La Fiscalía de Estado de la provinicia de San Luis denunció por incumplimiento de los deberes de funcionario público a Cristian Niño, el exministro de Salud de la gestión de Alberto Rodríguez Saá.

A principios de 2023, Niño asumió su cargo con 4.909 agentes en el área de Salud. Sin embargo, a lo largo de su gestión, escasos diez meses, llevó a cabo la contratación indebida de más de 800 empleados adicionales, en una clara transgresión a las normas presupuestarias establecidas. La Fiscalía considera ese accionar como “un eslabón más de un plan sistemático destinado a desestabilizar al gobierno entrante”.

Algunos ingresaron justo antes de las elecciones de junio y la mayoría (678), una vez consumada la derrota de la gestión anterior, con una clara intención de desestabilizar al gobierno entrante.

Resulta revelador que el exministro realizó varias de estas contrataciones justo antes de las elecciones de junio, como elemento de campaña electoral; pero fundamentalmente la mayoría de las contrataciones fueron desde ese mes hasta diciembre, cuando sumó 678 nuevos agentes sin considerar la Ley de Presupuesto y con pleno conocimiento que el nuevo gobierno enfrentaría dificultades financieras para hacer frente a los salarios ante ese incremento imprevisto.

La candidatura a gobernador de Jorge Fernández

“Esta contratación masiva no sólo constituye un intento flagrante de imponer al gobierno entrante una carga financiera insostenible, sino que también está diseñada para crear obstáculos económicos y administrativos, afectando su capacidad para ejercer sus funciones constitucionales de manera efectiva”, dice la denuncia presentada este lunes. Y continúa: “El acto de incorporar más de 800 agentes adicionales, en franca violación del artículo 11 de la Ley de Presupuesto, que prohíbe al Poder Ejecutivo Provincial aumentar el número total de cargos, es una afrenta directa a las disposiciones legales vigentes”.

Claramente, Niño en un primer momento utilizó estas contrataciones como estrategia de campaña electoral, con el fin de sumar adeptos a la candidatura de Jorge Fernández a gobernador, bajo una modalidad desesperada y en perjuicio de la sociedad. Pero después, una vez perdidas las elecciones de parte de la gestión anterior, el objetivo fue el de perjudicar la economía del Estado para los nuevos gobernantes, aunque indirectamente a quien estaba perjudicando fue al pueblo de San Luis, que hoy sufre las consecuencias.