El juez federal de San Rafael Eduardo Puigdéngolas se tomó la feria judicial para resolver la situación de su par, pero con asiento en los despachos de los Tribunales Federales ubicados en España y Pedro Molina de la ciudad de Mendoza, Walter Bento y lo hizo dentro de las tres posibilidades: falta de mérito, sobreseimiento o si confirmaba el procesamiento.

Y lo hizo por estas última opción, basándose en las pruebas aportadas en la instrucción por el fiscal Dante Vega y no solo confirmó el procesamiento como presunto líder de una organización ilícita que se habría dedicado a cobrar coimas a cambio de dar beneficios procesales a detenidos en casos de narcotráfico y contrabando, sino que pidió la prisión preventiva para el juez federal con competencia electoral, con el argumento de que "podría entorpecer avance de la investigación (lo que por el momento no prosperará por cuanto como juez aún mantiene fueros) y además embargo sus bienes (que ya estaba inhibidos) por más de 300 millones de pesos: 177.610.208 para él y 149.173.600 para su esposa Marta Isabel Boiza, imputada por lavado de activos y blanqueo de capitales. 

Otros procesados
El magistrado sanrafaelino que firmó el procesamiento contra Bento también lo extendió a una veintena de imputados sospechados de conformar la asociación ilícita y entre los que figuran Jaime Alba y Luciano Ortego, considerados como “organizadores” de las presuntas coimas y de los que se sospecha que habrían sido el “contacto” necesario entre el juez Bento y el asesinado Diego Aliaga.

Además fueron procesados como integrantes de la banda los abogados arrepentidos Martín Ríos y Matías Aramayo, quienes representaban legalmente al último eslabón de la cadena, es decir entre los presos que habrían pagado para recibir a cambio beneficios procesales de parte del magistrado federal implicado.