Funcionario cayó con 2,26 de alcohol al volante
Un funcionario del Gobierno de Mendoza fue aprehendido en San Rafael tras arrojar 2,26 gramos de alcohol por litro de sangre en un control policial. El hecho tomó relevancia pública luego de conocerse que el conductor era Diego Eduardo Silvestre, quien ocupaba cargos en la administración provincial y presentó su renuncia horas antes de que trascendiera oficialmente su identidad.
Un control que derivó en un escándalo político
El episodio ocurrió el pasado 5 de julio sobre calle Carlos W. Lencinas al 400, en la ciudad de San Rafael. De acuerdo con el parte elaborado por la Subjefatura de Policía Vial Zona Sur, efectivos policiales fueron requeridos por personal de la Comisaría 32ª tras la detención de un vehículo Fiat, conducido por un hombre que presentaba signos evidentes de haber consumido alcohol.
Según la información oficial, el procedimiento se realizó alrededor de las 10.40 horas. Una vez identificado el conductor, personal vial efectuó el correspondiente control de alcoholemia utilizando un alcoholímetro Dräger Alcotest 7510. El resultado fue contundente: 2,26 gramos de alcohol por litro de sangre, más de cuatro veces por encima del límite máximo permitido por la legislación vigente en Mendoza para conductores particulares.
Fuentes vinculadas al procedimiento indicaron que los uniformados también detectaron importantes irregularidades administrativas. El conductor no contaba con licencia de conducir, seguro obligatorio ni cédula de identificación del vehículo. Por ese motivo se confeccionó un acta vial por carecer de la documentación exigida para circular.
Aprehensión y secuestro del vehículo
Tras confirmarse el resultado positivo del test de alcoholemia, los efectivos procedieron a la aprehensión del conductor y a la retención preventiva del rodado y sus llaves. Tanto el vehículo como el infractor quedaron a disposición de la Comisaría 32ª y del Juzgado Contravencional interviniente.
De acuerdo con el informe policial, durante el procedimiento se intentó establecer comunicación con las autoridades judiciales correspondientes a través del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), aunque inicialmente no se obtuvo respuesta. Frente a esa situación, se aplicaron los protocolos habituales previstos para este tipo de infracciones.
La actuación policial quedó encuadrada bajo el artículo 67 bis de la Ley Provincial 9099, normativa que regula las sanciones vinculadas a la conducción bajo los efectos del alcohol. La legislación contempla multas de elevada cuantía económica y, en determinados casos, la posibilidad de arresto efectivo para los infractores.
Versiones surgidas posteriormente señalaron que el procedimiento se habría originado luego de un incidente vial en el que el vehículo presentó daños en una de sus ruedas. Sin embargo, las circunstancias exactas que derivaron en la intervención policial forman parte de las actuaciones administrativas y judiciales correspondientes.
La identidad que demoró en conocerse
Uno de los aspectos que más repercusión generó fue la demora en la identificación pública del conductor. En las primeras horas posteriores al procedimiento circularon datos parciales e incluso versiones contradictorias respecto de la identidad del involucrado.
Finalmente se confirmó que se trataba de Diego Eduardo Silvestre, abogado de profesión y dirigente vinculado al radicalismo en San Rafael. Según registros oficiales, se desempeñaba como coordinador del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) en el departamento y recientemente había sido designado como integrante del Consejo de Minería de Mendoza mediante un decreto firmado por el gobernador Alfredo Cornejo.
La aparición de inconsistencias en algunos datos difundidos inicialmente alimentó cuestionamientos y especulaciones sobre las razones por las cuales la identidad del funcionario tardó en trascender públicamente. Diversos sectores plantearon interrogantes respecto de si se trató de un error administrativo o de otra circunstancia vinculada con el manejo de la información.
El caso adquirió aún mayor relevancia debido a la condición de funcionario público del conductor y al elevado nivel de alcoholemia detectado. La combinación de ambas situaciones generó repercusiones tanto en ámbitos políticos como institucionales.
Renuncia y consecuencias
La situación tomó un nuevo giro cuando trascendió que Silvestre presentó su renuncia a sus funciones durante la mañana siguiente al hecho, pocas horas antes de que su nombre comenzara a difundirse públicamente en distintos medios y espacios políticos.
Además de su actividad dentro del Gobierno provincial, el abogado también integraba espacios institucionales vinculados al ejercicio profesional. Esa situación amplificó el impacto político del episodio y colocó el caso en el centro del debate público en San Rafael y en distintos sectores de Mendoza.
Mientras tanto, la causa continúa bajo la órbita del Juzgado Contravencional competente, que deberá determinar las sanciones correspondientes conforme a la normativa vigente. Las actuaciones incluyen la alcoholemia positiva, la falta de documentación obligatoria y las circunstancias registradas durante el procedimiento policial.
El episodio volvió a poner sobre la mesa la discusión acerca de la responsabilidad de quienes ejercen funciones públicas y la necesidad de cumplir estrictamente las normas de tránsito. También reavivó el debate sobre los controles preventivos y las consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol, una conducta que representa un riesgo para el conductor, sus acompañantes y el resto de los usuarios de la vía pública.
Con una alcoholemia de 2,26 gramos por litro de sangre, sin licencia de conducir, sin seguro y sin documentación del vehículo, el caso se transformó en uno de los hechos de mayor repercusión política y policial de los últimos días en el sur mendocino. Ahora será la Justicia Provincial la encargada de determinar las responsabilidades y sanciones derivadas de un episodio que generó fuerte impacto en la opinión pública.