Mendoza denuncia a padres que rechazan vacunar a sus hijos
La normativa recuerda que la vacunación es un “bien social” y una herramienta esencial de salud pública. Por ello, exige que quienes están a cargo de menores garanticen el cumplimiento del Calendario Nacional. En los últimos meses, autoridades sanitarias advirtieron un aumento de casos de enfermedades que habían sido controladas en Argentina, como sarampión y coqueluche, asociados a la baja en los índices de vacunación.
Según la resolución, cuando un adulto responsable rechaza por escrito la aplicación de las vacunas en instancias escolares o sanitarias, dispone de 30 días para completarlas y registrarlas en el Sistema Provincial de Inmunizaciones. Si no lo hace, los equipos de inmunización deben notificar al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y realizar la denuncia correspondiente ante autoridades policiales, municipales o judiciales.
El Ministerio aclaró que la omisión de una sola vacuna ya constituye un incumplimiento legal. Además, la Dirección de Epidemiología llevará un registro mensual de todas las denuncias y su avance, con el fin de detectar conductas reiteradas que puedan poner en riesgo la salud de los menores y de la comunidad.
Las autoridades insistieron en la importancia de la vacunación en un contexto epidemiológico sensible, y reafirmaron que la obligatoriedad rige para todos los habitantes del país.