La fiscal de Juicio Nº 1 de la Primera Circunscripción, Virginia Palacios Gonella, presentó este viernes ante el Colegio de Jueces de la ciudad de San Luis una propuesta de juicio abreviado con acuerdo de las partes, para que M.A.B., de 49 años, sea condenado a 11 años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el grave daño al estado de salud mental de la víctima, sobrina del acusado.

Los presuntos abusos sucedieron cuando A.N.B. tenía entre 9 y 11 años. Tanto el acusado como la víctima vivían en Quines, una localidad del Departamento Ayacucho, al norte de la Provincia, por lo que los ataques sexuales ocurrían cuando la niña iba de visita a la casa de su bisabuela, donde también vivía su tío paterno.

El pedido de Palacios contó con el consentimiento de la denunciante y su abogado, de la Defensora de Niñez y Adolescencia; y del acusado y su defensa. En las próximas horas el tribunal, integrado por María Eugenia Zabala Chacur, José Luis Flores, y Adriana Lucero Alfonso, informará si homologa o no el acuerdo presentado.

El reconocimiento de la culpabilidad

El juicio abreviado es una de las formas alternativas de culminar un proceso penal mediante el cual el acusado de un delito reconoce la existencia del hecho, su participación como autor, cómplice o instigador y acepta la calificación legal que le otorga a ese hecho la Fiscalía. En este sentido, M.A.B admitió su responsabilidad, reconoció su autoría y aceptó la calificación emitida por la fiscal Palacios. El hombre, que se desempeñaba como profesor de folclore, estuvo representado por Cecilia Cabello, Defensora de Juicio N° 2 Provisoria.

 “Este Ministerio Público Fiscal tiene por probado que M.A.B. desplegó una serie de conductas tendientes a menoscabar la integridad sexual de su sobrina y que tuvieron lugar cuando la niña iba a visitar a su bisabuela, quien vivía a cuatro cuadras de su casa. Los abusos provocaron en la víctima graves consecuencias a nivel de su salud mental, ocasionándole crisis de ansiedad, problemas en el sueño y en la alimentación”, dijo Palacios. La fiscal participó del debate de manera remota debido a un problema de salud, mientras que en la sala oral estuvo presente la fiscal adjunta María Fernanda del Cerro.

“La plataforma probatoria es clara, concreta y suficiente. Creemos que concluir esta causa bajo el procedimiento abreviado es lo más conveniente para evitar la revictimización de la niña y porque la pena solicitada es justa respecto a la escala penal”, expresó Palacios.

La víctima fue escuchada

Tanto la Defensora de Niñez y Adolescencia, Marcela Torres Capiello, como el abogado de la madre de la víctima, Marcelo Otamendi, adhirieron a lo solicitado por la Fiscalía. “Llegar a una verdad da certezas de que la víctima fue escuchada y se va a convertir en una suerte de reparación que deja en claro que rol tuvo cada uno y que la niña fue la víctima. Además, esto va a permitir que otras víctimas se animen a denunciar y sean escuchadas”, dijo Otamendi.

Al finalizar la audiencia, el tribunal le cedió la palabra a la madre de A.N.B., quien fue la que denunció el hecho en noviembre de 2022. “Quiero que estos once años que se piden los cumpla a todos por todo el dolor que le provocó a mi hija. Para ella, mi cuñado era su tío favorito, nosotros lo queríamos y le teníamos confianza, nunca nos íbamos a imaginar lo que pasó. No le deseo a nadie vivir todo esto, porque más allá de que pase el tiempo, mi hija jamás se va a olvidar lo que le hizo”, sostuvo la mujer.