El segundo juicio por los abusos en el instituto Antonio Provolo en la provincia de Mendoza, que comenzó el pasado 3 de mayo, suma más recusaciones y pedidos de nulidades que audiencias efectivas.

Primero fue la inhibición del juez Horacio Cadile, tras ser presentado ante el Tribunal unos chats en el que se burlaban de la imputada. Después se le sumó el planteamiento realizado, en su momento, por el fiscal Alejandro Iturbide, pidiendo la recusación de los jueces Rafael Escot y Belén Salido, que fueron ratificados en sus cargos y ahora fueron los abogados querellantes Sergio Salinas, Lucas Lecour y Óscar Barrera, quienes acusaron a los jueces de "parciales". Y así lo expresaron en el escrito presentado al señalar que "Entendemos que existen legítimas sospechas fundadas para considerar que la garantía de imparcialidad del juzgador se ha visto afectada por las consideraciones expuesta por la doctora Belén Salido y el doctor Rafael Escot en la resolución del 15 de junio del presente año con relación al análisis valorativo realizado a la pieza acusatoria y el pedido de reconversión ordenado al Ministerio Público Fiscal".

Por la minoría la jueza Gabriela Urciuolo votó para que esas nulidades fueran tratadas al final del juicio. En concreto los jueces, por mayoría, sostuvieron que eso debía ser resuelto ahora e intimaron al Fiscal Iturbide para que "saneara'' la acusación contra 8 de las imputadas, dado que una de ellas no hizo planteo alguno.

Pidiendo para que "en 2 días hábiles individualice dentro de su pieza acusatoria los párrafos u oraciones diseminadas en la extensa acusación, que de acuerdo a su criterio, describen: a) Cómo tomaron las señoras imputadas conocimiento de los hechos en los que se les endilga participación -primaria o secundaria-, b) En qué consistió la colaboración necesaria a los hechos de uno de los condenados, c) En qué consistieron las omisiones relevantes para el señor Fiscal o qué conductas necesarias para impedir la comisión continuada fueron omitidas por cada imputada o aquellos que permiten inferir esos datos y d) Diseñar la pieza de manera que pueda ser leída en la audiencia de modo corrido e inteligible". Preguntas que fueron consideradas como "tan básicas como incómodas para la acusación, y la fotocopia no alcanza en esta ocasión...", para el abogado Carlos Varela Álvarez en su calidad de defensor de las imputadas.

Y cerró su opinión parafraseando a Umberto Eco, que dijo "es el destino de las estrategias fatales", remarcando "cuando es imposible esconder la verdad y solo un tribunal imparcial e independiente de todos y todas la devele.

Es lo que sociedad, denunciantes y denunciadas merecen"

Tres causas

Este nuevo juicio unifica tres causas y son nueve las personas imputadas en delitos que van desde el abuso sexual agravado y corrupción de menores a la participación por omisión. La monja japonesa Kumiko Kosaka (46), acusada por los delitos de abuso sexual agravado, corrupción de menores y partícipe primaria por omisión, es la única imputada que llega al juicio con prisión preventiva domiciliaria, mientras que el resto está en libertad.

Las acusadas como partícipes necesarios o secundarias por omisión son: la monja Asunción Martínez (53), la representante legal Graciela Pascual (65), las ex directoras Gladys Pinacca (66), Valeska Quintana (48), Cristina Leguiza (50) y Laura Gaetán (60), la psicóloga Cecilia Raffo (43) y la cocinera Noemí Paz (63). Con estos antecedentes y pedidos de aclaración, nada se sabe sobre la continuidad del debate, aunque lo concreto es que "difícilmente" se reanude,como estaba anunciado, este viernes.