Todo comenzó la madrugada del 4 de setiembre de 2019, cuando personal de Gendarmería Nacional efectuaba un control público preventivo sobre la ruta nacional 40, a la altura de El Borbollón, detiene la marcha de un Toyota Corolla (AB 740 AN), cuyo conductor logró escapar (siendo detenido despuès) y una Toyota Hilux (AD 651 FD) ocupada por Samuel Fajardo Vilaja acompañado por José Raúl Vidal, quien iba acostado en la parte trasera del rodado.

El posterior registro del interior de la camioneta dio con el descubrimiento de una bolsa de nilón negra que contenía 4 paquetes de cocaína compactada en envoltorios rectangulares envueltos en cinta verde y marrón y una mochila azul que contenía 11 paquetes de cocaína.

Después, ya con intervención de la Justicia Federal, se realizaron varios allanamientos en los domicilios de los detenidos, secuestrandose balanzas de precisión, elementos de corte y además unos 180 mil pesos y más de 35 mil dólares "sin que puedan justificar su origen, lo que es un indicio de su origen espurio".

Con esos elementos en su poder la fiscal Maria Alejandra Obregón, en la elevación de la causa a juicio, señala que "la acción que reprime nuestro código al sancionar el transporte de estupefacientes, es el acto de desplazamiento de la droga de un lugar a otro, con independencia de la distancia, el medio utilizado y la forma de posesión...", remarcando que "se trata de un delito permanente, que se prolonga en el tiempo (tránsito), hasta que los objetos lleguen a destino, es decir, el carácter permanente de la infracción determina que aun cuando se interrumpa el iter criminis antes de ese momento el transportista igualmente habrá transportado".

Cerrando su intervención con una calificación legal igual para los cuatro imputados, argumento que en debate fue rechazado por la fiscal Maria Gloria André, imputando a Samuel Fajardo Vilaja, de 26 años; David Fajardo Vilaja (41) y José Raúl Vidal Flores (38) por el delito de “transporte de estupefacientes agravado por la intervención de 3 personas organizadas para cometerlo”, en calidad de coautores (art. en 5° inc. c) y 11° inc. de la ley 23.737) argumento que convalidó el Tribunal, integrado por Roberto Nacif, Héctor Cortés y Pablo Salinas aplicando una pena de 7 años de prisión para cada uno de ellos, mientras que al accionar de Fernando Samuel Fajardo Vilaja (31, solo la calificó de encubrimiento, por lo que fue sentenciado a un año de prisión en suspenso.
Los jueces también ordenaron, a pedido de la fiscalía, el decomiso de los dos vehículos y el dinero secuestrado.