Construcción mendocina: reclaman inversión y obras

La construcción en Mendoza enfrenta un escenario desigual: mientras algunas empresas trabajan en obras financiadas con recursos provinciales, otras atraviesan una fuerte caída de actividad. El sector reclama más inversión pública y privada, crédito hipotecario, alivio impositivo y reglas previsibles para sostener el empleo y recuperar el ritmo de ejecución.

Los fondos provinciales y un escenario desigual

El diagnóstico de la actividad constructora por la propia Cámara de la Construcción Argentina puso el foco en una preocupación concreta para Mendoza: la inversión provincial permitió licitar proyectos importantes durante el año, pero los recursos disponibles tienen un límite y ya están prácticamente comprometidos. La situación entre las empresas es dispar. Algunas tienen contratos en marcha, mientras otras enfrentan menos obras y dificultades para mantener ocupados sus equipos y trabajadores. La inversión pública provincial, señalaron, no alcanza para cubrir la capacidad de todo el sector. Por eso consideran indispensable que se reactive también la inversión privada y que vuelvan a aparecer proyectos financiados por los gobiernos nacional y municipales. La preocupación se extiende al año próximo: la caída de la recaudación, los presupuestos concentrados en terminar trabajos iniciados y la escasa perspectiva de nuevas licitaciones anticipan un período de actividad limitada. El planteo incluye ampliar las fuentes de financiamiento, planificar obras con continuidad y generar condiciones para que empresas de distintos tamaños puedan participar. En una provincia donde la construcción tiene presencia en numerosos departamentos, cada proyecto repercute sobre trabajadores, proveedores, transportistas, profesionales y comercios. La falta de nuevas obras, por lo tanto, reduce el movimiento económico de las comunidades y limita oportunidades laborales en actividades vinculadas con la infraestructura. Esa diferencia muestra que el impulso provincial mendocini, aunque relevante, no puede reemplazar una política de inversión sostenida ni garantizar por sí mismo trabajo para todo el entramado empresario mendocino.

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Obras nacionales paralizadas y fondos sin respuestas

Uno de los cuestionamientos más fuertes estuvo dirigido a la falta de inversión nacional en infraestructura. El sector describió obras paralizadas, contratos sin resolución y dificultades para encontrar interlocutores que permitan resolver problemas con las empresas. También señaló que siguen sin respuestas los planteos sobre el destino de fondos específicos recaudados mediante tributos como el impuesto a los combustibles, vinculados con el financiamiento de obras. Cuando una ruta queda deteriorada o una obra hidráulica no se completa, las consecuencias alcanzan a quienes circulan, producen, transportan mercadería o viven en zonas expuestas a anegamientos. El ordenamiento macroeconómico de los últimos años fue considerado necesario, aunque se sostuvo que ese proceso todavía no se traduce en una recuperación suficiente de la economía cotidiana. La microeconomía, afirmaron, continúa sin arrancar y la construcción no aparece entre las actividades con señales claras de recuperación. Por eso reclama definir qué obras se terminan, cómo se financian y quién responde cuando un contrato queda detenido. La falta de definiciones obliga a las empresas a administrar personal, maquinaria y compromisos económicos sin conocer cuándo podrán retomar o concluir los trabajos. Esa incertidumbre afecta la planificación y puede elevar el costo final de cada proyecto. La falta de un interlocutor también complica la búsqueda de soluciones, porque las compañías necesitan respuestas administrativas y técnicas para reorganizar tareas, costos y compromisos asumidos en cada contrato.

