El Gobernador de Mendoza Rodolfo Suarez firmó convenios con el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, destinados a la construcción de 1.000 unidades habitacionales en Mendoza y a la reactivación de obras de vivienda que, por diversos motivos, no se concluyeron.

Se trata de cuatro acuerdos que tienen como objetivo menguar el déficit habitacional y asegurar la vivienda propia en clases medias, sobre todo en los sectores con recursos económicos insuficientes. El primero de ellos es la adhesión al programa Casa Propia-Construir Futuro, el segundo refiere al recupero de financiamiento mediante un acuerdo de adhesión al Fondo Nacional Solidario de Vivienda, el tercero dispone la reactivación y finalización de obras paralizadas o abandonadas, y, por último, una cuarta acta acuerdo donde se establecen proyectos integrales de hábitat y viviendas.

Durante la firma estuvieron presentes el ministro de Infraestructura y Planificación Pública, Mario Isgro; la titular del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), María Marta Ontanilla, y el secretario de Hábitat, Santiago Maggiotti.

Debido a que el IPV mantiene una política descentralizada en los municipios respecto de la demanda habitacional, “los proyectos presentados están basados en un estudio muy minucioso de relevamiento de las necesidades sociales, de producción de empleo y cantidad de habitantes en cada uno de los 18 departamentos”, subrayó Mario Isgro.

“Esperamos cumplimentar muy rápido estas viviendas de manera de aspirar a otras mil o dos mil más, teniendo en cuenta que la cantidad que necesita Mendoza para cubrir el déficit habitacional es de 70 mil casas, pero, para alcanzar ese objetivo, es necesaria una clara política de Estado a largo plazo”, cerró.

Por su parte, Ontanilla explicó: “Hemos empezado a trabajar con los municipios para priorizar barrios. En el caso del Programa Casa Propia, actualmente tenemos 800 viviendas enviadas a la Nación y estamos evaluando cuáles ingresarán en el Programa Reconstruir, para reactivar obras que están paralizadas”.

La funcionaria resaltó que, además, ya se han licitado con fondos provinciales 500 viviendas en el primer trimestre de este año, y hay otra cantidad similar en programación, con el objetivo puesto en poder entregarlas a fines de este año.

Los convenios
El Programa Casa Propia-Construir Futuro tiene el objetivo de construir 120.000 nuevas viviendas en todo el país durante el trienio 2021-2023. Se desarrollará de forma conjunta entre Nación y provincias bajo el cumplimiento de las condiciones técnicas, administrativas, legales y presupuestarias que posibiliten la ejecución de los proyectos que se aprueben.

El segundo convenio, que guarda estricta relación con el anterior, refiere al recupero de financiamiento mediante un acuerdo de adhesión al Fondo Nacional Solidario de Vivienda.

Según indica la cláusula dos: “Las partes se comprometen a instar los mecanismos administrativos que resulten necesarios para efectivizar el recupero del financiamiento aportado por el Estado, sobre la base de un sistema solidario que tenga en cuenta los ingresos de cada familia adjudicataria de una vivienda y hasta un máximo de 360 cuotas”.

El tercer convenio, correspondiente al Programa Reconstruir, responde a la Ley Nacional 27613, que dispone la reactivación y finalización de obras paralizadas o abandonadas, en proceso de construcción, con aportes del Estado nacional a través de los diferentes programas o planes del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación que no hayan sido incorporadas a otros programas. En Mendoza son 367 viviendas a reactivar con este programa.

Por último, también se firmó un acuerdo por las no objeciones otorgadas para iniciar los procesos licitatorios de los siguientes tres proyectos: Congreso y Progreso (Guaymallén), etapa II del Flores Olivares (Ciudad) y la etapa I del Perdriel Norte (Luján de Cuyo). Esto, en el marco del programa integral de Hábitat y Vivienda del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF 8712).

El monto total de los proyectos asciende a $593.987.123,44 y beneficia directamente a más de 900 familias. En líneas generales, los trabajos constan de construcción de infraestructura pública, servicios básicos, equipamiento urbano y comunitario, y obras de mitigación.