Fiscalía pide 18 años de prisión para Walter Bento

La causa que investigó corrupción en la Justicia federal de Mendoza entró en su tramo final. Este jueves por la tarde, la Fiscalía pidió que el ex juez federal Walter Ricardo Bento sea condenado a 18 años de prisión. El pedido llegó dos días después de que el tribunal lo declarara culpable de liderar una organización criminal dedicada a cobrar coimas a cambio de favores judiciales.

Un pedido de pena que marca el cierre del juicio.
La solicitud fue formulada durante la audiencia de cesura, la instancia en la que ya no se discute si el acusado es culpable o inocente, sino qué castigo corresponde imponer. Frente al Tribunal Oral Federal Nº2, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que Walter Bento, de 63 años, encabezó una asociación ilícita que funcionó desde el propio Juzgado Federal que él conducía. Según la acusación, esa estructura ofrecía beneficios procesales a personas investigadas a cambio de pagos ilegales. En una sala cargada de atención y silencio, los fiscales detallaron que el ex magistrado no actuó de manera aislada, sino como líder de una organización con roles definidos y continuidad en el tiempo. La escala penal que enfrenta es amplia: va desde un mínimo de cinco años hasta un máximo de cincuenta. En ese marco, la Fiscalía consideró que 18 años de cárcel es una pena proporcional a la gravedad de los hechos y al daño causado.

Los delitos probados y el rol central del ex juez.
El martes anterior, el tribunal presidido por la jueza Gretel Diamante había declarado culpable a Bento por 14 delitos. Entre ellos, se encuentran el de jefe de asociación ilícita, ocho hechos de cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado por su condición de funcionario público, dos hechos de falsedad ideológica y ocultamiento e inutilización de pruebas. Para los fiscales, quedó acreditado que Bento fue el responsable y líder de la organización. Algunos delitos funcionales quedaron fuera por prescripción y el ex juez fue absuelto en tres hechos puntuales, pero el núcleo de la acusación se mantuvo firme. La Fiscalía remarcó como agravante central que “el corazón de la asociación ilícita haya sido el Juzgado Federal”, un dato que, según explicaron, potencia el impacto institucional del caso. No se trató solo de hechos de corrupción, sino de una estructura que operó desde un lugar clave del sistema judicial.

Multa millonaria e inhabilitación: el impacto económico e institucional.
Además de la prisión, la fiscal María Gloria André solicitó que se imponga a Bento una multa de $752.326.756,04, monto que deberá actualizarse al momento de su eventual ejecución. A esto se sumó el pedido de inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos por el tiempo que dure la condena y una inhabilitación absoluta perpetua por el delito de enriquecimiento ilícito. En el mismo sentido, el fiscal Diego Velasco, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), tomó la palabra para explicar el cálculo de la sanción económica vinculada a los delitos financieros. Señaló que el enriquecimiento ilícito y el lavado de activos agravado justifican una multa cercana a los 750 millones de pesos. Para la Fiscalía, el castigo debe reflejar no solo la conducta penal, sino también el beneficio económico obtenido y el mensaje que el Estado debe dar frente a hechos de corrupción cometidos desde el poder judicial.

La última palabra del tribunal y un caso de fuerte impacto público.
Con el pedido fiscal ya planteado, el proceso entra ahora en su tramo final. La defensa de Bento deberá exponer su postura y solicitar una pena menor, antes de que el tribunal quede en condiciones de dictar la sentencia definitiva. Aunque aún resta conocer el monto final de la condena y si quedará firme tras eventuales apelaciones, el caso ya es considerado uno de los más relevantes de los últimos años. En la sala, con funcionarios judiciales, periodistas y familiares siguiendo cada detalle, se respiró un clima de cierre de etapa. El expediente que investigó la venta de favores judiciales desde un juzgado federal dejó de ser solo una causa compleja para convertirse en un símbolo. La decisión final del tribunal no solo definirá el futuro de Walter Bento, sino que también marcará un precedente sobre cómo el sistema judicial argentino responde cuando uno de sus propios integrantes queda en el banquillo de los acusados.