El conferencia de prensa, el gobierno anunció denuncias, refuerzos de seguridad y acciones educativas tras la ola de intimidaciones en escuelas mendocinas.
El Gobierno de Mendoza activó sanciones y reforzó medidas preventivas en las escuelas tras una serie de amenazas registradas en distintos establecimientos. Las autoridades confirmaron denuncias, operativos de seguridad y acciones pedagógicas para contener la situación y evitar nuevos episodios.
Denuncias y consecuencias legales
En conferencia de prensa, la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, fue contundente: “Esto no es una broma, no es un juego. Acá hay un delito y por cada escritura en un baño de una escuela, por cada reproducción de una amenaza en una red social, tenemos un delito consumado”. En ese sentido, remarcó que las acciones tienen consecuencias graves.
Rus explicó que estas conductas pueden encuadrarse como intimidación pública y agregó: “Este delito tiene una pena máxima comparable a la de un robo simple o una estafa”. Además, detalló que hay investigaciones penales en curso en cada escuela afectada: “Tenemos seis jóvenes que tienen edad para recibir una imputación y que eso está tramitándose en el Ministerio Público Fiscal”.
También se refirió a otros casos: “Hay expedientes donde hay sujetos identificados, pero que son inimputables, no van a tener una condena, pero sí quedan registrados”. A su vez, confirmó la imputación de un adulto por intimidación agravada al involucrar a un menor. “Ningún joven tendría que sentir la libertad o la liviandad de escribir estas amenazas”, advirtió.
Desde la Dirección General de Escuelas, su titular Tadeo García Zalazar coincidió en la gravedad del hecho: “Esto no es una broma, es un delito. Amenazar que va a haber presencia de armas en escuelas o tiroteos es un delito”. En ese marco, confirmó que se activaron protocolos en 230 establecimientos educativos.
El ministro también informó que se presentarán 19 denuncias contravencionales contra autores identificados de pintadas. “Van a tener una consecuencia legal hacia el interior de la escuela y también sanciones para los padres según el Código de Contravenciones”, explicó.
Además, señaló que se trabajó con redes sociales para eliminar contenido: “Hemos hablado con distintas plataformas para que bajen publicaciones que incitan a la violencia”. En total, se eliminaron más de mil contenidos vinculados a estas amenazas.
Fuerte operativo de seguridad
La ministra Rus destacó el impacto operativo que generaron estas situaciones. “Han sido cerca de 400 llamadas al 911”, indicó, y recordó que se trata de un sistema destinado a emergencias críticas. También detalló el despliegue policial: “Hemos tenido 800 policías por día para cubrir los establecimientos”.
A esto se sumó la intervención de áreas especializadas, como Policía Científica e Investigaciones. “Cada uno de estos actos es un acto de violencia porque expresa una amenaza contra la integridad física de otro joven”, afirmó Rus, al tiempo que subrayó el desgaste que implica movilizar estos recursos.
Prevención y trabajo conjunto
Las autoridades destacaron el trabajo interministerial y la implementación de protocolos específicos. Rus explicó que ya están vigentes guías para actuar ante distintos escenarios: “Incluyen situaciones como alarma de explosivos, conflictos escolares, agresor armado o casos de suicidio”.
Por su parte, García Zalazar detalló el abordaje educativo: “Hemos tenido más de 700 intervenciones y 418 profesionales trabajando en las escuelas con estudiantes, docentes y familias”. También adelantó nuevas acciones: “Vamos a reforzar la comunicación con los padres para que conozcan las penalizaciones y asuman su responsabilidad”.
Finalmente, ambos funcionarios coincidieron en la necesidad de un compromiso social. “Apelamos a que lo viral sea la responsabilidad”, expresó Rus. Mientras que desde Educación remarcaron: “Necesitamos un clima de convivencia escolar positivo para que los estudiantes vayan a aprender”.
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