a un programa de gobierno con un equipo detrás.

El gobernador presentó cifras de las contrataciones de su gestión: 199 licitaciones, con 185 adjudicaciones, algunas todavía en trámite, y 101 de ellas por debajo del presupuesto oficial. Participaron 167 empresas y 99 ganaron al menos una licitación. Las firmas de la Cámara recibieron 82 adjudicaciones, el 44% del total. Remarcó que, aunque el interés de la Cámara es legítimo, el gobernador representa el interés general de los ciudadanos, y que por eso defiende conseguir buenos precios. Para Cornejo, los datos muestran más participación, más competencia y más oportunidades, y conseguir mejores precios permite hacer más obras con los mismos recursos. Reconoció que algunas empresas pueden no estar atravesando un buen momento y que hay pymes que sufren el cambio de modelo económico, por lo que habrá que acompañarlas en su reconversión. Sobre los contratos que debieron reformularse, respondió que generalizar sería injusto, que la mayoría de las obras no tuvo problemas y que los ajustes se multiplicaron en épocas de alta inflación; pidió disculpas donde hubo errores propios. También cuestionó las restricciones que otras provincias ponen a empresas de afuera y afirmó que en Mendoza no hay un compre local en construcción, solo una ventaja que casi no se usó porque ganaron empresas mendocinas. Contó que firmas de la provincia ya trabajan en San Juan y en Neuquén, pese a las dificultades que ambas les plantearon.

Obras clave

Entre las obras, el gobernador mencionó 60 en marcha, todas con un esquema de repago respaldado por una ley, y 477 kilómetros de rutas renovados solo en esta gestión. Destacó la Ruta 22, la antigua Ruta Nacional 7 transferida a la provincia, que atraviesa Guaymallén y Maipú rumbo a la Capital, con una inversión de 16 millones de dólares para mejorar la conexión del este con el corredor bioceánico. Citó también el Acceso Sur, la Ruta Nacional 143 entre Pareditas y San Rafael y la doble vía del Este, que aspira a terminar, además de la licitación de un intercambiador. Explicó que la provincia interviene rutas nacionales con fondos propios porque son usadas por los mendocinos y necesarias para la producción, y aclaró que eso no cambia el reclamo para que la Nación se haga cargo de la infraestructura que le corresponde. Para cobrarse esas deudas, la provincia adelantó parte de la coparticipación, dinero que se está recuperando, en algunos casos más rápido de lo previsto. Recordó también un resarcimiento de 1.023 millones de dólares que obtuvo de la Nación, que se cobró en cinco años, en cuotas respaldadas en bonos internacionales, y sin el cual, afirmó, no se habría llegado al 14,5% de inversión pública de 2026.

En transporte, Cornejo habló de las etapas del metrotranvía hacia el aeropuerto y Luján, con nuevos paradores y más duplas, y del tren de cercanías del Este, cuya construcción comenzó. La obra se adjudicó por debajo del presupuesto oficial, lo que permitió ampliar el recorrido de 33 a 45 kilómetros hasta Luján de Cuyo, con 19 estaciones y paradores. Según dijo, cuando todo esté terminado, Mendoza tendrá más kilómetros que el subte de la Ciudad de Buenos Aires, aunque es una ciudad bastante más chica. En infraestructura eléctrica informó obras en marcha por 140 millones de dólares, menos visibles que las rutas pero básicas para alimentar la inversión, que en su criterio deberían hacer las concesionarias y que la provincia encaró con repago, posible ahora que comenzaron a recomponerse las tarifas. Citó la estación transformadora Valle de Uco, adjudicada 30% por debajo del presupuesto oficial, y la licitación de la de San Rafael, necesaria para atender la demanda actual y acompañar nuevas inversiones en el sur de la provincia. En agua y saneamiento, AYSAM ejecuta 30 obras por 198 millones de dólares, y la provincia acompaña a Maipú y Luján en obras de saneamiento. Un préstamo de 150 millones con el BID financia el colector Colonia Segovia 2, por 20 millones, y la planta depuradora de Villa Tulumaya, por 18 millones. Sumó 206 kilómetros impermeabilizados junto a Irrigación y 5.800 viviendas entregadas, con otras 2.157 en ejecución.