Vaca Muerta pone a prueba las rutas nacionales

La infraestructura vial fue uno de los ejemplos utilizados para explicar por qué la falta de inversión puede convertirse en un problema económico nacional. En jornadas sobre infraestructura organizadas por la Cámara en distintas regiones, con Mendoza como sede de un encuentro en Cuyo, se presentaron datos sobre el traslado de arena utilizada en el fracking de Vaca Muerta. Según la exposición, ese material llega principalmente desde Entre Ríos y demanda alrededor de 1.300 camiones diarios por rutas nacionales. La proyección mencionada indica que, hacia 2035, ese movimiento podría multiplicarse 4,5 veces. El planteo sostiene que incluso con rutas en buen estado la infraestructura vial podría resultar insuficiente, por lo que también será necesario considerar el transporte ferroviario. Una red deteriorada incrementa los tiempos de traslado, el consumo de combustible, el desgaste de los vehículos y los costos logísticos que se incorporan al precio de los productos. Además, postergar el mantenimiento eleva el costo de reposición: una reparación oportuna puede convertirse en una intervención mucho más compleja. La advertencia es que la infraestructura debe anticiparse a la demanda y no reaccionar cuando el deterioro ya afecta la circulación. El volumen de camiones mencionado permite dimensionar el desafío: el corredor debe responder a la producción actual y prepararse para un crecimiento que ya tiene proyección concreta para los próximos años.

Crédito hipotecario y viviendas: las alternativas que propone el sector

La reactivación de la construcción también fue vinculada con el mercado inmobiliario y la necesidad de ampliar las alternativas de financiamiento. El sector plantea que el crédito hipotecario puede convertirse en una herramienta para generar proyectos. Actualmente, según se explicó, buena parte de los préstamos está destinada a comprar inmuebles que ya cuentan con escritura. La propuesta es estudiar mecanismos que permitan utilizar ese financiamiento para adquirir unidades todavía en construcción. Si los compradores acceden a crédito antes de que la obra esté terminada, los desarrolladores podrían contar con recursos durante la ejecución y no depender exclusivamente de capital propio. Se mencionó como primer paso la decisión de destinar parte del Fondo de Garantía y Sustentabilidad a préstamos de este tipo, pero se reclamó ampliar los recursos y analizar otras herramientas, entre ellas el nuevo Fondo de Asistencia Laboral. La propuesta incluye desarrollar un plan de viviendas sociales, un segmento donde se concentra una parte importante de las necesidades habitacionales y el acceso al crédito resulta más difícil. Según el planteo, esas obras generan empleo y un impacto rápido en la economía. El sector pide que el crédito no se limite a inmuebles terminados, sino que también permita iniciar desarrollos y ampliar la oferta. La iniciativa busca conectar el financiamiento con la etapa productiva, de modo que el crédito contribuya tanto a resolver necesidades de compradores como a sostener el trabajo durante la construcción de viviendas.

Presión impositiva: otro obstáculo para las constructoras

Otro eje del reclamo fue la necesidad de revisar el esquema impositivo. La Cámara planteó que la presión tributaria representa una carga importante y que una reforma debería eliminar impuestos distorsivos, reducir costos y facilitar la incorporación de personas y empresas a la economía formal. El planteo reconoce que la caída de la recaudación dificulta reducir tributos, pero sostiene que el sistema vigente también puede obstaculizar nuevos negocios, inversiones y contrataciones. A esa carga se suman, según la exposición, mayores inspecciones y requerimientos fiscales, particularmente en aportes y contribuciones. También se cuestionaron los intereses aplicados ante atrasos en los pagos, por considerarlos desproporcionados en determinadas situaciones. Para las constructoras, que afrontan costos de personal, materiales, equipos y obligaciones contractuales, cualquier incremento de cargas puede afectar la continuidad de una obra. La propuesta es reformular el régimen para ampliar la base de contribuyentes, reducir la presión sobre quienes cumplen y generar condiciones competitivas. La recuperación, sostienen, requiere estabilidad, crédito, menor carga tributaria, reglas claras y demanda de obras. Así, la construcción podría volver a generar empleo directo e indirecto y movimiento para proveedores y comercios, sin comprometer la formalidad laboral ni las cuentas públicas. Desde esa perspectiva, una reforma debería contemplar la realidad de las empresas que cumplen sus obligaciones y necesitan previsibilidad para calcular costos, presentar presupuestos y asumir nuevos compromisos de inversión.

