San Luis destruirá por primera vez armas secuestradas

San Luis avanzará por primera vez en la destrucción de armas de fuego secuestradas en causas judiciales. La medida se concretará mediante el envío del material al Banco Nacional de Materiales Controlados, tras una visita oficial de la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, a las instalaciones del organismo nacional encargado del proceso.

La visita institucional y el funcionamiento del Banmac
Durante los últimos días de diciembre, la ministra de Seguridad de San Luis, Nancy Sosa, recorrió las instalaciones del Banco Nacional de Materiales Controlados (Banmac), un organismo que depende de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC). Allí se realizan los procedimientos de inutilización y destrucción de armas de fuego, municiones y explosivos secuestrados o entregados de manera voluntaria en todo el país.

La funcionaria mantuvo una reunión de trabajo con el coordinador del Banco Nacional de Armas de la ANMaC, Sergio Sarlo, quien explicó en detalle el circuito completo que atraviesan las armas desde su ingreso al sistema hasta su destrucción final.

El Banmac, gestionado históricamente por el Registro Nacional de Armas (RENAR), cumple un rol central en las políticas de desarme, al reducir el circulante de armas ilegales y promover prácticas de no violencia. Durante la recorrida, Sosa pudo observar los espacios de depósito, clasificación y preparación del material, así como los protocolos de seguridad y trazabilidad que se aplican.

El procedimiento incluye la inutilización inicial del arma dentro del banco, su posterior embalaje en cajones especiales y el traslado a una empresa especializada, donde se realiza la destrucción total. El acero resultante es reutilizado según sus características, cerrando así el ciclo de manera controlada y transparente.

 

La ministra estuvo acompañada por el director general de Lucha Contra el Narcotráfico de la Policía de San Luis, Carlos Salinas, y por el asesor legal del ministerio de Seguridad, Jesús Velázquez, quienes también se interiorizaron sobre el trabajo conjunto que el Banmac desarrolla con distintas provincias. La visita permitió conocer experiencias previas y modelos de cooperación ya implementados en otros distritos del país.

Un diagnóstico preocupante y la decisión de avanzar
Durante el encuentro, surgió un dato que la ministra calificó como llamativo. Según lo informado por las autoridades del organismo nacional, solo dos provincias nunca habían enviado armas secuestradas para su destrucción: Formosa y San Luis. En estos casos, las armas son incautadas por la Policía, puestas a disposición de la Justicia y, una vez finalizadas las pericias, quedan almacenadas en depósitos provinciales. Sosa explicó que esta situación implica un riesgo concreto. “Esto no es bueno, porque esas armas pueden desaparecer, ser robadas o terminar siendo utilizadas en hechos violentos o en el mercado ilegal”, señaló.

El almacenamiento prolongado de armamento decomisado genera costos logísticos y problemas de seguridad, además de no resolver el destino final de un material que ya no debería volver a circular. A partir de este diagnóstico, el Gobierno provincial decidió avanzar en un cambio de política, alineado con los estándares nacionales. La ministra remarcó que la destrucción controlada de armas es una herramienta clave para reducir riesgos y fortalecer la prevención del delito. En ese marco, la articulación con la ANMaC y el Banmac aparece como un paso necesario para cerrar un circuito que, hasta ahora, quedaba inconcluso en la provincia.

El respaldo legal y el rol del Poder Judicial
El avance hacia la destrucción de armas secuestradas cuenta con un respaldo normativo reciente. En noviembre de 2025, la provincia de San Luis aprobó una ley provincial que establece la destrucción o reutilización con fines de interés público de las armas de fuego secuestradas o decomisadas por orden judicial o administrativa. La norma está en consonancia con la Ley Nacional Nº 25.938 y designa al ministerio de Seguridad como Autoridad de Aplicación.

Esto implica que la cartera será responsable de la trazabilidad, el control del material, la implementación del procedimiento y la coordinación con los organismos nacionales correspondientes. En sintonía con esta ley, la ministra Sosa indicó que se espera avanzar en la firma de un convenio con el Poder Judicial. El objetivo es que las armas que se encuentran en depósitos provinciales y cuyas causas ya hayan concluido, con condena firme, puedan ser destinadas de manera definitiva a su destrucción.

Este paso resulta clave, ya que muchas de las armas secuestradas permanecen años bajo custodia a la espera de una resolución judicial. La articulación entre el Ejecutivo y la Justicia permitirá ordenar ese stock acumulado y definir un destino final claro. Según explicaron desde el ministerio, el proceso respetará todas las instancias legales y garantizará que no se afecten pruebas ni derechos de las partes involucradas en las causas.

El procedimiento y los antecedentes en otras provincias
La ministra explicó que el esquema previsto contempla que personal del Banco Nacional de Armas se traslade a San Luis para retirar las armas actualmente custodiadas por la Policía provincial. Ese acompañamiento asegura la transparencia del proceso desde el retiro hasta la destrucción final. “Esto le da claridad a todo el circuito, desde el secuestro hasta la disposición final”, afirmó Sosa, y destacó la importancia de aprovechar la capacidad técnica del Banmac.

La experiencia de otras provincias sirve como referencia
Mendoza, por ejemplo, destruye armas de fuego de forma recurrente desde hace más de una década. En 2013 realizó la destrucción de más de 600 armas decomisadas en distintos ilícitos. En junio de 2025, el Poder Judicial mendocino entregó unas 2.000 armas a la ANMaC para su destrucción, y en diciembre del mismo año se autorizó la baja definitiva de 1.598 armas de la Policía provincial por estar fuera de servicio o presentar fallas técnicas.

Estos antecedentes muestran un camino ya recorrido en materia de desarme y seguridad pública. Con esta decisión, San Luis se suma a una política nacional orientada a reducir el riesgo asociado a la acumulación de armamento incautado. El inicio del proceso marca un punto de inflexión en la gestión de las armas secuestradas y abre una nueva etapa en la coordinación entre la provincia y los organismos nacionales especializados.