Redacción CuyoNoticias
La Justicia dispuso la libertad de los dos manifestantes que permanecían detenidos tras la marcha contra la minería del 8 de abril en Mendoza. Se trata de Adrián Torres y Micaela Guiñazú, quienes recuperarán la libertad luego de varios días privados de ella. La decisión incluye la reformulación de una de las acusaciones.
La resolución fue confirmada por el abogado defensor Maximiliano Villarreal, quien explicó que en ambos casos se ordenó la liberación. Además, indicó que una de las imputaciones fue modificada. “Lo que parecía que iba a ser una prisión preventiva se ha transformado en la libertad”, afirmó.
Según detalló, una de las causas fue recaratulada como intento de robo simple, en grado de tentativa. Esta acusación está vinculada al presunto intento de quitarle el arma a un policía durante la protesta. La otra causa, en tanto, aún no fue modificada, aunque la prioridad judicial fue avanzar con la liberación.
Torres y Guiñazú formaban parte de un grupo de ocho personas detenidas durante la movilización. De acuerdo con la defensa, seis de ellos habían sido imputados por el artículo 194 del Código Penal, que sanciona el corte de calles. Sin embargo, los dos casos restantes incluían acusaciones más graves.
El abogado también señaló que desde el año pasado ya son 40 los manifestantes procesados en la provincia por participar en protestas contra la actividad minera. En ese marco, denunció un “plan sistemático de persecución de la protesta social”, una postura que fue respaldada por otros integrantes del equipo legal.
Familiares de los detenidos también cuestionaron el procedimiento judicial. Estela Fernández, madre de Adrián Torres, aseguró que hubo inconsistencias durante todo el proceso. “El Servicio Penitenciario avanzaba con la tobillera electrónica mientras la Justicia ya había dispuesto la libertad”, expresó.
Por su parte, Villarreal sostuvo que las acusaciones más graves carecían de sustento probatorio. Según explicó, se basaban únicamente en testimonios policiales sin pruebas concretas. “Estamos hablando de causas flojas de papeles”, afirmó, al tiempo que cuestionó la presencia de efectivos armados en manifestaciones.
El conflicto no termina con la liberación. La defensa anticipó que continuará trabajando sobre denuncias por apremios ilegales contra la Policía. Estas presentaciones corresponden a distintos operativos realizados en protestas desde el año pasado hasta la actualidad.
Según indicaron, existen registros audiovisuales que evidenciarían situaciones de violencia durante las detenciones. Sin embargo, remarcaron que estas causas avanzan con mayor lentitud en la Justicia en comparación con las que involucran a manifestantes. Como dato, señalaron que hay decenas de procesados por protestas, pero ningún policía imputado hasta el momento.
