Podría razonarse que una sola multa labrada a una empresa en una provincia a lo largo de 48 meses indicaría un estándar ambiental elevadísimo. Pero no era el caso de San Luis, donde efectivamente hubo una sola sanción en ese lapso. Primero, porque el valor monetario de esa única multa era muy superior al monto que la empresa en cuestión finalmente pagó. Segundo, porque no hubo ningún seguimiento para saber si la firma realizó saneamiento o reforzó su compromiso ambiental. Y, por último, porque en la gestión pasada hubo una ausencia de control y fiscalización, según la conclusión a la que han llegado las autoridades que asumieron el mes pasado en la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la provincia de San Luis.

 Solo el 50% fue inspeccionada

A partir del pasado 10 de diciembre, la cartera elabora el mapa de contaminación ambiental provincial, que incluye agua, suelo y aire. Quienes lo arman descubrieron que, del total de 800 inspecciones realizadas en cuatro años, solo hubo una sanción.

Desde la Secretaría de Ambiente de San Luis  informaron que todos los procedimientos estaban amañados, presentaban inconsistencias o errores de forma. Por eso, durante su recorrido administrativo y legal, simplemente no avanzaban o eran archivados. Es decir, las multas potenciales eran descartadas por estar mal hechas.

La orden de arriba era no sancionar. Según dieron a conocer desde la nueva gestión, ésa es la frase que muchos empleados, profesionales y técnicos escucharon desde 2019 a 2023 ante el conocimiento de la existencia de sustancias contaminantes vertidas a ríos, residuos peligrosos a la intemperie, incumplimiento de revisiones técnicas y olores nauseabundos que se sentían a kilómetros de distancia.

 Alta rotación de funcionarios

Aseguran que no había ningún freno para la contaminación ambiental y ni acciones en pos del desarrollo sostenible. Tampoco una proyección de políticas, ni a corto, mediano o largo plazo. Lo que sí había en el área era una alta rotación de funcionarios, con el cambio de jefe cada tres meses o incluso menos. Por ello, articular con los consultores y empresas, definir un plan de acciones, era inviable. El área volvía a foja cero de forma constante.

“Tuvimos que comenzar con las capacitaciones al personal y trabajar en conjunto con Asesoría Legal para que las inspecciones sean eficientes y de calidad; para que las infracciones, de encontrarse, estén encuadradas en la normativa vigente y que las resoluciones puedan llegar a sanciones, en caso de incumplimiento”, explicó el jefe del área Monitoreo, Control y Fiscalización Ambiental, Alex Simioli.