Proponen frenar privilegios en viviendas IPV

El senador provincial Mauricio Sat presentó un proyecto de ley que busca restringir el acceso a viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) a funcionarios públicos, sus familiares y socios comerciales. La iniciativa apunta a garantizar que estos beneficios lleguen exclusivamente a quienes más los necesitan y a reforzar los mecanismos de control.

Un límite a los privilegios

La propuesta establece que ningún funcionario de los tres poderes del Estado mendocino, ni del ámbito municipal, podrá ser adjudicatario de una vivienda del IPV. La prohibición no se limita solo a quienes ejercen cargos públicos, sino que también alcanza a familiares directos y a personas que mantengan vínculos comerciales con ellos. De este modo, se intenta cerrar posibles vías indirectas de acceso a estos beneficios estatales.

El alcance del proyecto es amplio. Incluye desde el gobernador y sus ministros hasta legisladores, intendentes, concejales, jueces, fiscales y defensores. La intención es eliminar cualquier margen de discrecionalidad en la asignación de viviendas financiadas con recursos públicos. En ese sentido, la iniciativa busca establecer reglas claras que eviten interpretaciones flexibles o situaciones de privilegio.

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Irregularidades que encendieron alertas

El impulso de esta medida no surge en el vacío. En los últimos meses, se detectaron irregularidades en entregas de viviendas donde resultaron beneficiados funcionarios del Gobierno provincial y personas vinculadas comercialmente con ellos. Estos casos generaron cuestionamientos y reavivaron el debate sobre la transparencia en la política habitacional.

“El objetivo es que no haya dudas sobre quiénes acceden a estas viviendas”, explicó Sat. Y agregó: “Este escenario refuerza la necesidad de establecer reglas claras y mecanismos de control más estrictos”. Sus declaraciones reflejan una preocupación creciente en la sociedad por el uso equitativo de los recursos públicos.

Transparencia y control ciudadano

Uno de los puntos centrales del proyecto es la incorporación de herramientas de transparencia. La iniciativa propone que el registro completo de adjudicatarios sea público, permanente y accesible en formato digital abierto. Además, deberá actualizarse de manera trimestral, con información detallada sobre cada beneficiario.

Este mecanismo permitiría a cualquier ciudadano consultar quiénes acceden a las viviendas y bajo qué condiciones. La trazabilidad de las decisiones estatales es clave para evitar irregularidades y fortalecer la confianza en las instituciones. En un contexto donde la demanda habitacional es alta, la transparencia se vuelve un factor determinante.

Un plazo para evitar maniobras

El proyecto también contempla un aspecto preventivo: las restricciones no finalizan cuando el funcionario deja su cargo. Por el contrario, se extienden hasta dos años después de haber cesado en sus funciones. Esta medida busca impedir maniobras indirectas, como el acceso diferido a los beneficios una vez finalizada la gestión.

Con este punto, se intenta cerrar posibles “zonas grises” que históricamente han sido cuestionadas en la política habitacional. La extensión del plazo actúa como una barrera adicional para garantizar que las viviendas del IPV cumplan su objetivo social.

Debate abierto sobre la equidad

La iniciativa abre un nuevo capítulo en el debate sobre el acceso a la vivienda y el rol del Estado. En una provincia donde muchas familias aún esperan una solución habitacional, la discusión sobre quiénes deben ser prioritarios cobra especial relevancia.

El proyecto deberá ser tratado en la Legislatura, donde se espera un debate intenso. Mientras tanto, la propuesta ya instala un mensaje claro: reforzar la equidad, evitar privilegios y asegurar que los recursos públicos lleguen a quienes realmente los necesitan.