Mendoza: continúa la investigación por la muerte de 14 ancianos en el geriátrico del padre Yañez

El hecho podría ser calificado por la Justicia mendocina como homicidio culposo con dolo eventual.

La causa judicial donde se investiga la muerte de 14 ancianos, hecho conocido hace un mes y que se encontraban en el geriátrico, propiedad del cura Fernando Yáñez, ubicado en Monte Comán (San Rafael), a cargo del fiscal Javier Giaroli. Hasta el momento el fiscal está recabando testimoniales informativas (en los términos del artículo 318 del Código Procesal de Mendoza) entre ellas al propio Yañez , a la médica de apellido Parlavecchio y a una enfermera de apellido Ponce. Por el momento no es una acusación formal, pero podría derivar en una imputación de homicidio simple con dolo eventual y que, juicio mediante, contempla una pena que va de los 8 a los 25 años de prisión. 

En el marco de la investigación judicial se prevee solicitar un dictamen al Director Provincial del Cuerpo Médico Forense, previa compulsa de historias clínicas, protocolos del Ministerio de Salud de Mendoza y todas las declaraciones recogidas, para determinar si existe una relación de causalidad entre la muerte de los ancianos y la negligencia, imprudencia o inobservancia de reglamentos vigentes.

Oficialmente se conoció que la Fundación Hogar de Jóvenes San Luis Gonzaga, cuenta con habilitación municipal y ahora funciona como una institución para adultos mayores. Según sus propias palabras ninguno de los ancianos alojados en el instituto “estaba vacunado contra el Covid”, explicando como razón de “no conseguir la autorización de los familiares”, para concluir señalando que “obtenida la autorización llegaron las vacunas, pero fue el mismo día en que empezó el brote y entonces nos dijeron que no los vacunaramos porque era peor…”.

Cabe recordar que el ex presbítero Yáñez, a cargo del lugar, fue procesado en 2016 por una denuncia de supuestos abusos, que finalmente no pudo ser comprobada por lo que terminó absuelto tres años después, aunque la iglesia con una resolución firmada por monseñor Eduardo María Taussig decretó la dimisión de su estado clerical al calificar su conducta como impropia. 

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