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Imputaron al titular de Aysam por contaminación
La Justicia Provincial imputó a directivos de Aysam por presunta contaminación de un canal de riego en Los Corralitos.
Periodistas CuyoNoticias
La Justicia de Mendoza imputó al presidente de Aysam, Humberto Mingorance, por la contaminación registrada en Los Corralitos, en Guaymallén. La causa investiga vuelcos cloacales sobre un canal de riego y daños en infraestructura pública. También fueron imputados otros dos altos funcionarios de la empresa estatal.
La causa avanzó sobre la conducción de Aysam
La investigación judicial tomó fuerza tras las denuncias por derrames cloacales en la zona de Los Corralitos, ubicada en el departamento de Guaymallén. Vecinos y productores rurales alertaron durante meses sobre malos olores, desbordes y afectación de cultivos cercanos.
Con el avance de las actuaciones, el fiscal Gabriel Blanco impulsó formalmente la imputación contra Mingorance y otros directivos de la empresa estatal encargada del agua y saneamiento en gran parte de la provincia.
La medida también alcanzó al gerente general Darío Hernández y al gerente operativo Carlos Sifuentes. Los investigadores buscan determinar qué grado de responsabilidad tuvo cada funcionario en el manejo de la situación ambiental denunciada.
La acusación se relaciona con vuelcos clandestinos de líquidos cloacales sobre el canal de riego Ramo 12, además de daños provocados sobre infraestructura pública utilizada para realizar esas descargas.
Qué delitos investiga la Justicia
La imputación fue encuadrada bajo figuras vinculadas a contaminación ambiental y daño agravado sobre bienes de uso público. Según la acusación judicial, los líquidos cloacales podrían ser considerados residuos peligrosos por su potencial impacto sanitario y ambiental.
La causa se apoya principalmente en la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos. Esa normativa establece penas para quienes contaminen agua, suelo o ambiente de forma peligrosa para la salud.
Los fiscales sostienen que los líquidos vertidos contenían microorganismos y sustancias que podrían afectar tanto el ambiente como a las personas que utilizan esos recursos hídricos.
Además, se investiga la rotura de la impermeabilización del canal de riego para permitir los vuelcos. Ese punto quedó incluido dentro de la acusación por daño agravado sobre infraestructura pública.
La imputación fue avalada por el fiscal adjunto Gustavo Pirrello y también contó con la participación de la fiscal Paula Quiroga dentro del expediente judicial.
La multa récord de Irrigación
Uno de los elementos centrales de la investigación fue la resolución emitida por el Departamento General de Irrigación. El organismo aplicó a Aysam una multa de 120 millones de pesos por los vuelcos detectados en el canal de riego.
Según Irrigación, existió una conducta considerada de “gravedad excepcional”. La sanción administrativa se transformó en uno de los antecedentes más importantes utilizados por la Fiscalía para avanzar penalmente contra la conducción de la empresa estatal.
A pesar de eso, Aysam logró frenar provisoriamente el cobro de la multa luego de presentar un recurso de reconsideración. El expediente ahora será revisado por el Honorable Consejo de Apelaciones.
Mientras tanto, desde la empresa argumentaron que los vuelcos realizados formaban parte de medidas de mitigación para evitar que los líquidos cloacales circularan por calles y zonas urbanas.
También señalaron que los monitoreos realizados no habrían detectado afectaciones bacteriológicas ni fisicoquímicas importantes en el agua de la zona.
A qué penas podrían enfrentarse
La causa expone a los funcionarios imputados a posibles penas de prisión y sanciones económicas. Según la normativa aplicada por la Fiscalía, la escala penal podría ir de tres a catorce años de cárcel.
Por un lado, el Código Penal establece penas de hasta cuatro años por daño agravado sobre bienes públicos. Por otro, la Ley de Residuos Peligrosos contempla condenas de tres a diez años de prisión y multas económicas para quienes contaminen de forma peligrosa para la salud.
La investigación se apoya además en el artículo 57 de la ley ambiental, que permite avanzar penalmente contra directivos y responsables de empresas cuando existen decisiones vinculadas al hecho investigado.
Los fiscales consideran que las responsabilidades no recaerían solamente sobre operarios o sectores técnicos, sino también sobre quienes ocupaban cargos jerárquicos dentro de la estructura de Aysam.
Una crisis ambiental que lleva más de un año
El conflicto ambiental en Los Corralitos no es reciente. La zona atraviesa problemas vinculados al sistema cloacal desde hace más de un año, especialmente por el colapso de la Colectora Máxima Noreste.
Ese sistema transporta líquidos cloacales de aproximadamente 600 mil personas del Gran Mendoza. Las fallas generaron socavones, derrames y una situación considerada crítica por organismos provinciales y vecinos.
Durante este tiempo, habitantes de la zona denunciaron contaminación ambiental, olores intensos y afectación en terrenos productivos cercanos al canal.
El avance judicial provocó repercusiones políticas dentro del oficialismo mendocino. Mientras algunos funcionarios hablaron de una crisis estructural acumulada durante décadas, otros evitaron responsabilizar exclusivamente a la actual gestión de Aysam.
Con las imputaciones ya formalizadas, la investigación ingresó ahora en una etapa clave. La Justicia deberá determinar si existieron responsabilidades penales directas en uno de los casos ambientales más importantes registrados en Mendoza durante los últimos años.
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