Magalí Morales: la Justicia rechazó la domiciliaria

La Justicia de la provincia de San Luis rechazó este lunes el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa de Marcos Dionisio Ontiveros, uno de los imputados por la muerte de Florencia Magalí Morales. La solicitud había sido fundamentada en la situación de salud de su hija menor y en el interés superior del niño.

El planteo de la defensa

La audiencia se realizó en el Juzgado de Garantía N.º 3 de la Segunda Circunscripción Judicial, a cargo de la jueza Natalia Pereyra Cardini. Durante la jornada, el abogado defensor Enrique Alejandro Miranda solicitó que Ontiveros pudiera cumplir la prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria, en lugar de continuar alojado en el Servicio Penitenciario Provincial. El planteo tuvo como eje principal la situación de salud de la hija menor del imputado. La defensa sostuvo que se trata de una circunstancia extraordinaria que debía ser contemplada por la Justicia y señaló que no existirían peligros procesales ni riesgo de fuga que justificaran mantener la modalidad actual de detención. El defensor planteó además que la solicitud excedía los intereses estrictamente penales y debía analizarse desde la perspectiva del interés superior del niño.

La situación de la menor

Como parte de los argumentos expuestos durante la audiencia, participó una profesional de la psicología que brindó detalles vinculados con el psicodiagnóstico realizado a la niña. La defensa hizo hincapié en la necesidad de considerar las consecuencias que la situación familiar podía generar sobre su bienestar. También invocó las disposiciones de la Ley N.º 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, particularmente en lo referido a la intervención judicial destinada a garantizar los derechos de las personas privadas de su libertad frente a eventuales vulneraciones. Desde esa perspectiva, el planteo buscó que la situación particular de la menor fuera valorada como una circunstancia suficiente para modificar el lugar y la modalidad en que Ontiveros cumple la medida cautelar.

La Fiscalía se opuso

El Ministerio Público Fiscal rechazó la solicitud de la defensa. La representante fiscal sostuvo durante la audiencia que los riesgos procesales continúan vigentes y que, por lo tanto, no correspondía modificar la medida de coerción que pesa sobre el imputado. La Fiscalía aclaró que no desconoce la situación atravesada por la niña, pero consideró que existen otras alternativas de contención y asistencia para atender sus necesidades. De esta manera, el debate quedó concentrado en determinar si las circunstancias familiares y de salud invocadas por la defensa alcanzaban para justificar una excepción a la modalidad de detención vigente, frente a los riesgos procesales que el Ministerio Público consideró concretos y actuales.

Qué resolvió la jueza

Al analizar el pedido, la magistrada señaló que entre sus funciones se encuentra la de velar por los derechos de los niños. Sin embargo, explicó que la normativa invocada por la defensa establece determinados supuestos para que la prisión domiciliaria pueda ser concedida a un progenitor varón. Según la interpretación expresada durante la audiencia, debe tratarse de una situación en la que el menor se encuentre en estado de desamparo o en la que la persona detenida sea su único y exclusivo cuidador. Para la jueza, esas circunstancias no se presentan en este caso. La magistrada consideró que la niña no se encuentra en situación de desamparo y que los cuidados y la protección necesarios están cubiertos por su madre. Con esos fundamentos, resolvió rechazar el pedido de prisión domiciliaria formulado por la defensa de Ontiveros.

Intervención del fuero de Familia

La resolución incluyó además una indicación dirigida al Ministerio Público Fiscal. La jueza sugirió que se oficie al Juzgado de Familia, en conjunto con la Defensoría de Niñez, para que ambos organismos tomen la intervención correspondiente. El objetivo será evaluar la situación de la menor y disponer, si resulta necesario, las medidas destinadas a resguardar su salud psicofísica. La decisión marca así una diferencia entre la situación procesal del imputado y las necesidades de protección de su hija. Mientras la Justicia penal mantuvo la medida de detención en los términos vigentes, abrió la puerta a una intervención específica de los organismos especializados en niñez y familia para abordar las circunstancias que dieron origen al pedido.

La prisión preventiva continúa

La decisión conocida este lunes se produce pocos días después de otra resolución relevante dentro de la investigación. El pasado 18 de agosto, la Justicia confirmó la prórroga de la prisión preventiva que cumplen en el Servicio Penitenciario Provincial Reynaldo Clavero y Marcos Dionisio Ontiveros. Ambos se encuentran imputados en la causa que investiga la muerte de Florencia Magalí Morales, ocurrida el 5 de abril de 2020 en la Comisaría N.º 25 de Santa Rosa del Conlara. Con la resolución de este lunes, Ontiveros continuará cumpliendo la prisión preventiva en el establecimiento penitenciario provincial, mientras la investigación judicial sigue su curso. La decisión no modifica la situación procesal de fondo de la causa ni implica una resolución sobre la responsabilidad penal de los imputados.

Una causa que sigue en la Justicia

La audiencia se desarrolló en la Segunda Circunscripción Judicial de San Luis y tuvo participación presencial y remota. Intervino como secretaria Silvana Casini, mientras que la fiscal de Instrucción Adriana Cangelosi participó mediante el sistema Cisco Webex. También estuvo conectado el imputado Marcos Dionisio Ontiveros junto con su abogado defensor Enrique Alejandro Miranda. La resolución mantiene, por ahora, el escenario procesal definido el 18 de agosto respecto de la prisión preventiva. Al mismo tiempo, la situación de la hija menor de Ontiveros deberá ser evaluada por los organismos especializados, tal como indicó la jueza. De este modo, el expediente vuelve a poner en el centro de la escena una cuestión que atraviesa toda la investigación: la necesidad de compatibilizar las medidas judiciales vinculadas con los imputados con la protección de los derechos de los niños involucrados en el contexto familiar de una causa que permanece bajo investigación.