El gobernador repasó también la obra social y de servicios: grandes obras en salud, como el hospital Notti, en Guaymallén, más de 23.500 metros cuadrados educativos en construcción, muchos a cargo de empresas de la Cámara y de otras cámaras menores, y 9.000 metros cuadrados en comisarías y polos judiciales. Dijo que está por terminarse el polo judicial de Tunuyán, con lo que quedarían completos los del Gran Mendoza, San Rafael, el Este y el Valle de Uco. Agregó que se destinan recursos a estudios y diseños de rutas, caminos de alta montaña, centros de salud y otras obras, para formar un banco de proyectos que permita licitar apenas aparezca el financiamiento y evitar demoras. Anticipó además que analiza propuestas de asociación público-privada, algunas llegadas desde las propias cámaras, en las que el sector privado asume riesgos y el Estado lo acompaña. Remarcó que hace falta ampliar las alternativas de financiamiento para la obra pública, que convoca mucha mano de obra y genera derrame en la economía. Afirmó que la obra pública seguirá teniendo un papel importante en un programa de gobierno con continuidad, porque las empresas necesitan una demanda sostenida de infraestructura para poder producir.

Nuevas oportunidades

El tercer eje fue la inversión privada. Cornejo defendió la apuesta por la minería metalífera, que calificó de costosa en términos políticos porque las encuestas son negativas en el mundo, en el país y más aún en Mendoza, pero que a su juicio es necesaria para ampliar la actividad, los salarios y la obra. Se refirió al proyecto de cobre PSJ Cobre Mendocino, con declaración de impacto ambiental ratificada por ley, que prevé una inversión de 650 millones de dólares, 800 millones con el RIGI porque incluye la remediación de pasivos, y una vida de 30 años. Lo describió como el más chico de los diez proyectos de cobre previstos en el país, pero el más cercano a una posible industrialización, y aclaró que, a diferencia de la mayoría, no está en el medio de la cordillera. Dijo que ya se está invirtiendo, mientras el resto espera los resultados de la elección de 2027. Agregó que hay 65 proyectos mineros aprobados en el distrito occidental de Malargüe y un tercer paquete en evaluación. Remarcó que estos desarrollos exigen controles ambientales estrictos y proveedores preparados, y ahí ubicó la oportunidad para las constructoras: caminos, campamentos, naves industriales, tendidos eléctricos, obras hídricas y servicios de ingeniería. Estimó que el proceso será lento, pero más rápido de lo esperado, y dijo que el Gobierno está dispuesto a colaborar para que las empresas locales participen desde el comienzo y lleguen competitivas a esos contratos.

En energía, el gobernador informó que Mendoza superó los 700 megavatios solares instalados, con proyectos como Anchoris, San Rafael y El Quemado, y que la meta es llegar a 1.000 megavatios en 2030. Sostuvo que la provincia duplicó su capacidad instalada de energía en ocho años, en medio de la recesión, impulsada por el gobierno provincial. Indicó que se licita el complejo hidroeléctrico Los Nihuiles y que hay nuevas perforaciones de YPF en no convencional y de Quintana en el sur provincial, en un momento de cambio de contratos hidrocarburíferos que, dijo, podría haberse dejado correr sin invertir, pero que decidió encarar. Agregó que el petróleo convencional tiene dificultades, aunque también potencial, y que la provincia le apuntó fuerte. Para Cornejo, todo eso conforma un legado y una demanda concreta para la construcción mendocina. Con el presupuesto 2027 aún en la Legislatura y el último año de gestión por delante, el mensaje a la Cámara fue claro: la obra pública seguirá hasta el final de su mandato, que vence a fines de 2027, con más competencia y con obras visibles en el Este, el Valle de Uco y el sur.