Empresas mendocinas reclaman igualdad para competir

La situación de las constructoras locales también fue relacionada con las oportunidades que encuentran cuando intentan trabajar fuera de Mendoza. Se señaló que algunas empresas buscan competir en otros mercados, tanto en obras públicas como en proyectos privados de energía y minería, pero encuentran restricciones y preferencias para firmas locales. El planteo fue dirigido al gobernador, a quien se pidió intervenir para procurar condiciones equivalentes. La demanda no cuestiona que cada provincia promueva sus empresas, sino que reclama que las compañías mendocinas puedan participar en igualdad de condiciones cuando buscan contratos en otras jurisdicciones. El tema adquiere importancia porque la actividad local no alcanza para cubrir la capacidad disponible de todas las firmas. Acceder a obras en otras provincias permitiría sostener equipos, conservar puestos de trabajo y diversificar ingresos. Para competir se necesitan reglas previsibles, procedimientos transparentes y condiciones que no cambien según el origen de la compañía. En una provincia con actividad minera, energética, industrial y logística, desarrollar proveedores locales permitiría que parte de las inversiones se traduzca en empleo y movimiento económico dentro del territorio. La condición, según el reclamo, es que exista competencia efectiva y las empresas puedan demostrar su capacidad en igualdad de condiciones. La posibilidad de ampliar mercados adquiere especial importancia cuando disminuye la cantidad de licitaciones en la provincia y las empresas necesitan sostener sus planteles, inversiones y capacidad técnica acumulada.

Licitaciones sin proyectos completos: el problema de las demoras

La calidad de los proyectos ejecutivos antes de licitar una obra fue otro punto central. El sector advirtió que todavía se convocan licitaciones sin proyectos suficientemente definidos, una práctica que puede derivar en discusiones durante la ejecución, atrasos y modificaciones contractuales con impacto económico. La propuesta es que, siempre que las circunstancias lo permitan, las obras se liciten con documentación técnica resuelta y definiciones claras sobre los trabajos. Para las empresas, contar con un proyecto completo permite estudiar las tareas, calcular recursos y presentar ofertas con menos incertidumbre. Para el Estado, puede traducirse en mejores precios, plazos realistas y menos modificaciones. La falta de definiciones genera diferencias técnicas, demoras y mayores costos por permanencia de personal y equipos. Durante la exposición se mencionaron obras que llevan tres o cuatro años sin concluir por cuestiones técnicas relacionadas con los proyectos. Una obra demorada perjudica a ambas partes: el Estado no puede utilizar la infraestructura y la empresa afronta costos adicionales mientras espera respuestas. Por eso se pidió agilizar definiciones y modificaciones pendientes. Una mejor preparación antes de licitar puede evitar conflictos, reducir sobrecostos y permitir que la obra terminada preste el servicio previsto. El planteo apunta a evitar que los problemas de diseño se trasladen a la etapa de obra, cuando cada cambio puede alterar presupuestos, cronogramas y la relación entre contratistas y organismos públicos.

El desafío de recuperar la actividad en Mendoza

El mensaje final combinó una advertencia sobre el presente con una expectativa de recuperación. La construcción reconoce que la economía necesita consolidar el ordenamiento macroeconómico, pero considera que ese proceso debe traducirse en actividad, inversión y trabajo. Para Mendoza, el desafío será sostener las obras en marcha y encontrar financiamiento cuando los recursos provinciales comprometidos comiencen a agotarse. En el plano nacional, reclama retomar obras paralizadas, definir responsabilidades y atender el deterioro de rutas e infraestructura hidráulica. También pide que los fondos vinculados con impuestos específicos tengan un destino claro y que las provincias puedan planificar con información precisa. En el ámbito provincial, las demandas incluyen igualdad de oportunidades para las empresas mendocinas, proyectos ejecutivos completos y respuestas ágiles ante los problemas de ejecución. El sector se definió optimista respecto del futuro del país, aunque condicionó esa expectativa a un crecimiento sostenido y una política de infraestructura acorde con las necesidades productivas. Rutas, obras hidráulicas, viviendas y proyectos energéticos, sostuvieron, no son gastos aislados, sino inversiones que inciden en la competitividad y la calidad de vida en toda la provincia mendocina.