Tras pagar fianza, liberan al futbolista detenido en Potrerillos

Matías Orihuela recuperó la libertad luego de pagar una fianza millonaria y deberá cumplir con estrictas medidas impuestas por la Justicia mendocina.

Este jueves 31 de julio se realizó la respectiva audiencia en el Fuero Penal Colegiado (Polo Judicial Penal) en el marco de la causa que involucra al jugador de San Martín de San Juan, Matías Orihuela, que había sido imputado el martes por el delito de amenazas y resistencia, a la autoridad.

Hoy, la jueza del Juzgado Penal N°2, Dra. Amalia Yornet, decidió otorgarle la "libertad bajo fianza y la imposición de estrictas reglas", Orihuela deberá pagar la suma de $ 10.000.000 de pesos y no puede salir del país. Además, tendrá que comparecer a firmar una vez a la semana en sede judicial y debe entregar su pasaporte, en tanto avanza la respectiva investigación.

Durante esta instancia, el fiscal Juan Carlos Alessandra, -quien intervino en reemplazo del Dr. Gustavo Stroppiana, a cargo de esta causa- fundó sus argumentos en la gravedad del hecho puntal de las agresiones contra el agente policial, el cual estuvo rodeado de otras transgresiones previas, tales como: transitar en doble línea amarilla, lo cual puso en riesgo la vida de otras personas.

San Martín repudia detención de su nuevo jugador

A ellos se suma la reacción violenta y la agresión (con lesiones constatadas) al agente que se encontraba prestando funciones en resguardo de la seguridad de la ciudadanía.

Todo ello a la luz de lo establecido en el artículo N°26 del Código Penal y teniendo en cuenta el grado de violencia desplegado, es que desde la Fiscalía se consideraba que la Condena de Ejecución Condicional no se ajustaba a la regla, sino que lo indicado era una condena de cumplimiento efectivo, sumando además, los indicadores relativos al riesgo procesal del imputado.

Por otra parte, en su exposición el fiscal detalló que el imputado si bien juega en San Juan, está domiciliado en Buenos Aires, por lo que se explayó en las razones por las cuales no sería óptimo considerar el factor del arraigo laboral ni domiciliario y estimó la existencia de un potencial riesgo de fuga.

Se sumó entre la argumentación de la parte acusatoria, que existió entorpecimiento probatorio debido a que había antecedentes sobre su accionar para suponer la posibilidad de intimidación hacia el resto de los testigos.

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