Gestiones en Buenos Aires contra los aviones rompe tormentas

Representantes de productores de distintas provincias del país se entrevistaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con autoridades de la Defensoría del Pueblo de la Nación, expresando la profunda preocupación que atraviesan desde hace bastante tiempo, por el accionar de los denominados “aviones rompe tormentas” que provocan alteraciones climáticas.

Estos dispositivos como cañones y aviones rompe tormentas son los que denuncian los productores como una de las causas de la profundización de la sequía que viven provincias de Cuyo y vecinas.

Mientras productores de San Juan, San Luis, La Rioja y otras provincias viajó a Capital Federal para entrevistarse con las autoridades nacionales ante la provocación de alteraciones climáticas, en la localidad de Chepes, La Rioja, demoran una camioneta que llevaba desde Mendoza insumos para estas actividades.

Joel Agüero, de Chepes La Rioja, comentó a una radio de aquella provincia que, con la ayuda de productores de varias provincias, llegaron hasta Buenos Aires donde plantearon en la Defensoría del Pueblo la necesidad de frenar este tipo de prácticas y se comprometieron a gestionar ante organismos como el Conicet para que evalúen los daños que los aviones rompe tormentas ocasionan en actividades agrícolas de la región, como la ganadería y en las poblaciones en general.

Dijo que hay funcionarios que niegan esta situación, pero todos los días hay nuevas pruebas de que están trabajando haciendo un daño muy grande a los pequeños y medianos productores de San Juan, San Luis, Mendoza, La Rioja, de Córdoba, recordando que un cura en Valle Fértil hizo una publicación pidiendo auxilio por la gente que “está pereciendo de sed por estos aviones que atacan las tormentas sin importarle el daño a las demás poblaciones”.

Este miércoles, una camioneta fue detenida en un control policial de Chepes cargada con explosivos y otros insumos como yoduro de plata para los aviones rompe tormentas, según comentó este productor indicando que según versiones viajaban desde Mendoza, donde producen estos químicos para la lucha antigranizo cuando fueron demorados por Gendarmería Nacional.

Agregó que “tenemos videos, fotos de aviones y avionetas entrando a las tormentas, afectando las lluvias, en la zona de Chepes, centro norte de San Luis, el norte y oeste de San Juan, donde frenan principalmente en la zona donde se generan las tormentas”, expresó Agüero.

Otro productor, Meco Oyola de Chamical, La Rioja; exigió soluciones recordando que meses atrás negaban la existencia de esta situación, pero luego “se demostró que eran aviones de Mendoza, Jujuy y otros lugares, con empresas involucradas, con grandes intereses y ahora vamos por soluciones”.

“En invierno no andan los aviones, solamente cuando hay indicios de tormentas”, adelantando que pedirán tanto a la ANAC que controlen el espacio aéreo, como a Ambiente de la Nación por las variaciones de esta situación en la vegetación de la zona, en los animales e inclusive en las personas por qué no sabemos que sustancias están inyectando a la atmósfera”.

En el caso de los aviones de la lucha antigranizo de Mendoza, advierten que, si bien están autorizados, despegan desde San Rafael, pero desconocen hasta donde extiende su área de operaciones. Muchas veces estos vuelos no son monitoreados en tiempo real ya que vuelan con sus transponders ADS-B que son los dispositivos de rastreos, en estado desactivado.

A su vez, los productores creen que muchas empresas agrícolas, cuentan con sus propias avionetas las cuales estarían operando desde pistas privadas, razón por la cual solicitan a la ANAC profundizar los controles sobre este tipo de operaciones aéreas.

Oyola aseguró finalmente que los productores no son acompañados en este reclamo, por las distintas autoridades locales ya que anteriormente se reunieron con funcionarios de la cartera de defensa, que conduce el mendocino Luis Petri y del ministerio de Defensa, a cargo de Patricia Bullrich.

El reclamo se basa en que la manipulación intencional del clima en Argentina está prohibida por la Ley Nacional 23.455, que ratifica el tratado Enmod, y recientemente San Juan y San Luis hicieron lo propio en sus territorios.